Colombia debe reformar de manera urgente su gestión de las protestas, ante las que ha empleado una fuerza excesiva, planteó un documento publicado este miércoles 15 de diciembre 2021 por la oficina en el país de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informa IPS.
El documento, que examina las protestas durante el Paro Nacional del 28 de abril al 31 de julio, «en un contexto prevalente de profundas desigualdades económicas y sociales», insta a las autoridades a dispersar las protestas en estricto acatamiento a las normas internacionales de derechos humanos.
En ese lapso, la oficina recibió informes de la muerte de 63 personas en el contexto de las protestas y verificó 46, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, 76 por ciento de las víctimas murieron por heridas de bala.
Para la oficina «existen motivos razonables para afirmar que, en al menos veintiocho de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía y que, en al menos diez casos, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional».
El Paro Nacional, también conocido como estallido social de Colombia, convocado por organizaciones sindicales y sociales inicialmente para protestar por una reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque, consistió en manifestaciones multifactoriales en decenas de ciudades e incluso de colombianos en el exterior.
Hubo desórdenes y daños a la propiedad atribuidos a vándalos infiltrados dentro de los manifestantes pacíficos, el retiro de la propuesta de reforma tributaria no desactivó las protestas, y la fuerza pública, así como grupos civiles armados, actuaron violentamente en contra de los manifestantes.
El informe de la oficina documenta el «uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía, especialmente miembros del Esmad, para dispersar protestas pacíficas y bloqueos».
Asimismo, reporta sobre individuos armados que atacaron y dispararon contra manifestantes, sin que las fuerzas de seguridad intervinieran.
El documento resalta la importancia de que las fuerzas de seguridad respeten los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, y no discriminación al controlar manifestaciones, y de que las armas de fuego sólo deben ser utilizadas como último recurso ante una amenaza inminente para la vida o de lesiones graves.
Recalca que el uso de armas de fuego para dispersar de forma indiscriminada una protesta siempre es ilegal, no son apropiadas para el control policial de manifestaciones y no deben usarse nunca para dispersar una manifestación.
Otros incidentes detallados en el documento demuestran un uso inapropiado e indiscriminado de armas menos letales por parte de la policía, en violación de los estándares internacionales.
También reporta sesenta casos de violencia sexual presuntamente cometidos por la policía, de los cuales la oficina pudo verificar dieciséis hasta la fecha.
Todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, «deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes», plantea el texto de la ONU.
El Estado «debe garantizar también el derecho de las víctimas a una reparación integral y las medidas tomadas por las autoridades para investigar y perseguir penalmente estos abusos son bienvenidas».
Al destacar la responsabilidad estatal de proteger los derechos humanos, el informe afirma que el Estado colombiano no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes en numerosas ocasiones.
También expresó preocupación por el grado de criminalización y estigmatización de los manifestantes, incluso por parte de medios de comunicación relacionándolos con actos vandálicos o incluso alegando actos de terrorismo.
Asimismo, por agresiones contra defensores de derechos humanos en el contexto de las protestas y contra periodistas que documentaron los acontecimientos.
El documento afirma que la gran mayoría de las protestas fueron pacíficas y que cuando las autoridades recurrieron al diálogo en lugar de la fuerza, e incluyeron a los defensores de derechos humanos en las decisiones, hubo una clara disminución de las tensiones y se contribuyó a prevenir la violencia.
Recomendaciones clave son que ante las protestas se observen normas internacionales de derechos humanos, y que se debata una reforma de la Policía Nacional, incluida su transferencia del Ministerio de Defensa a una autoridad civil.
También se recomienda adoptar medidas de reparación individual y colectiva para honrar la memoria y la vida de las víctimas, garantizar la no repetición y apoyar a las personas afectadas por las violaciones y la violencia durante las protestas.
