El ejecutivo de Hong Kong ha accedido hoy, 4 de septiembre de 2019, a retirar definitivamente el proyecto de ley sobre la extradición, principal reivindicación y origen del movimiento de protesta que lleva trece semanas llenando las calles del territorio semiautónomo.
«El gobierno retira oficialmente el proyecto de ley con el fin de calmar completamente las inquietudes de la población», dice la gobernadora Carrie Lam en un vídeo que han difundido sus servicios de comunicación, en un gesto que con toda probabilidad no habrá gustado al gobierno comunista de Pekín, que lo que pretende es influir cada vez más en la excolonia británica retrocedida a China en 1997 bajo el régimen de «un país, dos sistemas».. La retirada tiene que ser ratificada por el Consejo legislativo, que tiene previsto reunirse en octubre, y por el Parlamento local «cuando se reúna».
Es previsible que la medida no satisfaga a los contestatarios que, a lo largo de los tres meses transcurridos desde que comenzaron las manifestaciones, han ido ampliando sus reivindicaciones a la demanda de mayor libertad, elecciones democráticas y sufragio universal directo para la elección del jefe del ejecutivo, y denuncia de la creciente injerencia del gobierno de China en los asuntos de la región semiautónoma.
«No es suficiente, demasiado tarde», ha sido la reacción de Joshua Wong, quien en 2014 fue uno de los rostros más conocidos del «Movimiento de los paraguas» y ahora participa en las protestas, detenido la semana pasada y puesto en libertad con fianza horas más tarde. «Pedimos al mundo que no se deje engañar por Hong Kong y el gobierno chino. De hecho no han concedido nada y están preparando una gran represión», ha advertido Wong.
El movimiento actual pide una investigación independiente sobre la «brutalidad policial», que para reprimir a los manifestantes ha usado gases lacrimógenos y cañones de agua que han dejado al menos cinco heridos el último fin de semana, así como una amnistía para el millar de detenidos y que el gobierno deje de usar la palabra «motín» para calificar a las concentraciones de protesta.
Usando un tono más conciliador que en anteriores ocasiones, la gobernadora Lam ha pedido a los manifestantes que renuncien a la violencia y se avengan a dialogar con el gobierno: «Reemplacemos el conflicto por conversaciones y busquemos soluciones» , ha dicho al tiempo que ha invitado a «universitarios, consejeros y profesionales de distintas especialidades, a examinar de manera independiente los problemas profundamente arraigados en la sociedad, y a aconsejar al gobierno sobre posibles soluciones».
El mensaje conciliador no ha impedido que la gobernadora Lam advirtiera que la violencia que ha imperado en las manifestaciones coloca a Hong Kong «en una posición vulnerable y peligrosa», lo que en cristiano significa una advertencia sobre la posibilidad de que el gobierno de Pekín mueva ficha y ordene actuar a las tropas desplazadas al vecino pueblo de Shezen, oficialmente de maniobras.
El último sábado fue uno de los más violentos, los manifestantes llegaron a quemar una barricada en el centro de la ciudad, a un centenar de metros del Cuartel General de la policía, y ésta arremetió contra la gente confinada en una estación de metro, hiriendo gravemente a cinco personas.
El lunes 2 de septiembre hubo un llamamiento a la huelga general y un boicot de dos semanas al comienzo del curso en las universidades. Recordemos que los estudiantes son la columna vertebral, y los iniciadores del movimiento de protestas antigubernamentales que ya ha cumplido tres meses.
