La Federación Internacional de Periodistas (FIP) alertó esta semana sobre una iniciativa legislativa tramitada en Israel que, de aprobarse, permitirá al Gobierno cerrar de manera definitiva medios de comunicación extranjeros cuya actividad considere perjudicial para la seguridad del Estado.
La propuesta, que amplía los poderes del Ejecutivo en materia de control informativo, suscita una preocupación creciente entre organizaciones de derechos humanos y entidades defensoras de la libertad de prensa, que alertan de su impacto en el derecho a la información.
La propuesta, presentada por el Ministerio de Comunicaciones, consolida un modelo restrictivo que ya se ha utilizado para suspender temporalmente la emisión de cadenas internacionales, y amplía la capacidad ejecutiva para imponer censura, revocar licencias y confiscar equipos.
El proyecto habilita a las autoridades para actuar contra cualquier medio extranjero que opere en territorio israelí o que emita contenidos accesibles desde el país, con independencia de su sede y estructura jurídica.
Según detalla la FIP, el texto legislativo ofrece una definición amplia e imprecisa del concepto de amenaza, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales orientadas a neutralizar voces críticas. Para la organización, esta herramienta supone una «deriva autoritaria» en la gestión de la comunicación pública.
Las restricciones a la cobertura informativa se han intensificado desde el inicio de la guerra en Gaza, un contexto en el que periodistas locales e internacionales han denunciado limitaciones de acceso, intimidaciones y dificultades crecientes para verificar hechos sobre el terreno.
En Periodistas-ES ya se ha informado sobre el impacto de estas medidas en la transparencia y en el trabajo de los profesionales de la comunicación, así como sobre el incremento de agresiones y la presión ejercida sobre los medios independientes.
Contenidos recientes sobre el veto de Israel veta la entrada de periodistas internacionales en Gaza publicados en periodistas-es.com, o las restricciones informativas en conflictos armados publicados en aqui.madrid, ilustran la evolución de este escenario.
Un marco legal para la censura permanente
La propuesta otorga al ministro de Comunicaciones la capacidad de ordenar la suspensión de actividades sin necesidad de autorización judicial inmediata.
Asimismo, contempla el bloqueo de páginas web, la interrupción de emisiones y la imposición de sanciones administrativas dirigidas a impedir la continuidad operativa del medio afectado. Las decisiones podrían prolongarse indefinidamente, lo que equivaldría a una prohibición estructural.
La FIP critica que este marco normativo se aleja de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, declaró que «Israel está librando abiertamente una batalla contra los medios de comunicación, tanto locales como extranjeros, que critican la versión oficial del gobierno: este es un comportamiento típico de los regímenes autoritarios. Nos preocupa profundamente la aprobación de este controvertido proyecto de ley por parte del Parlamento israelí, ya que supondría un grave atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, y un ataque directo al derecho de la ciudadanía a la información».
Según la organización, Israel debería garantizar entornos seguros para periodistas y respetar el pluralismo mediático, en lugar de avanzar hacia un modelo restrictivo que debilita la rendición de cuentas.
Reacciones internacionales
Diversas organizaciones especializadas en derechos humanos y libertad de prensa han expresado preocupación por la iniciativa.
Amnistía Internacional considera que esta propuesta «amplía la capacidad del Gobierno para silenciar voces críticas mediante argumentos de seguridad construidos de forma vaga». La entidad recuerda que el recurso a la seguridad nacional no debe emplearse para limitar la supervisión periodística, y denuncia que la opacidad informativa perjudica a la población civil y obstaculiza la documentación de posibles violaciones del derecho internacional.
Por su parte, la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) advierte de que la ley podría afectar de manera severa a la prensa extranjera, especialmente a aquellas redacciones que cubren la situación en Gaza y Cisjordania. La organización sostiene que «la vigilancia crítica es esencial en contextos de conflicto» y que clausurar medios supone una «drástica agresión al debate público». WAN-IFRA ha instado al Ejecutivo israelí a retirar la iniciativa y abrir un proceso de consulta con organizaciones de periodistas.
La FIP, que representa a 600.000 profesionales en 146 países, ha reiterado su postura a través de una nota oficial en la que pide a Israel que «abandone cualquier política destinada a controlar, censurar o intimidar a los medios internacionales». También recuerda que la labor de corresponsales y reporteros no puede considerarse una amenaza para la seguridad, sino un instrumento imprescindible para verificar información en entornos hostiles.
Un patrón de presión contra la prensa extranjera
Los episodios más recientes de tensión se produjeron cuando el Gobierno ordenó suspender la emisión local de Al Jazeera, cadena que ha mantenido una línea informativa crítica con la actuación militar en Gaza. El Ejecutivo justificó la medida alegando riesgos para la seguridad, lo que generó reacciones adversas entre observadores internacionales y plataformas de defensa de los derechos civiles.
La nueva ley convertiría esa suspensión, hasta ahora temporal, en un mecanismo fácilmente utilizable para vetar de manera permanente.
El uso reiterado del concepto de amenaza a la seguridad nacional se ha convertido en un patrón en numerosos países para limitar la cobertura informativa. Sin embargo, en Israel esta tendencia adquiere una dimensión especialmente preocupante por su impacto en la documentación del conflicto y en la seguridad de periodistas locales e internacionales.
Reporteros sin Fronteras y otros organismos ya han informado sobre la elevada cifra de profesionales muertos o heridos durante la guerra, una realidad que se agrava cuando la legislación dificulta la supervisión independiente de las operaciones militares.
En este contexto, los medios extranjeros desempeñan un papel crucial a la hora de ofrecer perspectivas diversas, verificar narrativas y contrastar las versiones oficiales. Su clausura perjudicaría el derecho de la ciudadanía israelí y palestina a recibir una información plural y rigurosa, y limitaría la capacidad de la comunidad internacional para comprender la evolución del conflicto.
Llamamiento a la comunidad internacional
Las organizaciones consultadas coinciden en que es imprescindible una respuesta firme de gobiernos, organismos multilaterales y entidades especializadas para frenar cualquier intento de censura institucionalizada. La comunidad internacional tiene, según la FIP, la responsabilidad de exigir a Israel el cumplimiento de sus compromisos internacionales y la protección efectiva de periodistas y trabajadores de los medios.
Amnistía Internacional también reclama que se garantice el acceso a la información en las zonas afectadas por el conflicto y que se habiliten mecanismos independientes de supervisión. WAN-IFRA, por su parte, recuerda que numerosas democracias han rechazado iniciativas similares por considerarlas incompatibles con los principios fundamentales del periodismo.
Mientras el proyecto continúa avanzando en el proceso legislativo, las organizaciones de defensa de derechos humanos y la libertad de prensa mantienen la presión para impedir su aprobación definitiva. La batalla por la información se ha convertido en un terreno clave del conflicto en Oriente Medio y su resolución tendrá consecuencias de largo alcance para periodistas, ciudadanía y organismos internacionales.
