Un proyecto de ley presentado el viernes 22 de mayo de 2020 en el Parlamento chino ha vuelto a sacar a las calles a los miles de militantes prodemocracia hongkoneses que antes de la pandemia se manifestaban contra la gobernadora del territorio semiautónomo, Carrie Lam, y su obediencia ciega a los dictados del gobierno de Pekín.
Igual que el año pasado, la policía ha echado mano de los gases lacrimógenos para dispersarles.
Las sesiones del Parlamento chino se han iniciado con la vistosa reunión anual conocida como Asamblea Popular Nacional de China (APNRPC), esta vez con los 2987 diputados engalanados con mascarillas, no así el presidente, Xi Jinping, ni quienes forman parte de su gobierno.
El proyecto causante del malestar ciudadano se llama «Ley de seguridad nacional» y de entrada prohíbe «la traición, la secesión, la sedición y la subversión».
Ya tenemos suficientes pruebas de la forma en que actúa la represión del Partido Comunista Chino, en el poder desde tiempo inmemorial, al repartir éstas y otras definiciones que llevan a los militantes de la oposición a los tribunales, y de ahí a los «centro de reeducación».
Esta práctica viene directamente de los exilios interiores de la «revolución cultural» de Mao Zedong, que al final resultó tener muy poco de revolución y nada de cultura: sus víctimas fueron los intelectuales y los artistas, cuya detención, desaparición y en muchos casos ejecución, dejó al inmenso país que es China convertido en un erial creativo.
El jueves 28 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse en segunda lectura, en su sesión de clausura, sobre el proyecto de ley de seguridad nacional. El resultado no ofrece ninguna duda, ya que la Asamblea depende absolutamente del Partido Comunista Chino.
«¡Hemos vuelto ! Cita en las calles el 24 de mayo», se leía el sábado 23 en un grafitti cerca de la estación de metro de Kowloon Tong: «No podréis matarnos a todos», rezaba la pancarta que sujetaba una mujer en la entrada de los almacenes Sogo.
El artículo 23 de la «ley fundamental» que desde hace dos décadas hace las veces de Constitución en Hong Kong establece que el territorio semiautónomo tiene que elaborar su propia ley de seguridad, pero de hecho nunca se ha cumplido.
Para los militantes prodemocracia de Hong Kong, el actual proyecto de ley es el anuncio del fin de las libertades en la antigua colonia británica, gobernada desde la retrocesión del 1 de julio de 1997 según el principio de «un país, dos sistemas» -garantizado inicialmente para noventa y nueve años- que para los habitantes de la isla significaba casi un paralelismo con las democracias occidentales y, en cualquier caso, una justicia independiente y mucha más libertad de movimiento, expresión e información, que sus compatriotas continentales.
En señal de protesta contra el proyecto de ley, de nuevo se reunieron cientos de manifestantes en el barrio comercial de Causeway Bay para participar en una marcha hacia el vecino barrio de Wanchai, donde les esperaban las mangueras de agua a presión y de gas lacrimógeno y donde se produjeron algunas detenciones.
Al mismo tiempo, a muchos kilómetros de allí, en la Asamblea reunida en Pekín, Wang Yi, el ministro chino de Asuntos Exteriores, pedía que la ley se aplicara «lo antes posible».
A pesar de que en las elecciones locales de noviembre de 2019 triunfaron los partidarios de la democracia, las manifestaciones contra el gobierno de Xi Jinping continuaron sucediéndose hasta que la aparición de la pandemia de la COVID-19 frenó en seco el calendario de movilizaciones en los comienzos del año 2020.
