En un comunicado, Greenpeace denuncia el apoyo del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo al Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá, más conocido como CETA.
La organización ha publicado un análisis donde evalúa el contenido del CETA en relación al documento de los «Diez principios progresistas del S&D para una nueva era de acuerdos comerciales» que presentó la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (grupo socialdemócrata o S&D) hace unos meses. Dicho análisis concluye que el CETA incumple esos diez principios y, que por tanto, este grupo político debería votar en contra de la ratificación del CETA el próximo 15 de febrero en Estrasburgo.
El documento de los diez principios de los socialistas fue presentado el 9 de noviembre de 2016 en un encuentro entre los miembros del Grupo S&D de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, y altos representantes de la OMC (Organización Mundial de Comercio), la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), el FMI (Fondo Monetario Internacional) y la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos).
Pero, a medida que se han ido analizando en detalle el contenido y alcance de este acuerdo comercial y de inversión, se han puesto en evidencia las graves contradicciones entre estos principios progresistas y lo que se esconde en el CETA. La primera consecuencia es que numerosos miembros del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo ya han anunciado su voto en contra en el pleno de Estrasburgo del próximo 15 de febrero.
La división ha llegado también a las filas del grupo de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo: la eurodiputada del PSOE Soledad Cabezón Ruiz ha reconocido que este acuerdo no es bueno para el medio ambiente y ha votado en contra del CETA en la última reunión de la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) del Parlamento Europeo el pasado 12 de enero». Incluso miembros del grupo de la Alianza Liberal y Demócrata en el Parlamento Europeo (ALDE) han comunicado su rechazo al CETA.
“El PSOE en Europa se está poniendo en evidencia. Se empeñan en apoyar este acuerdo a pesar de que saben que no asegura el mantenimiento de los estándares sociales y ambientales europeos, y que camina en la dirección del actual desgobierno de la globalización, eliminando las reglas que defienden los derechos y la protección del medio ambiente, y dando más poder a las grandes corporaciones”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace.
En la defensa de este tratado con Canadá, los miembros del grupo S&D del Parlamento Europeo afirman que “al comercio le hacen falta normas firmes junto a la apertura del mercado. Los acuerdos comerciales modernos tienen potencial para establecer estas normas, y la Unión Europea debe, por lo tanto, usar estos acuerdos para promover altos estándares sociales y medioambientales en todo el planeta”. Pero los socialdemócratas reconocen que no hay certezas sobre el impacto en el crecimiento económico de este tipo de acuerdos, o que la riqueza se comparta de manera justa entre la sociedad. También reconocen que estos acuerdos no necesariamente aseguran que ese incierto crecimiento económico vaya a lograrse de una manera sostenible.
Un informe de la Comisión Europea reconoce que el CETA apenas supondría un crecimiento del PIB de la UE de entre 0,02 % y 0,03 % a largo plazo. Más aún, según el análisis de un estudio independiente es probable que el CETA incremente la desigualdad y suponga la pérdida de 200 000 empleos en toda la UE, todo ello sin que se hayan previsto políticas de cohesión social para minimizar el impacto negativo sobre algunos sectores económicos (como el sector agrícola) o el reciclaje de los trabajadores, o se haya incorporado a la evaluación económica los presupuestos necesarios para abordar estas políticas sociales.
Greenpeace sostiene que en lugar de crear empleo y caminar hacia un modelo económico sostenible, existe un grave riesgo de que el CETA aumente la precarización laboral y contribuya al cambio climático y a la crisis ambiental del planeta.
Para Greenpeace, los socialdemócratas afirman defender una “política basada en valores” y que, además de bienes y servicios, la UE debe exportar sus valores, en particular, en términos de estándares laborales, sociales y medioambientales. Pero las medidas del capítulo del CETA sobre desarrollo sostenible no incluye compromisos vinculantes y deja a la libre voluntad del sector privado el “fomentar” y “promover” las buenas prácticas ambientales. Sin unos objetivos u obligaciones claras y sin que existan mecanismos para exigir responsabilidad a las multinacionales o a los Gobiernos, el desarrollo sostenible no tiene relevancia práctica o legal en la ejecución del acuerdo. El Acuerdo de París para frenar el cambio climático o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas no aparecen como objetivos de este acuerdo.
«Cuando los defensores del CETA hablan de la protección del medio ambiente nos están vendiendo humo. Saben que el CETA busca reducir las barreras no arancelarias al comercio, y que estas barreras son muy a menudo el resultado de diferencias en el enfoque regulador. En el ámbito de la salud ambiental, por ejemplo, la UE proporciona un nivel de protección más elevado que Canadá. Por eso los conceptos como “reconocimiento mutuo”, “armonización de estándares” o “cooperación reguladora” sólo pueden significar que, a la larga, no va a ser posible mantener los mismos niveles de protección“, ha señalado Soto. ”Este acuerdo comercial es un torpedo directo a la línea de flotación de las conquistas en materia ambiental y de seguridad alimentaria conseguidas por la sociedad civil tras décadas de trabajo», ha concluido Soto.
Tras las grandes movilizaciones de 2015 y 2016 que llevaron a la ralentización y paralización temporal del TTIP, durante los últimos seis meses el CETA ha llegado a ser un acuerdo igualmente cuestionado, tanto en la UE como en Canadá. Más de 3,5 millones de europeos han firmado contra el TTIP y su hermano gemelo el CETA. En toda Europa, más de 2100 gobiernos locales y regionales se han declarado zonas libres del TTIP/CETA.
En España, por ejemplo, el PSOE ha votado a favor de estas mociones en numerosos ayuntamientos y gobiernos regionales. Tal es el número de preocupaciones y dudas sobre el CETA, que en octubre de 2016 cuatro parlamentos subregionales belgas, y especialmente en el de Valonia, estuvieron a punto de que el gobierno federal de Bélgica no diera luz verde a la firma del CETA.
