Ante una inminente crisis de liquidez, principalmente debido a la falta de pago de cuotas por parte de Estados Unidos y más de otros cien Estados miembros, a lo que se suma la amenaza de retirada de Washington del organismo mundial, le obliga a revaluar a la baja su presupuesto aprobado para 2025, informa Thalif Deen (IPS) desde Naciones Unidas.
Entre las medidas ya decididas está la congelación de la contratación de nuevos empleados, según los rumores generalizados en el acristalado rascacielos que alberga la Secretaría General de la ONU en Nueva York.
Estados Unidos paga actualmente alrededor de 22 por ciento del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y 27 por ciento del presupuesto para el mantenimiento de la paz.
En este momento, Estados Unidos debe 1500 millones de dólares al presupuesto ordinario de la ONU. Y, entre el presupuesto ordinario, el presupuesto de mantenimiento de la paz y los tribunales internacionales, la cantidad total que debe Estados Unidos se eleva a 2800 millones de dólares.
La amenaza contra la ONU se ha reforzado tras la iniciativa de varios legisladores republicanos que han presentado un proyecto de ley sobre la salida de Estados Unidos de la ONU, alegando que la organización no se alinea con la agenda «Estados Unidos primero» de la administración de Donald Trump, quien volvió a la Casa Blanca en enero.
Ian Richards, expresidente del Comité de Coordinación de Sindicatos y Asociaciones Internacionales del Personal y economista de ONU Comercio y Desarrollo (Unctad), dijo a IPS que los rumores son más que ciertos.
Según dijo, desde el lunes 3 de marzo hay una congelación de la contratación en la Secretaría de la ONU declarada por el Contralor. Agencias como Unctad, que suelen tardar un año o más en cubrir puestos, se ven especialmente afectados, señaló.
Un memorando de la primera semana de marzo, dirigido a los jefes de los departamentos, oficinas y misiones políticas especiales de la ONU, de Chandramouli Ramanathan, subsecretario general y contralor, hace referencia a la «Gestión de la crisis de liquidez del presupuesto ordinario de 2025».
El memorando dice explícitamente: «Debido a los recientes acontecimientos, hemos reevaluado la situación de liquidez, especialmente las previsiones de entrada de efectivo».
«Para mitigar el riesgo de impago de las obligaciones legales con el personal y los proveedores, el secretario general (António Guterres) nos ha ordenado gestionar las salidas de efectivo de forma más conservadora y suspender la contratación hasta que la situación esté más clara, así como garantizar que terminamos el año dentro de nuestras reservas de liquidez», añadió.
Eso significa, en otras palabras, que el organismo mundial y sus agencias no pueden endeudarse más allá de los créditos de las propias reservas de liquidez de la propia ONU.
En consecuencia, dijo Ramanathan, se ha decidido que «el límite de gasto financiero para cada entidad se reducirá a aproximadamente ochenta por ciento del presupuesto aprobado, incluido el nuevo cálculo de costes».
Además, puntualizó, «su presupuesto para gastos de personal y otros gastos de personal se calculará teniendo en cuenta las tasas de vacantes aprobadas para su entidad, el nuevo cálculo de costes para los puestos y algunos elementos de otros gastos de personal, y los gastos reales durante noviembre y diciembre del año pasado».
El límite de gasto financiero para cada misión política especial también se reducirá a aproximadamente a ochenta por ciento de su presupuesto aprobado. Todas las contrataciones para el presupuesto ordinario se suspenderán con efecto inmediato durante un mínimo de seis meses, es decir hasta finales de agosto, según el memorando.
El 5 de marzo de 2025, solo 72 Estados miembros (de 193) han pagado íntegramente sus cuotas al presupuesto ordinario.
Los diez principales contribuyentes al presupuesto ordinario de la ONU, según las cuotas asignadas, son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, Brasil y Rusia.
El presupuesto ordinario para 2025 es de 3720 millones de dólares, unos 120 millones más que la cifra de 3600 millones de dólares anticipada por el secretario general António Guterres en octubre de 2024, y 130 millones máEstados Unidos es el mayor contribuyente, con una cuota del 22 por ciento del presupuesto ordinario, y China el segundo, con una cuota de 18,7 por ciento del presupuesto ordinario.
Desde que Trump inició su segundo mandato el 20 de enero, Estados Unidos se ha retirado ya del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mientras que ha advertido que al menos otras dos organizaciones de la ONU «merecen un nuevo escrutinio»: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa).
Además, Washington ha recortado de hecho 377 millones de dólares en fondos para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
«El 26 de febrero, el Unfpa fue informado de que casi todas nuestras subvenciones (48 hasta ahora) con la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y el Departamento de Estado de Estados Unidos habían sido canceladas», dijo la agencia de la ONU.
Añadió que «esta decisión tendrá un impacto devastador en las mujeres y las niñas y en los trabajadores sanitarios y humanitarios que les atienden en las peores crisis humanitarias del mundo».
Las subvenciones de la Usaid estaban destinadas a proporcionar atención sanitaria materna crítica, protección contra la violencia, tratamiento de violaciones y otros cuidados vitales en entornos humanitarios críticos.
Esto incluye el trabajo del Unfpa para acabar con la mortalidad materna, facilitar partos seguros y hacer frente a la terrible violencia a la que se enfrentan mujeres y niñas en lugares como Gaza, Sudán y Ucrania.
Mientras tanto, la subsecretaria general de Estrategia de Gestión, Política y Cumplimiento de la ONU, Catherine Pollard, ha decidido que se permitirán ofertas de trabajo temporales durante este año siempre que «no haya un aumento en los costes del puesto para su entidad».
Para minimizar el riesgo de quedarse sin liquidez, también se ha decidido emitir asignaciones en tramos, dice el memorando emitido a comienzos de este mes.
«Si la situación de liquidez mejora o hay mayor certeza sobre el momento y los montos de los cobros que probablemente se recibirán, nos esforzaremos por liberar asignaciones adicionales lo antes posible. Sin embargo, por favor, no cuente con tales asignaciones adicionales», añade.
No obstante, si es posible, pide a los responsable del presupuesto en los diferentes ámbitos, «tenga a mano planes de gastos adicionales (más allá de 80 por ciento de lo presupuestado) para gastos no relacionados con puestos en caso de que podamos liberar fondos adicionales hacia finales de año».
De ese gasto, anticipa, debe destinarse a actividades que puedan llevarse a cabo en un plazo razonable, a fin de mitigar el impacto negativo en la ejecución del programa causado por el límite financiero de 80 por ciento.
«Haremos todo lo posible para maximizar la financiación disponible. Mi oficina está a su disposición para proporcionar información y aclaraciones según sea necesario. También ofreceremos sesiones informativas periódicas sobre la situación financiera», concluye el memorando remitido por el contralor Ramanathan.
