Las Asociaciones Judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han remitido sendos informes al Consejo General del Poder Judicial en relación al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que aprobó el Consejo de Ministros de España el 4 de abril de 2014, en los que argumentan que la reorganización anunciada con la demarcación judicial provincial y la supresión de los partidos judiciales aleja a los ciudadanos de la justicia.
En un comunicado, las organizaciones de jueces señalan que el proyecto del Gobierno incrementa el número de aforados, en lugar de proceder a la eliminación de muchos de ellos, como sucede en la gran mayoría de países europeos, y advierten que cualquier modificación legal que se pretenda hacer para que se acuerde un aforamiento a favor del rey Juan Carlos tras su abdicación no puede ser utilizada para legitimar y acelerar una reforma claramente perjudicial en su conjunto para la independencia judicial.
Las organizaciones recuerdan que un informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sostiene que la reforma prevista dificultará la actuación de la jurisdicción criminal y no favorecerá la persecución de los delitos de corrupción, dando una respuesta penal todavía más tardía que en la actualidad.
Además, argumentan que la limitación de la libertad de expresión de los jueces y de las asociaciones judiciales resulta gratuita, innecesaria y sin justificación razonable, y solo refleja el deseo del legislador de un Poder Judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía.
Agregan que el proyecto persigue la supresión absoluta de la democracia interna y de la participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno, con la configuración de un sistema presidencialista, jerarquizado y controlado por el Consejo General del Poder Judicial.
Para las tres organizaciones, la jurisprudencia vinculante y las directrices de obligado cumplimiento terminarán definitivamente con la independencia judicial, sometiéndola a los otros poderes del Estado y puede transmitirse a la sociedad la idea de que los jueces resuelven los casos bajo el dictado y la autoridad del CGPJ y en último término del Gobierno que incide en el nombramiento de la mayoría de los vocales de aquel órgano.
