El informe del Consejo General del Poder Judicial en el que se advierte sobre la inconstitucionalidad de diversos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno ha confirmado la preocupación de numerosos sectores jurídicos ante los recortes de libertades, señala el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.
La dirigente de Greenpeace Sara del Río en una protesta en Atocha que el Gobierno quiere penalizar con 30 000 euros.La nueva regulación supone graves limitaciones de los derechos de manifestación, de reunión, de información y de la libertad de expresión; y representa un serio retroceso que nos lleva a concepciones propias de un Estado autoritario, sostiene Joaquim Bosch.
En un comunicado, Bosch apunta que, «para el Gobierno, el ciudadano que protesta es el enemigo. Sin embargo, en una democracia constitucional no puede verse de forma negativa que las personas ejerzan sus derechos fundamentales. Ello es positivo para el intercambio de puntos de vista y para que se genere desde la pluralidad una opinión pública informada. Una última muestra de la falta de respeto a la posturas de los distintos grupos sociales es la propuesta de algunos sectores del Gobierno de limitar las zonas en las que se puede ejercer el derecho de manifestación. Con ello se pretende invisibilizar las protestas y vaciarlas de contenido. Sin embargo, como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, el lugar en el que se ejercen los derechos fundamentales tiene una importancia sustancial para exteriorizar de forma clara las distintas opiniones. Por ello, no resulta admisible que un Gobierno pueda esconder las muestras de descontento hacia su gestión».
Agrega Bosch que con la Ley de Seguridad Ciudadana se pretende convertir en un conflicto de orden público lo que es una situación de desavenencias sociales inherente a un sistema democrático. En lugar de respetar las distintas formas de expresión de la disconformidad, el Gobierno ha optado por la represión de las críticas y por buscar fórmulas para que estas no sean visibles.
Advierte que se está llegando a una regulación manifiestamente inconstitucional: «Resulta abiertamente contrario a la Constitución que se puedan practicar detenciones por la comisión de faltas administrativas. Y también que la policía pueda realizar retenciones sin causa tasada y justificada. La prohibición de difusión de imágenes de los agentes en el ejercicio de sus funciones vulneraría el derecho fundamental de información e imposibilitaría que se puedan conocer excesos en el uso de la fuerza».
Por otro lado, añade, se castiga con sanciones económicas desorbitadas determinadas formas pacíficas de ejercicio del derecho de manifestación: «Con toda esta regulación no se produce ninguna protección de la seguridad ciudadana, sino que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales».
Considera «especialmente censurable que las decisiones sobre materias vinculadas a los derechos fundamentales esenciales no queden atribuidas a órganos independientes, sino a la administración pública que es parte en los propios conflictos sociales que están teniendo lugar y a la que se reserva un enorme grado de discrecionalidad».
Asimismo, sostiene que «se pretende huir del control judicial, ya que nuestros tribunales han considerado que no constituyen infracción penal las manifestaciones ante edificios oficiales, los escraches pacíficos o determinadas acciones contra los desahucios. Por ello, el Gobierno pretende reservarse la potestad de castigar directamente esas conductas».
En conjunto, concluye, «la reforma que se impulsa resulta contraria a la pluralidad propia de una democracia constitucional y supone un inquietante ataque a nuestro sistema de derechos fundamentales».
