Iniciativas para investigar una matanza de indígenas en El Salvador en 1932

María del Carmen Lipe supo por testimonios de su padre sobre la matanza de indígenas y campesinos en El Salvador, ocurrida en enero de 1932, y lo que más le impresionó, dijo, fue oír que en las calles había un reguero de muertos y la gente pasaba sobre los cadáveres, informa Edgardo Ayala (IPS) desde Nahuizalco.

María del Carmen Lipe (I), junto a su hija y su esposo, en el patio de su casa, en el cantón La Guacamaya, del municipio de Nahuizalco, en el oeste de El Salvador, recordando las historias que le contaba su padre sobre la matanza de indígenas y campesinos en 1932. © Edgardo Ayala / IPS
María del Carmen Lipe (I), junto a su hija y su esposo, en el patio de su casa, en el cantón La Guacamaya, del municipio de Nahuizalco, en el oeste de El Salvador, recordando las historias que le contaba su padre sobre la matanza de indígenas y campesinos en 1932. © Edgardo Ayala / IPS

«Mi papá me contaba todo, me decía que eso fue una matanza, que encima de los cadáveres pasaba la gente», contó Lipe, de 81 años.

Lipe habló con IPS sentada a la sombra de un árbol de mango, en el patio de su casa, en el cantón La Guacamaya, parte del municipio de Nahuizalco, en el occidental departamento de Sonsonate.

Su padre se llamaba Margarito Hernández, quien vivió aquellos acontecimientos sucedidos hace noventa años y sobrevivió. Obviamente ella aún no había nacido para entonces, pero su papá se los contó posteriormente. Él falleció hace unos veinticinco años.

«Mi papá nos decía que los mataban porque no se hacían del lado de ellos», dijo Lipe, refiriéndose a que los insurrectos no apoyaban a las autoridades, de corte dictatorial, ni a los finqueros, los terratenientes de la zona, que habían instaurado un sistema de producción tremendamente injusto.

La masacre fue la respuesta brutal que dio el dictador Maximiliano Hernández Martínez, presidente de facto de El Salvador entre 1931 y 1944, al levantamiento de indígenas y campesinos de 1932.

Reparación y justicia

Ahora, noventa años después, los descendientes de quienes lograron sobrevivir, e incluso algunos pocos sobrevivientes que aún quedan, exigen al Estado salvadoreño que por fin se investiguen aquellos hechos.

«Debería de investigarse, hay muchas personas que niegan que pasó todo aquello y en general se desconoce mucho sobre eso», señaló Narcisa Tadeo a IPS.

Ella también es oriunda de La Guacamaya, y en su casa se reunieron media decena de personas para contar a IPS las historias que oyeron de sus padres y abuelos sobre lo ocurrido hace casi un siglo.

Este 23 de enero 2022, representantes del Consejo de Pueblos Originarios Nahuat Pipil de Nahuizalco (Coponapn) fueron a la sede de Asamblea Legislativa en San Salvador a pedir a los diputados que se legisle para que el Estado inicie una investigación en torno a lo ocurrido en enero de 1932.

Además, demandaron que se apoyen procesos de reparación y justicia y que se brinde asistencia «a nuestros abuelos y abuelas, con una canasta básica y un fondo solidario», entre otras demandas, señaló el Coponapn en un comunicado emitido el 24 de enero.

«Varios de los abuelos que apoyaron este esfuerzo ya partieron, pero los que quedan, que ya acercan a los cien años, aún demandan justicia», indica el comunicado.

El texto agrega que en marzo de 2019 se interpuso una demanda contra el Estado salvadoreño ante la Corte Suprema de Justicia, para que se investigara la masacre, pero no prosperó.

Se desconoce cuántas personas murieron en la rebelión. La cifra de muertos varía muchísimo, y va desde los 2500 hasta los 60.000, según sea el investigador o académico que se cite.

Indígenas y campesinos se alzaron con machetes y armas rudimentarias contra un sistema político y económico, dominado por familias oligárquicas, que los postraba a injusticias y a una pobreza brutal, sobre todo en las fincas de café donde trabajaban como braceros.

A ese grupo de familias señoriales se le conoce como la «oligarquía cafetalera».

El alzamiento no fue en todo el país, sino en algunas localidades de la zona occidental, donde esas familias opulentas impulsaban el cultivo del café.

Nahuizalco, Izalco, Juayúa, Tacuba y Sonsonate, entre otros, fueron los lugares con mayor movilización indígena y campesina, y también los que sufrieron la represión de parte de la dictadura.

Académicos e investigadores coinciden en que, en las motivaciones del alzamiento, confluyeron varios factores.

Entre esas están el despojo por parte de las autoridades de las tierras comunitarias indígenas. La oligarquía cafetalera impulsó las llamadas reformas liberales impuestas en la década de 1880, para promover el cultivo del grano en esas propiedades que habían sido colectivas.

Además, la crisis económica mundial de 1929 golpeó fuertemente y los terratenientes no pudieron exportar el café. Eso terminó impactando también a los miles de braceros.

«Hay historias que cuentan que en algunas fincas hasta les vendían el agua, la comida era fatal, las condiciones eran terriblemente malas, y ellos estaban acostumbrados al motín», dijo a IPS, desde México, la historiadora salvadoreña Eugenia López.

Todo eso se mezcló con otros ingredientes, como el fantasma del comunismo. En efecto, miembros del Partido Comunista se unieron a la causa campesina e indígena.

¿Otro caso más de instrumentalización política?

La petición hecha a la Asamblea Legislativa de abrir una investigación sobre la matanza se da en el contexto en el que los diputados oficialistas han anunciado la creación de una comisión especial que indague sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil salvadoreña, ocurrida entre 1980 y 1992.

También cinco jueces de la Sala Constitucional, impuestos por el presidente Nayib Bukele o aliados suyos, allanaron el camino, el 5 de enero, para reabrir el caso de seis sacerdotes jesuitas asesinados por un comando del ejército en noviembre de 1989.

Los religiosos fueron acribillados junto a una mujer que trabajaba para ellos, así como a su hija de dieciséis años.

Organizaciones de derechos humanos dudan del interés real del gobierno de querer reabrir ese y otros casos similares, y más lo ven como una manipulación política para limpiar la mala imagen del Ejecutivo.

Desde que se instaló en el poder, en junio de 2019, Bukele ha gobernado con arrebatos de autoritarismo, y ha recibido desde entonces una andanada de críticas desde dentro y fuera de El Salvador.

Es probable que la buena recepción que tuvo la solicitud en torno a la matanza de indígenas, por parte de diputados del partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, sea parte de esa estrategia.

Con sus 56 diputados, Nuevas Ideas controla el parlamento salvadoreño, de 84 escaños.

La sangre corrió en enero de 1932

«Me contaba mi papá que pasaba una patrulla (militar) matando a la gente, a los jóvenes, y los iban a matar al panteón. Decía que ahí corría sangre», narró Isabel Arias a IPS.

Arias tiene ahora 85 años y aún guarda en su memoria las historias que le contaba su padre, Nicolás Arias, sobre el levantamiento. También vive en La Guacamaya, en el municipio de Nahuizalco.

El octogenario narró que su padre estuvo a punto de ser asesinado también en la revuelta, pero se salvó de milagro.

«A él lo llevaron, lo sentenciaron a muerte, lo metieron preso en una cárcel de adobe, ahí en Nahuizalco», narró.

Y añadió: «Llevaban a los reos al parque y los tendían al suelo, y el que andaba de buena suerte lo libraban, a los otros les chasqueaban las metralletas, para matar a los prójimos, sin deudo (sin deber nada). Fue por odio».

Nahuizalco, de raíces indígenas, fue uno de los pueblos más golpeados por la represión del dictador, a quien se le recuerda popularmente como el general Martínez.

En dos cantones de ese municipio hay siete fosas donde se lanzaron los cadáveres de las personas asesinadas, dijo a IPS el representante de Coponapn, Pedro Rodríguez.

En la hacienda Mirazalco, agregó, se encuentra la fosa más grande, en la que hay osamentas pertenecientes a 585 personas.

«Es importante investigar, ahí hay evidencia forense con la cual ir avanzando en las pesquisas, y así nosotros podemos ir presionando al Estado», añadió Rodríguez.

El historiador Knut Walter señaló a IPS que «es absolutamente necesario impulsar una investigación al respecto, pues no hay acceso a los archivos, falta mucha información de lo que verdaderamente ocurrió en el terreno».

Agregó: «No sabemos si el número de muertos fue de 20 000, probablemente no fueron tantos».

Su colega, la historiadora López, dijo que los responsables de esos crímenes obviamente ya murieron, pero los pueblos necesitan resarcir el dolor al menos conociendo qué es lo que pasó, cómo pasó y quiénes fueron los responsables.

«Eso al menos les va a alimentar el espíritu, es útil hacer esto. Es necesario aclararlo y decir así actuaron», subrayó.

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