Guatemala ha estado sufriendo de una enfermedad endémica, esas a las que uno finalmente se acostumbra y busca los paliativos para sobrellevarla, no para atenderla en sus causas y buscar su cura.
Hemos venido de crisis en crisis. Las finanzas siempre están a tres menos cuartillo, abriendo un hoyo para tapar otro. Los gobiernos, sucesivamente, se echan la culpa; el de Pérez Molina fue cachado con las manos en todas las masas en donde las metieron, los anteriores tuvieron la suerte de no tener en el escenario a la Cicig.
Los diputados siempre han sido tildados de todo, pero esta última legislatura se llevó las palmas. Al sistema de justicia también, desde hace algunas décadas, se le ha venido reprochando de incumplir con su función. Lejos quedaron los magistrados y jueces que lucían con honor la alta dignidad de la que fueron investidos. Algunos de ellos todavía pueden dar fe de la forma en que la judicatura era ejercida.
Los gremios profesionales también eran respetados, hoy sabemos la forma en que son descalificados. Las universidades están siendo señaladas de no asumir con responsabilidad académica la función para las que existen, las prioridades las han centrado, en muchos casos, en lo mercantil y, en otros, en los atrincheramientos ideológicos, desnaturalizando el aporte intelectual y de investigación.
La misma sociedad se indignó al fin, superando el acomodamiento que favoreció, durante años, a los depredadores de las arcas nacionales. Este año se logró la expulsión vergonzosa de quienes ejercían los más altos cargos en el Ejecutivo.
Todo eso ha sido meritorio y reconocido nacional e internacionalmente, pero los problemas de fondo siguen explícitos. El Estado está en el intensivo y no solo es cuestión de abastecimiento de medicinas a los hospitales, pues cuando las personas alcancen algún nivel de estabilidad en su salud, vuelven a los mismos círculos de pobreza, a enfermarse de nuevo.
Los millones de habitantes de las áreas rurales se mantienen en la sobrevivencia, sin que la indignación ciudadana los alcance, al fin que “pobres siempre van a existir” y ahora es el combate de las bandas criminales incrustadas en el aparato estatal lo que concentra el interés, la atención y los recursos.
Pero, además de la injusta distribución de la riqueza que provoca desigualdad brutal, existe inseguridad, exclusión y pobreza generalizadas. En esas condiciones no hay posibilidades de lograr el desarrollo humano de la mayoría de la población.
El gobierno entrante, presidido por Jimmy Morales, tiene una oportunidad excepcional para definir, desde ahora, prioridades programáticas que no se restrinjan al ineludible, pero insuficiente propósito de combatir la corrupción. Ya es hora que surja un estadista que piense en los problemas profundos, que requieren soluciones de largo plazo, no paliativos fugaces.
Ese es el verdadero reto del presidente electo, pensar en sanear al Estado al mismo tiempo que en curar a la sociedad de los gravísimos problemas estructurales que históricamente la han aquejado.
Pero para ello debe pensar y actuar estratégicamente, definir prioridades en términos de desatar procesos en esa dirección. Es el momento, justo ahora antes de asumir la Presidencia, que debe reflexionar sobre cuál será su legado, si es que quiere dejar alguno.
Este gobierno efímero ha dicho que hay 67 prioridades para la transición, pero Morales no debe caer en esa dispersión, habrá de acotarlas. El Katún le fija la visión a perseguir, ojalá camine en esa dirección, como lo ha anunciado.
