Sí que estamos mal, muy mal y el presidente y su gabinete no se dan cuenta. El país está a la deriva, recibiendo críticas y ellos en campaña. Ya tenemos copados primeros lugares en violencia, inseguridad, desigualdad; encabezamos listados de países poco transparentes, con graves problemas de embarazos en adolescentes, tenemos el tercer lugar en mortalidad infantil y hasta nos coronaron, malintencionadamente, como la capital más fea del mundo.
Pero ahora estamos a las puertas de una nueva sanción. En septiembre del año pasado estuvo en el país una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a denuncias de graves violaciones presentadas por la parte trabajadora.
En octubre se estableció un cronograma y una hoja de ruta para que el Ejecutivo, la Patronal y los Trabajadores avanzaran en los asuntos a resolver, entre ellos algunas reformas al código laboral, para que la Inspección del Trabajo pueda tener facultad sancionatoria, entre otras.
Este mes, el ministro de Trabajo debe presentarse a un Consejo de Administración en Ginebra, para informar sobre los avances de la mencionada hoja de ruta. Si no hay cumplimiento, se puede establecer en el país la llamada Comisión de Encuesta, un mecanismo implantado en países con graves violaciones a la libertad sindical y al derecho del trabajo. Pocos países en el mundo tienen dicho mecanismo. Esta es una especie de Cicig en el tema laboral.
El Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y la Coordinadora de Sindicatos Globales de Guatemala, en un informe enviado a esa Instancia de las Naciones Unidas, fechada el 22 de febrero, ya solicitó su instalación, debido a la continuidad de la intolerancia y la represión sindical, el irrespeto a la vida, a la libre sindicalización y al incumplimiento de la legislación laboral.
En el documento indican que continúan las intimidaciones, el incumplimiento de las resoluciones judiciales de reinstalación de trabajadores, falta de pago de los salarios dejados de percibir, el despido de trabajadores que participan en la formación de un sindicato, tanto en empresas privadas como en entidades públicas. Citan los casos del Comité Olímpico Guatemalteco, los Bomberos Voluntarios, el Zoológico La Aurora y algunas municipalidades.
El otro caso muy grave es el de la denuncia presentada en el marco de lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, suscrita por siete sindicatos, seis guatemaltecos y uno del país del norte, debido al incumplimiento de la ley laboral, para lo cual también se fijó una hoja de ruta de 18 pasos. Los trabajadores aseguran que hay falta de voluntad de cumplir con la ley y de garantizar la libertad sindical.
La demanda por incumplimiento asciende a US$15 millones, que tendremos que pagar todos. Algo escalofriante es la falta de investigación por parte del Ministerio Público de los casos de los asesinatos de más de 56 sindicalistas desde el 2010; de 11 en el 2013 y las muertes violentas de dos dirigentes en lo que va del 2014.
A ver si gobierno y empresarios reaccionan ahora ante estos inminentes riesgos.
