La FIP reclama que los gobiernos respeten el derecho a saber

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) pide a los gobiernos de todo el mundo que dejen de obstaculizar a los periodistas en el cumplimiento de sus deberes profesionales y se comprometan a garantizar el acceso universal a la información, incluido el derecho de los ciudadanos a buscar, recibir e impartir información.

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La FIP indica, con motivo del Día Internacional para el Acceso Universal a la Información, que se celebra este 28 de septiembre, que el acceso universal a la información es parte integral del derecho a la libertad de expresión que consagra el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), sobre el derecho a buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio y sin consideración de fronteras.

Para la FIP, la libertad de información es el derecho de todo ciudadano a saber qué datos se han creado y almacenado, en su nombre y a su coste. Es fundamental para el periodismo de calidad y para que el poder rinda cuentas. Es un mecanismo vital para ayudar a los periodistas a recopilar hechos y datos para informar a los ciudadanos, contribuir al debate público y exigir responsabilidades a los gobiernos. Permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas y a las organizaciones de la sociedad civil desempeñar eficazmente su papel de guardianes.

En todo el mundo, quienes están en el poder están imponiendo cortes de Internet, restricciones de las redes sociales, cierre de medios de comunicación, empleando una censura absoluta, prohibiendo a los periodistas asistir a conferencias de prensa, negándoles el acceso a la información pública, así como informando sobre manifestaciones y mítines políticos.

Las graves violaciones del derecho a acceder a la información obstruyen el trabajo periodístico y obstaculizan deliberadamente la rendición de cuentas y la transparencia de quienes están en el poder.

África

Más de veintidós países africanos han firmado leyes sobre acceso a la información desde 2017, recuerda la FIP. Sin embargo, la falta de voluntad política hace que su implementación sea un desafío.

Los gobiernos están restringiendo el acceso de los medios a la información aprobando «leyes de secreto» y acusando a los periodistas de investigación de acusaciones vagas como «difundir noticias falsas» o «perturbar el orden público».

Las recientes elecciones en Zimbabwe y Gabón se han visto empañadas por apagones de Internet y suspensión de transmisiones, así como por la denegación de acreditaciones a periodistas locales y de visas de entrada a reporteros internacionales, aparentemente para obstaculizar la cobertura.

Mundo árabe y Oriente Medio

En el mundo árabe y Oriente Medio, las autoridades siguen haciendo todo lo posible para restringir el libre flujo de información para los ciudadanos y los medios de comunicación.

Sólo tres países han adoptado e implementado leyes de acceso a la información (Jordania, Marruecos y Túnez), pero todos participan en prácticas que restringen el derecho a la información y la capacidad de los periodistas y los medios de informar sobre temas de interés público.

El cierre de Internet es una práctica común utilizada para suprimir información, críticas a las autoridades o controlar la libertad de reunión. En Irán se informaron varios cortes de Internet y bloqueos de redes sociales tras el estallido de protestas a nivel nacional en septiembre de 2022.

En Sudán, las autoridades bloquearon el acceso a Internet cuando el conflicto se intensificó en abril de 2023; y lo mismo ocurrió en Libia tras las devastadoras inundaciones de septiembre de este año.

Asia y Pacífico

Para los periodistas y trabajadores de los medios que operan en la región de Asia y el Pacífico, una barrera importante para acceder a la información ha sido la persistente interferencia de las autoridades de facto. En Bután, los funcionarios públicos no han podido compartir información relevante para el interés público por temor a represalias legales desde 2022.

A los periodistas en Hong Kong se les puede prohibir la asistencia a conferencias de prensa si se sabe que producen cobertura crítica.

En Afganistán, las restricciones limitan no sólo la capacidad de grupos enteros de personas de generar noticias, sino también garantizar que la cobertura esté en consonancia con las obligaciones sociales y religiosas definidas por los talibanes.

En Myanmar, la Junta Militar ha impuesto un régimen de miedo y violencia desde febrero de 2021, calificando a todos los medios de comunicación independientes de clandestinos, criminalizando el periodismo legítimo y garantizando medios de comunicación estatales.

Europa

En Europa, el derecho a acceder a la información está establecido y reconocido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en muchos países está restringido debido a una implementación deficiente.

La Federación Europea de Periodistas (FEP) acogió con satisfacción la Ley Europea de Libertad de Medios (EMFA) de la Comisión Europea, pero pidió su fortalecimiento para garantizar el pluralismo de los medios, proteger los derechos de los periodistas y garantizar la independencia editorial.

Mientras tanto, los partidos políticos atacan a los periodistas en las redes sociales y niegan la asistencia de los trabajadores de los medios a determinados mítines políticos en Alemania, España y Bulgaria, entre otros.

Un número preocupante de periodistas han sido arrestados por informar sobre protestas climáticas, advierte la FEP; mientras que la presión del gobierno de extrema derecha en Italia la dimisión del director de la radiodifusión pública.

América Latina y el Caribe

EnAmérica Latina, la situación en El Salvador ha suscitado muchas preocupaciones. Un estado de emergencia de más de un año, introducido el 27 de marzo de 2022, ha limitado muchas libertades constitucionales y ha tenido un grave impacto en la libertad de expresión, incluido el derecho a acceder a la información.

En Perú, se han registrado varios casos de fuerzas de seguridad que obstaculizan el trabajo de los medios de comunicación, al cubrir la crisis política y social que azota al país desde diciembre de 2022, y el gobierno ha intentado impulsar leyes que criminalizan la actividad periodística sin éxito gracias a la presión social.

En Colombia aumentan las amenazas y acosos contra periodistas de investigación en los últimos meses, lo que provocó que algunos huyeran del país.

«Algunos políticos adoptan la peligrosa costumbre de negarse a responder preguntas de la prensa. Otros niegan la acreditación a los periodistas, o incluso los arrestan, para silenciar sus informes críticos. Los gobiernos deben comprometerse a garantizar el acceso de los periodistas a la información y los organismos internacionales deben hacer más para garantizar que aquellos en el poder que infringen este derecho no queden impunes», dijo el presidente de la FIP, Dominique Pradalié.

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