La aplicación de la jurisdicción universal tiene sus días contados en España, por un proyecto de ley que supondrá el sobreseimiento de más de una docena de investigaciones abiertas en los tribunales de este país y hará muy difícil abrir nuevas causas por delitos que afecten a toda la humanidad, informa Inés Benítez desde Málaga.
El gobierno derechista de Mariano Rajoy y el gobernante Partido Popular (PP) impusieron una tramitación de extrema urgencia en el parlamento a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, gracias a su mayoría absoluta, y avanzan con celeridad para poner un candado a la justicia universal en uno de los países que más la ha aplicado.
Con el rechazo de todos los partidos de oposición, el 11 de este mes de febrero se presentó una proposición de ley con ese fin, un mecanismo que evita la solicitud de informes y otros trámites, y el día 17 el Ministerio de Justicia pidió al Congreso legislativo medidas para acelerar aún más el proceso.
La proposición de ley se tramitará por el procedimiento de urgencia y en una sola sesión plenaria, según se decidió el jueves 20, otra vez con los únicos votos del PP, lo que confirma su pronta entrada en vigor.
Si se aprueba, «España se convertiría en el paraíso de la impunidad», alertó a IPS el experto en jurisdicción universal de Amnistía Internacional, Ignacio Jovtis.
Para el activista, la proposición «no limita el principio de justicia universal, sino que lo hace desaparecer».
El jueves 27, el Senado votará ya la proposición.
El principio de jurisdicción universal atribuye a los tribunales nacionales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de crímenes que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de sus autores y víctimas, atentan contra el conjunto de la comunidad internacional.
La reforma es criticada por más de un centenar de oenegés e instituciones nacionales e internacionales, que el miércoles 19 indicaron que su aprobación «supondría un golpe devastador para la jurisdicción universal y una violación de las obligaciones internacionales de España».
La urgencia se manifiesta después de que el 10 de febrero un juez de la Audiencia Nacional dictara órdenes de detención internacional contra cinco antiguos dirigentes del Partido Comunista Chino, por genocidio, tortura y crímenes de lesa humanidad durante la represión del pueblo tibetano, entre los años 80 y 90.
«Es una reforma ad hoc para cerrar casos incómodos para España», opinó a IPS la abogada y directora ejecutiva de Rights International Spain, Lydia Vicente Márquez.
Los requisitos que impone la reforma son «imposibles de cumplir» para los tribunales españoles que quieran investigar y perseguir crímenes de genocidio, lesa humanidad o de guerra, de naturaleza universal.
Cuando se apruebe, los jueces españoles solo serán competentes para investigar ese tipo de delitos cuando «el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas».
«La agenda económica está por encima de los derechos humanos», afirmó Jovtis.
Esta reforma es, adujo, un paso a favor de la impunidad en política criminal y también «puede ser una invasión del Poder Judicial por parte del Legislativo», porque el parlamento establece el sobreseimiento de las investigaciones abiertas hasta que se acredite el cumplimiento de los nuevos requisitos, según recoge la proposición en su disposición transitoria final.
El investigador de Amnistía predijo que la inmensa mayoría de los casos abiertos en la Audiencia Nacional con base en la justicia universal, alrededor de 15, se archivarán debido a la reforma.
Uno de ellos podría ser el de José Couso, un periodista español que murió en Bagdad el 8 de abril de 2003, durante un ataque del ejército de Estados Unidos al hotel donde se alojaba la prensa independiente. Un juez español mantiene imputados a varios militares de ese país, como responsables de su muerte.
«Estamos enfadados y preocupados. Esta reforma es una chapuza absoluta y está hecha a medida para archivar nuestro caso», declaró a IPS el hermano del periodista, Javier Couso, de la Asociación Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso.
El hermano del periodista recordó como antecedente de la reforma la reunión en Washington de Rajoy con el presidente estadounidense, Barack Obama.
También consideró que el legislador no debería ser quien decida el archivo provisional de los casos, porque ello es competencia de los jueces.
Couso no descarta acudir al Tribunal Constitucional español, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo o a estrados judiciales de otros países, si la causa contra los militares estadounidenses se cierra a consecuencia de la reforma.
La familia de Couso se reunió el día 11 con todos los portavoces de los grupos parlamentarios españoles, para expresarles su gran preocupación por el proyecto. La principal fuerza opositora, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se comprometió a estudiar la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad.
Jovtis cree «lamentable» que España, «referente y un foro de esperanza para algunos países de América Latina», desande el camino y vaya en contra de la tendencia europea y mundial de incorporar en su legislación el principio de justicia universal.
Justamente, este viernes 21 trascendió que la jueza argentina María Servini, instructora de la querella contra los crímenes del franquismo en España, pidió a la justicia española la exhumación del cadáver de una víctima de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Se trata de Timoteo Mendieta Alcalá, un sindicalista fusilado en el cementerio de la central ciudad de Guadalajara en 1939, y que está enterrado en una fosa común junto a otros 17 compañeros.
«El 84,4 por ciento de los países del mundo tienen legislación universal y permiten las investigaciones judiciales en base a este principio en al menos un tipo de crimen», destacó el experto de Amnistía.
España «se situó en el pasado a la vanguardia» de la justicia universal y «ahora no debemos dejar que se quede atrás», plantea el centenar de agrupaciones en la declaración conjunta contra la reforma que fue entregada al Parlamento Europeo por la organización Campaña Internacional por el Tíbet.
Además de las causas de justicia universal abiertas por el genocidio en el Tíbet y la muerte de Couso en la guerra de Iraq, la Audiencia Nacional instruye actualmente casos de genocidio en Guatemala, Sahara y Ruanda.
También investiga el asesinato del sacerdote español Ignacio Ellacuría, en 1989 en El Salvador, y el del diplomático español Carmelo Soria, en 1976, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«Hay un consenso internacional para que no queden sin castigo los crímenes que se consideran más graves. No queremos que queden impunes y puedan volver a ocurrir», concluyó Márquez.
