Leí recientemente una noticia según la cual, en el proceso de recogida y votaciones de propuestas ciudadanas a incluir en el programa electoral de Podemos para los próximos comicios generales, la supresión de la asignatura de Religión en la enseñanza pública figura entre las propuestas más votadas. La sigue otra, imprescindible para que lo anterior se cumpla: la derogación del Concordato de 1979 y el artículo 23.3 de la Constitución vigente.
Por lo que pueda pasar con las propuestas de las bases del nuevo partido en las venideras elecciones, recomiendo al lector un libro que de seguro documentará a quienes pretendan informarse sobre la materia y cuyo título expresa con nitidez y hasta doble sentido su interesante contenido: «La cruz en las aulas». Publicado por Akal en su magnífica colección A fondo, que dirige Pascual Serrano, este trabajo de Francisco Delgado Ruiz expone en sus ocho capítulos y varios apéndices todo cuanto debemos saber sobre la incidencia de la religión católica en España, que recibe del Estado 11.000 millones de euros al año.
Para ello es imprescindible arrancar por los orígenes, con unos cuantos apuntes sobre la instauración del credo cristiano después del tercer concilio de Toledo en el año 589, una alusión inevitable al celo represivo de la Inquisición y a la oportunidad perdida de la Constitución de 1812, cuando ya Francia había optado por la laicidad de las instituciones en 1790. La Ilustración avanzó en casi toda Europa con sus luces, pero España siguió apegada a la sombra de la iglesia católica hasta que la segunda República estableció la libertad de conciencia. El franquismo nos retrotrajo al pasado, con la firma por parte del dictador de un concordato en 1953, cuya plantilla política e ideológica era la misma que el vigente en tiempos de Isabel II, un siglo antes.
Para el autor del libro, los acuerdos concordatorios establecidos entre el Estado español y la Santa Sede en 1979 -los que Podemos pretendería derogar según la propuesta de sus bases- mantienen en buena medida la filosofía que inspiró los acuerdos entre el dictador y la iglesia católica en 1953 y, consecuentemente, los que se aprobaron en tiempos de la Reina de los Tristes Destinos, según la calificara Pérez Galdós, con su Corte de los milagros, tal como la glosó Valle Inclán. No ha sido posible en estos 35 años últimos años ni el más mínimo avance en la separación Estado/Iglesia, por lo que la institución religiosa sigue disfrutando de muchos de sus privilegios, con una presencia tangible de sus postulados morales en la redacción de leyes civiles.
Estudia Delgado Ruiz, en este sentido, el devenir de la legislación en la enseñanza a lo largo de estos últimos decenios, así como la financiación pública de la enseñanza confesional, con el gran paso que a favor de la iglesia católica supuso la enseñanza privada concertada (muy mayoritariamente católica), considerada como servicio público y en contra de la sentencia 86/1985 del Tribunal Constitucional.
No se dio por aludido entonces el gobierno en mayoría del PSOE, que creó el régimen de conciertos con la enseñanza privada, con la burda justificación de que el Estado no podía atender a todo el alumnado de forma inmediata. Lo cierto es que grupos de presión católica, de mayor o menor poder, tuvieron una influencia decisiva para ello.
Hoy en día, con el Partido Popular en el Gobierno, el catolicismo sigue presente en el sistema educativo español. No sólo forma parte del currículo oculto y expreso, sino que -como dice el autor- un verdadero batallón de más de veinte mil delegados diocesanos (profesores de Religión Católica) -designados por los obispos y pagados por el Estado a razón de 610 millones de euros- influyen en los proyectos educacionales, en el plan anual de los centros, en las actividades extracurriculares y complementarias, etc. Esto, a pesar de que la creciente secularización de la sociedad española, donde la mitad del alumnado de titularidad pública no recibe clases de Religión.
Sin embargo, la cultura de la cruz sigue vigente en el sistema educativo español en la mayoría de los centros de titularidad pública. Tal como señaló el ensayista y diplomático Gonzalo Puente Ojea, la transición a la democracia consistió en una nueva versión continuista de la ideología monárquica, caracterizada por un pacto de concordia y reparto entre la cruz y la corona, basado en la teología política cristina. “La misma -añade Puente Ojea- que impidió la modernización del Estado al tiempo que las naciones europeas ilustradas abrían sus puertas a la exigencia de las libertades, de la ciencia, de la razón y de la crítica urgente de valores obsoletos”.
¿No era hora ya de que, después del fracaso secularizador de las mayorías parlamentarias gobernantes que podrían haberlo evitado, y en un país donde solo el 14 % de los jóvenes menores de 35 años se considera religioso (Cambridge Monitor, 2015), un nuevo partido político estime por fin definitivamente conclusos y caducos unos acuerdos inspirados en la dictadura franquista, que han mantenido la cruz en las aulas como si entre la valleinclaniana Corte de los Milagros y el reinado de Felipe VI no hubiera pasado más de siglo y medio de historia?
