La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado a conocer una sentencia con fecha del 26 de febrero del 2016 (ver texto completo) en la que ratifica la plena vigencia del reciente Decreto Ejecutivo, adoptado el 10 de setiembre del 2015 en Costa Rica por parte del Poder Ejecutivo, para permitir la Fecundación in Vitro (FIV).
Una ginecóloga explica a una pareja el método de fecundación in vitro. Foto: Bialasiewicz 123RFEste Decreto Ejecutivo fue adoptado una semana después de celebrarse las audiencias ante los jueces de la Corte Interamericana sobre cumplimiento de una sentencia del 2012. Se justificó, por parte de sus autores en razón de la incapacidad del Poder Legislativo de adoptar una ley al respecto, y ello desde diciembre del 2012 (fecha en que se dio a conocer un primer fallo condenatorio contra Costa Rica –ver texto completo– del juez interamericano): negarle a familias costarricenses optar por esta técnica de fertilización desde el año 2000, manteniendo un vacío legal para regular debidamente su práctica, es considerado como una clara violación a los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales a los que Costa Rica es parte.
Cabe recordar que el 7 de octubre del 2015, la Sala Constitucional (ver nota de prensa) acogió un recurso contra este Decreto Ejecutivo (por un reñido voto de 4 contra 3), ordenando suspender su aplicación, y que el 3 de febrero del 2016, lo declaró inconstitucional (ver nota de prensa).
En la parte de considerandos de la sentencia dada a conocer este 1 de marzo del 2016, los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indican (punto 12), sin mayor contemplación para el juez constitucional, que: «12. Al resolver las acciones de amparo, la Sala Constitucional sostuvo, entre otros argumentos, que no le corresponde “ordenar la ejecución” de las Sentencias de esta Corte ni “suplir la supervisión de cumplimiento de las mismas”. Al respecto, la Corte recuerda que la prohibición de practicar la FIV se originó hace aproximadamente dieciseis años precisamente en una decisión de dicha Sala (supra Visto 1 y Considerando 4), por lo cual este órgano está directamente vinculado en el levantamiento de la misma y podría haber garantizado el derecho de los recurrentes a hacer uso de dicha técnica«.
En el punto 14, el juez interamericano manifiesta claramente su profundo malestar con relación al actuar del juez constitucional costarricense, al precisar que:» 14. De acuerdo con los elementos indicados por las partes y la Defensora de los Habitantes relativos al ordenamiento interno (supra Considerandos 8, 11 y 12), este Tribunal considera que la Sala Constitucional no sólo podía dejar sin efecto su propia decisión que desde el 2000 causó la prohibición de la FIV en Costa Rica, sino que a través de los referidos recursos de amparo, tuvo oportunidades suficientes para garantizar la implementación de esta medida de reparación ordenada en la Sentencia, y optó por no hacerlo. Una actuación diferente por parte de dicha Sala habría contribuido a hacer cesar la discusión sobre la prohibición de la técnica FIV, en ejecución de lo dispuesto en la Sentencia, y a garantizar los derechos de los recurrentes, entre quienes se encontraban víctimas de este caso. En ese sentido, la actuación de la Sala Constitucional desconoció la Sentencia del presente caso, planteando un obstáculo para el cumplimiento de la misma«.
En la parte resolutiva, se lee que, para los magistrados de la Corte Interamericana, es necesario:
«3. Declarar que, en lo que respecta al cumplimiento del punto dispositivo segundo de la Sentencia y conforme a lo indicado en el Considerando 26, la prohibición de la FIV no puede producir efectos jurídicos en Costa Rica ni constituir un impedimento al ejercicio del derecho a decidir sobre si tener hijos biológicos a través del acceso a dicha técnica de reproducción asistida. En consecuencia, debe entenderse que la FIV está autorizada en Costa Rica y, de forma inmediata, se debe permitir el ejercicio de dicho derecho tanto a nivel privado como público.
4. Disponer que, en lo que respecta al cumplimiento del punto dispositivo tercero de la Sentencia y conforme a lo indicado en el Considerando 36 de esta Resolución, se mantenga vigente el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S de 11 de septiembre de 2015, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior en apego a los estándares indicados en la Sentencia».
Como era previsible, el juez Eduardo Vio Grossi (Chile) votó en contra de varias partes de esta resolución y adjuntó a la misma un voto disidente. La votación de cinco contra uno aparece en varios párrafos de la parte final del dispositivo (la jueza costarricense Elizabeth Odio Benito se recusó, de conformidad con las reglas aplicables en la materia, por lo que fueron seis en vez de siete los magistrados llamados a conocer este caso contra Costa Rica).
Desde la perspectiva del derecho internacional público, será interesante conocer la actitud de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. «Hacerse a un lado» como indicado por uno de sus integrantes en las últimas horas, no pareciera ser la opción más recomendable. Mantenerse en silencio tampoco. Por segunda vez en menos de tres meses, se evidencia que los fallos del juez constitucional están en abierta contradicción con lo apreciado por los integrantes de un tribunal internacional: recordemos que el pasado 16 de diciembre del 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no acredito la existencia de una emergencia que justificara de modo alguno las condiciones en las que se construyó la denominada «trocha fronteriza» a lo largo de 160 kilómetros de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, a diferencia de la Sala Constitucional. Sobre este último caso, no se ha oído de ninguna manifestación por parte del juez constitucional después del fallo de la CIJ, como tampoco por parte del Poder Ejecutivo con relación a derogar una emergencia considerada inexistente por la CIJ.
Es de notar que el voto (de cuatro contra tres) en la Sala Constitucional al acoger el recurso interpuesto contra el Decreto Ejecutivo sobre la FIV fue «la gota que derramó la copa» según explicó su presidente, el magistrado Gilberth Armijo, quién días después de esta decisión, optó por acogerse a su jubilación (ver nota de prensa).
