Ocho trabajadores de Goodyear en Amiens, norte de Francia, acusados del “secuestro” de dos dirigentes de la empresa en 2014, han sido condenados, este martes 12 de enero de 2016, a nueve meses de cárcel. Una decisión de injusticia social, de una severidad sin precedentes en Francia, que ha sido inmediatamente denunciada por Fiodor Rilov, el abogado de los sindicalistas de la CGT encausados, quien ha interpuesto recurso ante el tribunal de apelación.
La acusación reprocha a los sindicalistas haber “secuestrado” durante treinta horas en un local de la empresa al director de recursos humanos y al director de producción, antes de dejarles salir sin que se produjera ninguna violencia. Los dos representantes de la dirección, así como la empresa, habían retirado la denuncia, pero el Ministerio Público ha requerido ante la sorpresa general una pena de 24 meses de reclusión, de los cuales 15 en libertad condicional, lo que representa nueve meses de cárcel, si la condena se hiciera efectiva.
El abogado de los asalariados ha calificado de “injusta” e “insólita” la condena del tribunal, que busca “dar un ejemplo” con esa decisión que tiene una evidente lectura política: “No creo un solo instante –afirma el abogado de los trabajadores- que el fiscal de Amiens haya tomado él solo esa decisión. Con tal condena se busca dar un ejemplo, y pasar un mensaje amenazador a los asalariados que luchan contra las deslocalizaciones y por la defensa de su empleo”.
“Todo gobierno tiene siempre una política penal y judicial. Si la justicia debe de ser independiente del poder político, es evidente que las instrucciones o recomendaciones del Ministerio de justicia a los magistrados pueden siempre acentuar la severidad en el tratamiento de la ley y de su interpretación”, añadió el abogado laboralista.
Protestas sindicales por los expedientes de regulación de empleo en Goodyear, Amiens, Francia.
La pena impuesta por el tribunal de Amiens, sin precedentes en la jurisprudencia francesa, se produce en un contexto social y político bien concreto, cuando los despidos organizados en expedientes de regulación de empleo (ERES) se multiplican, y cuando el presidente Francois Hollande, su primer ministro Manuel Valls y su ministro de economía Emanuel Macron prosiguen su tentativa de desmantelar el código del trabajo, cediendo a la presión de la organización patronal.
Una carta abierta de cierto número de empresarios reclamaba este domingo al presidente Hollande una “flexibilización” del código laboral y una precarización de los contratos de trabajo, condición sine qua non según la patronal para reactivar el empleo.
La seguridad del empleo garantizada por el Contrato de duración indeterminada (CDI) y su protección por la ley en vigor, es al parecer el enemigo número uno de la organización patronal. Nadie explica sin embargo a estas alturas qué hizo la organización patronal con los 40 mil millones de euros de ayuda a las empresas que les otorgó el gobierno socialista para precisamente crear empleos, e “invertir la curva del paro” gran promesa del candidato Hollande.
La decisión del tribunal de Amiens busca así anticipar los riesgos de la previsible explosión social y de la movilización sindical, que sin duda se producirá si el gobierno socialdemócrata Valls-Macron persiste en arremeter contra el código laboral. De la misma manera se espera con inquietud en círculos sindicales en Francia, la decisión del tribunal, el próximo mes de mayo, en el caso pendiente de Air France, cuando un responsable de la dirección perdió su camisa en un tumultuoso encuentro entre la dirección y los trabajadores de la empresa.
Las reacciones sindicales y de personalidades de izquierdas no se han hecho esperar, ante este veredicto que va a acentuar todavía más el divorcio entre el gobierno “socialista” y el electorado de izquierdas. El sindicato CGT, Jean-Luc Mélenchon, y Pierre Laurent dirigentes del Front de Gauche, pero también la federación socialista de la región de Amiens, denuncian esta tentativa de intimidar a los trabajadores con una condena penal, cada vez que los asalariados intentaran oponerse con su lucha a un cierre de fábrica o a la abusiva e injustificada supresión de empleos.
El diputado socialista Yann Gallut se ha declarado sorprendido por la severidad de la condena, afirmando: ”Ya nos gustaría que la justicia fuese tan severa con los empresarios delincuentes”.
La federación socialista de la Somme ha difundido un comunicado defendiendo la lucha de los trabajadores de Goodyear por el empleo y su herramienta de trabajo. La central sindical CGT ha calificado de “inaceptable” el veredicto y llama a “una movilización nacional de solidaridad para que cese la campaña de represión antisocial del gobierno”.
2016 será sin duda un año de lucha social y sindical en Francia, en vísperas de las elecciones presidenciales y legislativas de 2017, ante las anunciadas medidas gubernamentales en materia laboral, en una situación particularmente delicada, en pleno estado de excepción, aquí le llaman de urgencia, a causa de los atentados terroristas. El peligro y la tentación política de servirse de esa situación para amordazar el movimiento social y sindical es evidente, como se vio ya durante las manifestaciones contra la COP 21 en París.
La decisión del tribunal de Amiens en lugar de buscar el dialogo social, echa mas leña al fuego de esa tensión provocada por la violencia social de los despidos, cierres de empresa, pauperización y precarización de un número cada vez mayor de asalariados que, con sus familias, pasan a engrosar las filas en las oficinas del paro, en regiones económicamente siniestradas.
En Goodyear, como en Air France, en Continental, y en tantos y tantos otros ERES abusivos e injustificados, cabe preguntarse una vez mas: ¿Quiénes son los descamisados? ¿De qué lado se encuentra la verdadera violencia: En la desesperada reacción de los que defienden su derecho al trabajo y a una vida digna, o en la prepotente decisión de “despedir” de forma injustificada, cuando las empresas acumulan beneficios, y eluden el pago de impuestos con “deslocalizaciones” y evasión fiscal legalizada con el eufemismo de “optimización fiscal”?
“Yo presidente -dijo Hollande durante su campaña electoral en 2012- haré votar una ley que prohíba los despidos financieros”… una más de sus promesas incumplidas.
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