«Migración de supervivencia» no es un reality show, sino una descripción de los desplazamientos humanos causados por miedo y desesperación. ¿Cuán desesperados están esos contingentes que migran? Basta mirar las cifras de niños centroamericanos que viajan solos, escribe Diana Cariboni (IPS) desde Montevideo.
Los penosos trayectos de niñas, niños y adolescentes de América Central hacia la frontera de Estados Unidos hicieron sonar la alarma en los últimos meses.
Más de 52.000 menores, la mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador, fueron detenidos en los últimos ocho meses cuando entraban en territorio estadounidense sin sus padres, indica la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Aunque es una crisis sin precedentes, el experto Gervais Appave, consejero especial del director general de la Organización Internacional para las Migraciones, la enmarca «en una tendencia global» que podría definirse como «migración de supervivencia».
Los niños y adolescentes que se van del Cuerno de África hacia Europa, a través de Malta, Italia o España, o los que intentan llegar a Australia en barco, desde Afganistán, Irán y Sri Lanka, son dos ejemplos.
La Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores, conocida como Frontex, reportó un aumento «del fenómeno de menores no acompañados que piden asilo en la Unión Europea (UE)» en 2009 y 2010.
Según Frontex, la proporción de niños que emigran solos «en la cantidad total de inmigrantes irregulares que llegan a la UE está creciendo de forma preocupante».
Appave estima imposible atribuir a una sola razón el aumento de la migración infantil.
Pero no se debe desestimar la «muy efectiva y brutal industria del contrabando de personas», indicó. Hay un «proceso psicológico que se desata cuando usted tiene una masa crítica de personas yéndose. Entonces otras intentarán hacer lo mismo porque lo ven como ‘la’ solución a seguir», explicó.
La fuerza de los contrabandistas y traficantes de personas es evidente en Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero nadie huye sin una razón poderosa.
Según un informe publicado en julio por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 85 por ciento de las solicitudes de asilo que recibió Estados Unidos en 2012 vinieron de estos tres países.
Mientras, México, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Belice registraron, en conjunto, un aumento de 435 por ciento en los pedidos de asilo de personas salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas.
Si bien en las últimas semanas bajó el flujo migratorio infantil en la frontera, «las estadísticas muestran que es un fenómeno que ya tiene varios años», dijo a IPS la investigadora asociada de WOLA en seguridad ciudadana Adriana Beltrán.
Las pandillas delictivas, las mafias y la corrupción son las principales fuerzas motrices, coinciden Beltrán y José Guadalupe Ruelas, director de la no gubernamental Casa Alianza – Honduras, que promueve los derechos de la infancia.
En Honduras, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, la extorsión y el miedo «han crecido de forma dramática», dijo Ruelas a IPS.
Un millón de los 3,7 millones de menores de 18 no asisten a la escuela y medio millón están bajo explotación laboral. Además, 24 de cada 100 adolescentes mujeres se embarazan, 8000 niñas y niños viven en las calles y otros 15.000 huyeron del país este año, según cifras oficiales.
Hace cinco años, había un promedio mensual de 43 asesinatos y ejecuciones de menores de 23 años. La media actual es de 88 por mes, indica el Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes de Casa Alianza.
La percepción de seguridad está alterada. Cuando los habitantes de las colonias (vecindarios pobres) ven una ambulancia «piensan en un asesinato o una muerte violenta, y no en una vida que se va a salvar o en una persona que se va a curar», describió Ruelas. Y si ven una patrulla policial o militar, «piensan que va a haber un tiroteo y muertos».
Esta población aterrorizada desconfía de las instituciones. En 2013, fueron 17.000 las familias que dejaron sus hogares bajo amenazas de las maras (pandillas), «y el Estado fue incapaz de evitarlo», dijo.
«Son desplazados por la guerra», apuntó en junio el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 establecen que un refugiado es quien huye de su país por ser perseguido en razón de sus opiniones políticas, raza, nacionalidad o pertenencia a cierto grupo social.
Si bien Guatemala, Honduras, El Salvador y algunas partes de México son como el infierno en la tierra, la Convención no es fácilmente aplicable para estos casos, y los intentos de reformarla o ampliarla fracasaron hasta ahora.
En cambio, la Declaración de Cartagena de 1984 ofrece una definición más flexible de refugiado para América Latina.
Acnur, mediante un plan de acción de 10 puntos, reclama a los gobiernos que incluyan consideraciones sobre refugiados en sus políticas migratorias, en especial cuando se trata de niños, mujeres y víctimas de trata.
La ley de 2008 obliga al gobierno de Estados Unidos a estudiar el caso de cada menor de 18 años que cruce solo su frontera, para determinar si es una víctima de trata o de abuso, a suministrarle alojamiento y defensa legal y asegurarle un debido proceso.
Pero las agencias responsables cuentan con recursos escasos y están sobrecargadas.
«Hay quienes quieren reformar esta ley, y si bien no ha habido deportaciones, Washington no da una respuesta clara de lo que va a hacer», dijo Ruelas.
Además, la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre hace que «el tema se esté manejando de manera electoral», añadió.
Más allá de esta crisis, las causas que subyacen son un asunto mucho más complicado.
No es solo la violencia o la pobreza, sino «instituciones de justicia penal sumamente débiles», indicó Beltrán.
Ruelas señala la «equivocada» militarización de Honduras, que «va a provocar mayor debilitamiento de la presencia del Estado en los territorios más violentos». Pese a que hay más soldados patrullando las calles, «los criminales se sienten libres de amenazar y matar en las colonias», agregó.
Beltrán indicó que la asistencia de Estados Unidos a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central tiene un «énfasis excesivo en la lucha antinarcóticos», cuando la región requiere más inversión en medidas de prevención, sobre todo locales, que se han probado exitosas.
«Es importante la redirección de la política de Washington hacia la región… pero hay que analizar la responsabilidad de los gobiernos centroamericanos», opinó Beltrán.
Su recaudación fiscal, por ejemplo, está entre las más bajas de América Latina, afectando «su capacidad para proporcionar servicios y derechos a la población», indicó.
El drama de los niños emigrantes ha obligado a mirar el problema de la seguridad, estimó Ruelas. «Necesitamos una seguridad humana, que recupere los espacios públicos para los ciudadanos y ciudadanas».
«Cuando la ciudadanía tiene el control del territorio porque es custodiada y apoyada –no vigilada— por la fuerza pública, tiene mayor oportunidad de generar una vida comunitaria más pacífica», concluyó.
Una definición flexible de refugiado
Treinta años atrás, mientras América Central estaba hundida en guerras civiles y dictaduras, la Declaración de Cartagena amplió el concepto internacional de refugiado.
Así se abarcó a quienes huyen de sus países porque sus vidas, seguridad o libertad peligran «por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público».
En 2004, los países latinoamericanos adoptaron un plan de acción y un programa regional de reasentamiento.
En julio de este año, los gobiernos de América Central y México discutieron en Nicaragua cómo enfrentar el desplazamiento forzado que están provocando las mafias. La protección de los migrantes vulnerables debe descansar en el principio de responsabilidad compartida de todos los estados, acordaron.
Un nuevo plan latinoamericano sobre refugio, asilo y apatridia para la próxima década se adoptará en diciembre, en una reunión que conmemorará en Brasil el 30 aniversario de la Declaración de Cartagena.
