Organizaciones internacionales que defienden a personas perseguidas por filtrar a la prensa información sobre iniciativas o sucesos que gobiernos o grandes corporaciones quieren mantener en secreto, conocidos a estos efectos como whistleblowers, han acusado al Gobierno español de falta de «compromiso político» y aseguran que la nueva ley aprobada en España será «desastrosa para los denunciantes», informa un boletín de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
El Senado español aprobó este 9 de febrero 2023, con un año de retraso, la Ley reguladora de la protección de las personas que denuncian infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, remitida desde el Congreso, que supuestamente debía incluir en la legislación española la Directiva comunitaria 2019/1937, sobre los denunciantes, enmarcada en los compromisos del Cuarto Plan de Gobierno Abierto 2020-2024.
Desde la organización Whistleblowing International Network (WIN) han enviado ya una carta a la Comisión Europea en la que alertan de que la trasposición española de la directiva europea de Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE no cumple con los mínimos estándares que obliga la directiva europea.
«La adopción de esta legislación defectuosa podría ser desastrosa para los denunciantes en España y Europa, donde una protección armonizada de los denunciantes es esencial en la lucha contra la corrupción, defendiendo el estado de derecho y la aplicación efectiva de la legislación de la UE», señala la carta firmada por Anna Myers, directora ejecutiva de WIN.
Las organizaciones internacionales Xnet, Whistleblowing International Network, Government Accountability Project, The Signals Network y Blueprint for Free Speech, todas expertas en la protección de los denunciantes, han advertido en un comunicado que el proyecto de ley podría ser «desastroso para los denunciantes e incluso inexpugnable ante la UE» y acusan al gobierno de falta de «compromiso político serio» para transponer la Directiva de la UE.
Entre los defectos que organismos internacionales señalan en la redacción de la ley española están que solo contempla la denuncia de hechos «graves y muy graves», que los denunciantes solo están protegidos de facto si siguen los canales oficiales, que la ley no protege a aquellos que divulguen información que ya está en el registro público, que no elimine la responsabilidad penal de los informantes, que no proteja a los intermediarios (como las ONG expertas) necesarios en la mayoría de los casos, que no establezca requisitos técnicos para los sistemas de información o que La Autoridad Independiente de Protección de Denunciantes tenga poderes de investigación demasiado amplios sin un mandato judicial y sin forma de apelar sus decisiones.
La ley de protección del denunciante, que legisla sobre un reclamo continuo en materia de libertad de información en el Estado desde hace años, tiene que pasar de nuevo por el Congreso para su tramitación final con las modificaciones propuestas por el Senado.
