La Federación Internacional de Periodistas (FIP, por sus siglas en inglés IFJ) junto a más de un centenar de medios y organizaciones mundiales, ha exigido al gobierno de EEUU que retire su propuesta para restringir los «visados I» de periodistas extranjeros.
El plan, impulsado por la administración de Donald Trump a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fija un máximo de 240 días de estancia en lugar de los actuales cinco años, con riesgos severos para el periodismo independiente.
¿En qué consisten las restricciones propuestas?
Duración del visado limitada
El cambio más significativo consiste en reducir el plazo máximo de los «visados I», que actualmente pueden durar hasta cinco años, a tan sólo 240 días para periodistas extranjeros. La propuesta contempla una posible prórroga, también limitada a otros 240 días, siempre bajo condiciones más estrictas.
Excepciones para ciudadanos chinos
Para nacionales de China, la propuesta sería aún más dura: el límite se fija en 90 días. Esto supone una discriminación directa basada en nacionalidad, según los críticos
Cambios en otras categorías de visados
No son sólo los visados I los afectados. Los planes incluyen restricciones similares para los visados F (estudiantes internacionales) y J (visitantes de intercambio), donde se propone que no sobrepasen los cuatro años en su vigencia o periodo de estancia.
Motivaciones alegadas por EEUU
El gobierno de Donald Trump argumenta que los cambios buscan evitar abusos del sistema de visados, mejorar las capacidades de supervisión, garantizar la seguridad nacional y mantener un control más estricto del cumplimiento de las reglas migratorias.
Los argumentos en contra y los riesgos para el periodismo
Fragilidad para corresponsales y cobertura prolongada
Como señala la FIP, la duración prolongada de estancia permite que los periodistas extranjeros construyan redes de fuentes, contextos y conocimiento profundo que son fundamentales para informar con precisión sobre los EEUU. Limitarlo a 240 días «crea inestabilidad para los corresponsales y sus familias y reduce la cantidad y calidad de las coberturas».
Posible autocensura y menor vigilancia
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertan de que estas medidas pueden introducir una incertidumbre constante sobre la renovación de visados. Eso podría llevar a que los periodistas eviten temas controversiales para no arriesgar su estatus migratorio.
Pérdida de prestigio internacional de EEUU
Limitar el acceso de prensa extranjera podría dañar la credibilidad del país como garante de la libertad de expresión, algo que ha sido históricamente una parte central de su liderazgo global.
Vacíos informativos y narrativas ajenas
Si los corresponsales tienen que salir del país con frecuencia o no pueden cubrirlo de manera continua, se abre espacio para que narrativas oficiales o interesadas rellenen ese vacío informativo. Adversarios internacionales de EEUU podrían aprovechar para presentar visiones sesgadas o conspirativas.
Reacción de la FIP y de otras organizaciones
La FIP, con representación en más de 600.000 periodistas en 146 países, ha suscrito la declaración conjunta que exige al DHS que retire la propuesta.
Otras entidades como Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) y organizaciones de derechos humanos también han manifestado preocupación.
Se señala además que existe un período de comentarios públicos abiertos al público hasta fines de septiembre u octubre de 2025, durante el cual tanto ciudadanos como organizaciones pueden enviar objeciones al DHS.
Contexto y antecedentes
Durante la primera presidencia de Donald Trump ya se había propuesto algo similar en 2020, pero esa propuesta fue retirada durante el mandato de Joe Biden.
La «visa I» ha sido históricamente el instrumento utilizado por periodistas extranjeros para trabajar en EEUU, permitiendo viajes dentro y fuera del país, renovación extendida y cobertura constante de acontecimientos nacionales e internacionales.
También forma parte del debate global sobre migración, seguridad, transparencia y libertad de prensa, donde muchas organizaciones advierten que medidas administrativas aparentemente técnicas pueden tener efectos políticos profundos.
Implicaciones legales y éticas
Derecho internacional a la libertad de expresión e información
Estas restricciones pueden entrar en conflicto con principios recogidos en tratados internacionales ratificados por EEUU, así como con estándares reconocidos por organizaciones como UNESCO, CPJ o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
Ética periodística profesional
Periodistas y medios tienen la responsabilidad de informar con veracidad, contexto y profundidad. Las restricciones temporales de visado limitan la posibilidad de desarrollar esas coberturas que requieren continuidad, seguimiento, investigación prolongada.
Responsabilidad de las democracias
Democracias maduras tienen la obligación ética de proteger el periodismo independiente, no sólo como un derecho individual de los profesionales, sino como un componente esencial del derecho del público a la información y la rendición de cuentas.
Se puede concluir que la propuesta del gobierno de Donald Trump de restringir los «visados I» para periodistas extranjeros representa un serio riesgo para la libertad de prensa, la pluralidad informativa y el derecho del público a una cobertura amplia y continua de Estados Unidos.
Si se aprueba, no sólo alterará las condiciones laborales de los corresponsales, sino que podría debilitar más aún el rol de EEUU como referente global en defensa de los derechos fundamentales.
Por ello, la movilización de la FIP y otras organizaciones es clave en esta fase crítica: el diálogo, la denuncia y la presión legal y ética son los instrumentos disponibles para impedir un retroceso que podría tener consecuencias duraderas.
