Rights International Spain y Jueces por la Democracia (JpD) han remitido a la Comisión Europea una carta y un Informe en los que denuncian el paquete de reformas promovido por el Gobierno español e instan a esta institución a “intensificar su escrutinio sobre la situación en España, emprender una evaluación de conformidad con el nuevo marco de la UE para fortalecer el Estado de Derecho, así como a adoptar una serie de medidas para impedir que siga deteriorándose en España”.
Jueces por la Democracia explica en un comunicado que las dos entidades se han visto obligadas a solicitar que se active este novedoso procedimiento europeo (todavía no se ha puesto en marcha en ningún país de la UE), dada la ineficacia de los mecanismos existentes en España para prevenir las amenazas al Estado de Derecho y, pese a estar en plena contradicción con valores esenciales de la UE, muchas de las medidas legislativas más problemáticas ya han sido aprobadas.
En concreto se denuncia, en primer lugar, la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, pues cercena el acceso a la justicia y a una revisión judicial eficaz. Con la reforma, las personas que podrán beneficiarse del derecho a un abogado de oficio serán menos que ahora. Con la crisis, más personas han tenido que acudir a este servicio, sin embargo, con la nueva reforma se limitará el acceso a este derecho. En los últimos años, entre el 25 y 35 % de los ciudadanos se ha visto privados de su derecho de acceso a la justicia por las tasas. España es de los países de la UE que menos invierte en justicia gratuita (0,80 euros por ciudadano, estando la media europea en 8,63 euros/habitante). Ningún euro recaudado por tasas judiciales (de los más de 530 millones de euros) se ha destinado a sufragar este servicio público fundamental. Se solicita, por tanto, que se tomen medidas desde la Comisión para asegurar que la nueva ley no vulnere el derecho de acceso a la justicia.
También se ponen en entredicho las tasas judiciales por vulnerar el principio de igualdad ante la ley. Si bien recientemente las personas físicas quedaron exentas del pago de estas tasas para acceder a la justicia, lo cierto es que siguen siendo discriminatorias al tener un impacto desproporcionado en las PyMes y algunas ONG, en comparación con las grandes corporaciones (bancos, aseguradoras, etc.). En este sentido, se pide a la Comisión que inste a las autoridades españolas su derogación total.
Otro de los elementos básicos del Estado de Derecho que, según se indica en el informe remitido a la Unión Europea, se ha visto erosionado en los últimos años es el de la separación de poderes y la independencia judicial. En este ámbito se denuncia la falta de medios de la justicia y las interferencias políticas en la Justicia, lo que tiene un impacto sobre la independencia judicial.
También se afirma que las reformas propuestas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son reformas parciales e insuficientes, y se solicita que sean retiradas en tanto no se desarrolle un proceso de consulta con expertos y sociedad civil con el objetivo de alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema judicial.
La Comisión debería además, según estas organizaciones, asegurar que se dote de suficientes medios a la Justicia y que se eviten las interferencias políticas. El presupuesto para justicia ha disminuido (un 4,21 % en 2013 y un 2,13 % en 2014).
De hecho, España es de los países europeos que menos invierte en justicia y que menos jueces tiene por habitante. A pesar de esto, en 2012 el Gobierno redujo drásticamente el número de jueces, eliminando los puestos de, aproximadamente, 1200 jueces sustitutos (el 20 % de las personas que administran justicia). En el informe de la UE sobre justicia de 2015, España también aparece entre los peores puestos de Europa en cuanto a percepción sobre independencia judicial.
El informe también se detiene a exponer las reformas que suponen una clara vulneración al principio de seguridad jurídica y de respeto a los derechos fundamentales, como la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal.
En este sentido, se denuncia la amenaza que suponen estas leyes para los derechos a la libertad de expresión y de reunión, la vaguedad de muchos de sus preceptos (lo que puede conllevar una aplicación arbitraria de las sanciones) y que la enmienda que legaliza las devoluciones desde Ceuta y Melilla entra en clara contradicción con el propio derecho de la UE. Se solicita, por tanto, que se deroguen todos estos aspectos de ambas reformas.
Ambas entidades recuerdan que desde el comienzo de las crisis, las protestas han aumentado en un 283 % y, como han indiciado varios Relatores Especiales de la ONU, estas reformas parecen responder a las numerosas manifestaciones que se han llevado a cabo en los últimos años.
Finalmente se denuncia que, al tramitar todo este paquete de reformas, no se haya respetado un procedimiento democrático adecuado, al no haberse llevado a cabo por parte del gobierno una verdadera consulta con la sociedad civil y los expertos en materia de derechos humanos.
Rights International Spain, la entidad que lidera esta iniciativa, también ha lanzado, a través de la Plataforma Europea de Libertades, una campaña de petición de firmas a la que puede adherirse cualquier ciudadano para pedirle a la Comisión Europea que actúe decididamente frente a los ataques a los valores fundamentales de la UE en España.
Lydia Vicente, directora ejecutiva de RIS ha afirmado que “la Unión Europea ha creado una nueva herramienta que puede activarse en caso de que nuestros derechos y los valores rectores de la UE se pongan en peligro en algún país, y eso es precisamente lo que ocurre en España ahora mismo; nuestros mecanismos internos de protección han fallado, así que entendemos que la ciudadanía debe hacer suyo este nuevo mecanismo previsto por la UE porque no nos queda otra solución que pedirle a la Comisión que actúe”.
Ha añadido que “firmando la campaña y usando el hashtag #DíseloAEuropa, cualquier ciudadano puede hacer oír su mensaje a la Comisión Europea para que su actuación sea lo más rápida y eficaz posible”.
Contexto
La UE se basa en el principio de confianza mutua entre los Estados Miembros y en sus respectivos sistemas legales. Cualquier ataque a valores esenciales de la Unión, socava la confianza mutua entre los Estados miembros necesaria para el funcionamiento de la Unión Europea, así como los compromisos asumidos por los gobiernos nacionales y la Unión hacia sus ciudadanos.
Por ello, la Comisión Europea ha afirmado que “en los casos en los que los mecanismos establecidos a nivel nacional para garantizar el respeto al estado de derecho dejan de funcionar de manera efectiva, existe una amenaza sistemática al estado de derecho y, por tanto, al funcionamiento de la UE […]. En tales situaciones, la UE debe actuar para proteger el estado de derecho en tanto que valor común de la UE”.
Para lograr este fin, la Comisión ha establecido un nuevo marco de la UE para fortalecer el Estado de Derecho (marzo de 2014). Este mecanismo, cuya activación se pretende por las entidades promotoras, tiene como objetivo “permitir a la Comisión encontrar una solución con el Estado Miembro de que se trate, a fin de evitar [que la] amenaza sistemática al estado de derecho […] se convierta en un “claro riesgo de seria violación” a los efectos del artículo 7 del TUE”.
- Texto completo de la carta e informe remitidos a la Comisión Europea
