Irfaan Ali y Nicolás Maduro descartan la fuerza en el conflicto por la Guayana Esequiba

El riesgo de una confrontación armada en el pleito territorial entre Guyana y Venezuela se alejó después de que sus presidentes, Irfaan Ali y Nicolás Maduro, pactaron en la vecina isla de San Vicente abstenerse de usar la fuerza o la amenaza de la fuerza al sostener, en paz, sus posiciones en la controversia, informa la IPS desde Caracas.

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Guyana, territorio en disputa.

En una declaración conjunta, los mandatarios acordaron que Guyana y Venezuela «directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados».

La reunión el 14 de diciembre 2023 en la isla caribeña siguió a una escalada de actos y declaraciones que ambos países consideraron hostiles, y los vecinos gobiernos de Brasil y del Caribe de habla inglesa se apresuraron a promover un diálogo directo para enfriar los ánimos.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien había advertido que «lo que menos necesitamos en América del Sur son problemas», encargó a su asesor especial para asuntos internacionales, Celso Amorim, que mediase entre los contendores, y a la vez envió refuerzos militares hacia la frontera entre los tres países.

En sintonía, Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, y presidente de turno de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) activó a su país como sede de la reunión y cosechó el éxito de una declaración que aleja la controversia del recurso a la fuerza y a las armas.

Maduro y Ali rubricaron, como segundo punto de su declaración, que «cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966».

Ese acuerdo, firmado entre el Reino Unido, Venezuela y la entonces colonia Guayana Británica a punto de independizarse, previó que las partes buscarían una «solución práctica» a la controversia surgida del reclamo venezolano de derechos sobre el occidente de lo que luego se conoció como Guyana.

En ese territorio, obtenido de Holanda por Gran Bretaña en 1814, Londres movió varias veces la línea limítrofe hasta que un laudo, dictado en París en 1899, estableció la actual frontera, aceptada a regañadientes por Caracas.

Venezuela ha sostenido que ese laudo (dictado por cinco jueces, dos británicos, dos estadounidenses, un ruso y ningún venezolano) estuvo viciado y es nulo, por lo que el Acuerdo de Ginebra pactó mecanismos para zanjar la controversia, sobre un territorio de 159.542 kilómetros cuadrados, 74 por ciento de la actual Guyana.

Al cabo de décadas sin resolver la disputa, Georgetown pidió al secretario general de las Naciones Unidas que remitiese el caso a la Corte Internacional de Justicia.

La secretaría de la ONU así lo hizo en 2018, pese a la protesta y el desacuerdo de Venezuela, mientras Guyana entregaba concesiones petroleras en áreas submarinas pendientes de delimitación, precisamente porque corresponden al territorio en disputa, conocido como Esequibo o Guayana Esequiba.

Un consorcio de las trasnacionales estadounidenses Exxon y Hess-Chevron, y Cnooc de China, ya extraen en la zona unos 400 000 barriles (de 159 litros) de crudo, el mayor volumen per cápita del mundo, pues Guyana, debutante en el club de grandes productores de petróleo, es un país de apenas 800.000 habitantes.

El gobierno de Venezuela, en el contexto de una nueva lucha por el poder en las elecciones presidenciales que deben celebrarse en 2024,organizó el 3 de diciembre un referendo consultivo acerca de cómo conducir la controversia, incluida la opción de declarar al Esequibo como su estado número veinticuatro.

Aunque el referendo tuvo cifras discutidas de participación, 95 por ciento de las papeletas dijeron Sí y el gobierno entonces modificó el mapa oficial de Venezuela para incluir la Guayana Esequiba, creó una nueva gobernación civil y militar para ese territorio, y decidió que sus habitantes pueden registrarse como venezolanos.

Guyana replicó estrechando lazos políticos y militares con sus aliados del mundo anglosajón, incluido el inicio de ejercicios conjuntos entre sus Fuerzas de Defensa y unidades del Comando Sur de Estados Unidos, su principal aliado.

La andanada de declaraciones y acusaciones avanzó este mes tanto en Georgetown como en Caracas, lo que decidió a Brasil y a los Estados de la Comunidad del Caribe (Caricom), que han sido beneficiarios de la cooperación petrolera y financiera de Venezuela, a buscar el entendimiento bilateral y tratar de calmar los ánimos.

La declaración en San Vicente recogió ese objetivo, al declararse Maduro y Ali «comprometidos con la búsqueda de la buena vecindad, la convivencia pacífica y la unidad de América Latina y el Caribe».

Sobre el papel, ninguno cedió en sus tesis sobre el fondo de la controversia, pues «tomaron nota» de que Guyana está comprometida con el proceso que adelanta la Corte de La Haya, y de que Venezuela no reconoce esa jurisdicción.

En favor de la distensión, acordaron que «ambos Estados se abstendrán, ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia entre ellos», y «cooperarán para evitar incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones».

En caso de que se produzca un incidente de ese tipo, «se comunicarán inmediatamente entre sí, con la Caricom, la Celac y con el presidente de Brasil para contenerlo, revertirlo y evitar que se repita».

Lula quedó así investido como una suerte de amortiguador y árbitro en la lucha para contener los excesos de sus vecinos, quienes «acordaron reunirse de nuevo en Brasil, en los próximos tres meses».

El plazo prácticamente coincide con el fijado por la Corte Internacional de Justicia para que Venezuela presente, en abril de 2024, alegatos en favor de su reclamo.

Maduro dijo tras la cita en San Vicente que Venezuela había alcanzado una victoria. Ali exhibió, al estrecharse las manos, una pulsera con el mapa íntegro de Guyana, pues su tesis es que no cederá «ni un metro» del territorio bajo su control.

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