En Guatemala los alcaldes han estado muy activos en los últimos días. Unos en reuniones, en sus comunidades, enterándose de la situación de los problemas y proyectos de los municipios que van a administrar; otros, exigiendo un pago millonario al Ejecutivo de la deuda del situado constitucional.
El presidente se comprometió a hacer pagos parciales, convenio que aceptaron, no sin dejar advertido al ministro de Finanzas que, de incumplir con este compromiso, iniciarían acciones legales en su contra.
Asumido el compromiso, el gobierno de transición tendrá que ver de dónde saca los recursos para evitar otro problema en este cada vez más efímero período.
Los alcaldes son, después de los diputados, los más señalados por la población, y aunque no se debe generalizar, hay muchos que se tienen bien ganado ese desprestigio. Es un hecho notorio que decenas de jefes ediles han convertido sus cargos en mecanismos de enriquecimiento ilícito y por eso invierten cuantiosos recursos en las campañas. Estas críticas no pretenden desconocer lo idóneo de muchos de ellos.
Hay casos en que los electos no tienen ni la capacidad ni el conocimiento sobre administración municipal para ocupar el cargo, lo que los hace susceptibles de incurrir en errores, faltas y hasta hechos delictivos; el próximo año, 240 alcaldes y alcaldesas llegarán a las comunas por primera vez.
Casos graves que señalan como presuntos responsables a alcaldes están siendo investigados por el Ministerio Público, entre ellos los de los periodistas asesinados en Suchitepéquez.
Los corresponsales, con frecuencia son intimidados o amenazados por los jefes ediles, cuando las publicaciones no son de su agrado, lo que genera mucha tensión, pues hay localidades en donde el sicariato actúa con total impunidad.
De las 340 municipalidades, únicamente ocho mujeres van a asumir los cargos, una prueba irrefutable de la falta de equidad en el sistema político. Para la mayoría, la prioridad será educación, salud y agua entubada; drenajes, aspectos fundamentales para el desarrollo de las comunidades, y aunque las dos primeras no son funciones específicas de las municipalidades, mientras estas no se descentralicen, ellas comprenden que sin atender esos problemas no es posible responder a las demandas sociales. En Antigua, dada la situación de esa ciudad, lo principal será el orden, la seguridad y el comercio.
De 2014 a mayo de este año, 54 municipalidades enfrentaron señalamientos, que van desde mal manejo de fondos, abuso de poder, falta de transparencia, uso de obras con fines electorales y obras inconclusas o inexistentes. En los últimos meses, las publicaciones sobre sindicaciones continuaron. Las denuncias son por suspensión de obras, falta de pago de salarios, delitos electorales, corrupción, entre otras.
El área rural urge y requiere atención priorizada. Es allí donde habita la mayoría de la población, concentra altos niveles de pobreza, desigualdad y exclusión; allí radican los mayores rezagos del país, pero también tiene grandes potencialidades para el desarrollo humano, las que deben ser atendidas con pertinencia cultural. La obligación constitucional de promover el bien común ha sido reiteradamente incumplida.
Las atribuciones de las corporaciones son trascendentales y la población necesita de funcionarios responsables y probos. La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) manifestó su apoyo a la Cicig en la lucha contra la corrupción. Ojalá que el municipalismo supere sus debilidades y logre fortalecerse.
