Greenpeace ha presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada un escrito solicitando que estudie si la sentencia que declara urbanizable el Algarrobico puede ser constitutiva de delito.
La organización señala que la inesperada sentencia dictada el pasado 21 de marzo que clasifica el suelo de El Algarrobico como urbanizable contradice veintava resoluciones judiciales que señalan al hotel como ilegal.
Greenpeace espera que la Fiscalía abra las correspondientes diligencias por la comisión de posibles delitos, entre otros, el de prevaricación. De hecho, tras cinco años de tramitación judicial del pleito sobre la invasión del hotel del Parque Natural en contra de lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), para dictar esta nueva sentencia se trasladó el procedimiento de la Sección Primera a la Sección Tercera del TSJA, sin justificación alguna.
Precisamente es la Sección Primera la encargada en tramitar los recursos referidos al medio ambiente y donde se habían tramitado, hasta ahora, los 28 recursos contra el PORN. Greenpeace no pudo recurrir el cambio de sección, lo que vulnera el artículo 24 de la Constitución, ya que la sentencia declarando el suelo como urbano se ha emitido antes de que se agotara el plazo para recurrir.
Además del cambio de sección, esta sentencia señala como «error material» la calificación como espacio protegido del paraje de El Algarrobico en 1994. Todo esto, a pesar de que existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que impide dictar una sentencia contradictoria con otra de carácter firme y con efectos de cosa juzgada, pues afecta a la seguridad jurídica.
«Con este giro escandaloso de la historia de El Algarrobico, ahora ya no será posible determinar si el suelo donde se asienta el hotel es urbanizable o no. Esto tira por la borda ocho años de lucha ecologista», ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas. «Los magistrados sabían que existía ya el precedente de la sentencia firme de 2011, pues la citan reiteradamente. Sin embargo, dictan otra contradictoria, lo que provoca una inseguridad jurídica sin precedentes».
Además, la organización ecologista señala al fiscal Anticorrupción la ventaja que puede suponer disponer de esta sentencia del 21 de marzo de 2014, de cara a la resolución del pleito sobre la licencia de obras, pues ahora se ha facilitado el camino para declarar que el hotel se ubica en terrenos urbanizables. El proceso de la licencia de obras, a pesar del anuncio del propio TSJA de que lo resolvería el pasado 25 de febrero de 2014, se está retrasando indebidamente.
Greenpeace, además de dirigirse a la Fiscalía Anticorrupción, está preparando el recurso al Tribunal Supremo de esta sentencia de 21 de marzo cuyo plazo termina el próximo lunes 7 de abril.
