También se pide a diferentes instituciones que cambien los nombres de ocho localidades por exaltación del franquismo
Los abogados Baltasar Garzón, Manuel Ollé y Eduardo Ranz han interpuesto este 20 de noviembre de 2017 una demanda de conciliación previa al ejercicio de acciones civiles ante el juzgado de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial frente a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, reclamando el traslado de las sepulturas de Francisco Franco Bahamonde y José Antonio Primo de Rivera que se encuentran en la Basílica.
“No existe mayor exaltación de guerra civil y dictadura que mantener la sepultura que da nombre al franquismo en el monumento de mayor exaltación del territorio español, bajo la cruz católica más grande del mundo…”, señala la demanda.
Recuerdan también los letrados “la política de represión en contra de las víctimas llevada a cabo en forma sistemática por orden del dictador en forma permanente durante la dictadura y cuyos efectos se extienden hasta el día de hoy al no haber existido reparación alguna”. Y citan el canon 1241 del Código de Derecho Canónico que establece: “No deben enterrarse cadáveres en las iglesias a no ser que se trate del Romano Pontífice …”
Junto a esta demanda, los tres abogados han procedido a otras dieciséis acciones ejerciendo el derecho de petición este lunes ante otras tantas instancias públicas. Se refieren al incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en diferentes aspectos relativos a simbología, honores o nomenclatura en distintos lugares de España. Advierten en los escritos respectivos que ante la inobservancia de tal norma se podrían retirar subvenciones o ayudas públicas.
Los abogados Eduardo Ranz, Baltasar Garzón y Manuel Ollé en la sede de la FIBGAREn concreto Garzón, Ollé y Ranz se han dirigido a la Federación Española de Municipios y Provincias reclamando que en cumplimiento de la ley se redefinan los nombres de Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo (Badajoz); Llanos del Caudillo, (Ciudad Real); Villafranco del Guadiana (Badajoz); Quintanilla de Onésimo (Valladolid); Alcocero de Mola (Burgos); San Lorenzo de Yagüe (Soria) y Villafranco del Guadalhorce (Málaga). Otro escrito a la Dirección General del Catastro pide la redefinición de cualquier documento expediente, cartografía o dato catastral que suponga la simbología de exaltación de guerra civil y dictadura.
En los mismos términos se ha ejercido derecho de petición ante la Dirección General de Registros y Notariado, en cuanto a tramitación y registro de expedientes y a la Dirección General de Tráfico en relación a los carteles y señales de las carreteras, en relación a los citados municipios.
El derecho de petición se ha ejercido también hacia los presidentes de las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha; Castilla y León y Extremadura donde se ubican estos municipios. Y de igual modo se ha llevado a cabo con la Dirección General de Memoria Histórica de Andalucía, Diputación Provincial de Badajoz, Diputación Provincial de Toledo, Diputación Provincial de Valladolid, Diputación Provincial de Burgos, Diputación Provincial de Soria y Diputación Provincial de Málaga.
Garzón, Ollé y Ranz ya presentaron al Consejo de Ministros, en noviembre de 2015 una petición para convertir el Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria. Estos abogados confirmaron hoy que denunciarán a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la indefensión de las víctimas del franquismo y la inacción de los tribunales españoles tras recibir la negativa del Tribunal Constitucional a admitir su recurso de amparo en este asunto.
