El asesinato de periodistas y cambiantes formas de censura muestran que aún se mantienen bajo asedio las libertades de expresión y de información en América Latina, en particular en los países de mayor efervescencia social y polarización política, informa Humberto Márquez[1] (IPS) desde Caracas.
El periodismo «mantiene un papel central en el trabajo por la democracia en la región, aunque sufre prácticas de persecución contra medios, periodistas y activistas políticos y sociales, las cuales contradicen los acuerdos hemisféricos por los derechos humanos», dijo a IPS el uruguayo Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ese asedio «es muy preocupante en países con crisis políticas que llevan a amenazas contra el periodismo, con actividades de los Estados o de diversos grupos para reprimir, restringir o silenciar a la prensa libre», señaló Natalie Southwick, coordinadora del programa latinoamericano en el no gubernamental Comité para Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.
Al CPJ «le preocupan casos como la persecución de medios y periodistas en Guatemala y Nicaragua, la lucha electoral que se polariza en Brasil, la crisis humanitaria, represión y censura en Venezuela, la violencia mortal e impunidad en México, y los peligros para periodistas en la Colombia postacuerdo de paz», dijo Southwick a IPS desde la ciudad estadounidense.
México, que hasta julio vivió una campaña electoral manchada por la violencia, ha visto morir asesinados a ocho periodistas en lo que va de 2018 (doce en 2017). El más reciente fue Javier Rodríguez Valladares, de 28 años, muerto a tiros en plena calle en Cancún, en el sureste del país, mientras entrevistaba con su cámara a un artesano del lugar, quien también fue asesinado.
Sandra Patargo, activista de la mexicana Red Rompe el Miedo, informó de que documentaron 146 agresiones a periodistas durante la campaña. «Solo el día de la elección (1 de julio) hubo 32. Y el índice que impunidad en la violencia contra periodistas es de 99 por ciento», señaló.
Por su parte, la red contra la violencia NVALabs registra «un aumento generalizado de la violencia en México, pero en el caso de las mujeres periodistas este crecimiento es alarmante, está en el entorno de 20 por ciento anual e involucra una doble agresión: por periodista y por mujer», según dijo la fundadora de la organización Luisa Pérez Ortiz.
Hay periodistas y medios acosados o intimidados por su cobertura de la crisis institucional en Guatemala y la social en Honduras, dijo Lanza, aunque el caso más serio en América Central este año ha sido la peligrosa cobertura de la rebelión social en Nicaragua.
El 21 de abril, al despuntar la ola de protestas y represión que en cinco meses ha cobrado centenares de vidas nicaragüenses, fue muerto de un disparo en la cabeza el periodista Miguel Ángel Gahona, mientras filmaba un enfrentamiento entre manifestantes y policías en la localidad de Bluefields, en la costa atlántica de su país.
Un mes antes, en la frontera entre Colombia y Ecuador fueron secuestrados y asesinados -por un grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- tres integrantes de un equipo periodístico del diario El Comercio de Quito.
También este año murieron a manos de pistoleros cuatro periodistas de radio, en distintos estados de Brasil. Un rasgo común es que en sus programas ventilaban casos de corrupción que implicaban a políticos de sus regiones.
Southwick saludó que, aún con estos casos, el asesinato de periodistas ha disminuido en países que en años anteriores fueron muy violentos, como Colombia, Honduras y Brasil.
«Sin embargo, las cifras pueden analizarse con más profundidad, si pensamos que en algunas regiones no hay más violencia porque por la inseguridad han disminuido las coberturas», reflexionó.
Los ciberataques
Ese clima de persecución y asedio en que se desenvuelven muchos medios tradicionales ha comenzado a alcanzar a los digitales, que según señala Lanza «se han mantenido algo más fuera del alcance de las estrategias de control o interferencia de algunos estados».
El crecimiento de herramientas digitales «ha sido una gran oportunidad para periodistas y medios que buscan expandir sus formas de contar historias, pero también para gobiernos y otros actores para tratar de limitar, controlar y censurar a la prensa», observó Southwick.
Esos controles desde el poder se realizan «a través de tácticas como el hackeo de cuentas, ataques contra páginas web y, en casos como México, el monitoreo de periodistas con herramientas como ‘spyware’ (programa espía) «, detalló.
Esos programas recopilan información de una computadora y la transmite a una entidad externa sin el conocimiento o el consentimiento del propietario del computador.
«Operan también estrategias para criminalizar el uso de las redes sociales, como la Ley contra el Odio en Venezuela o Contra el Terrorismo en Nicaragua, utilizadas para vigilar las redes sociales y detener a personas que envían mensajes satíricos o críticos», agregó por su parte Lanza desde Washington, sede de la CIDH.
Un ejemplo de estas actuaciones es la del caso de El Pitazo, un medio digital de investigación y noticias de Venezuela, que ha sido víctima de «hackeo» y denegación de servicio (DOS, por sus siglas en inglés) desde hace más de un año, denunció a IPS su director, César Batiz: «Y todo parece indicar que se trata de gente ligada al gobierno con la complicidad del sector privado proveedor de servicios de internet», agregó.
Con los ciberataques, El Pitazo ha visto disminuir sus usuarios cotidianos, de 70.000 hace un año a 12.000 en la actualidad.
«Los picos culminantes de esos ataques se registraron en septiembre de 2017 y abril de 2018, cuando publicamos informes sobre la detención en Estados Unidos, como testaferros para corruptelas multimillonarias, de familiares de altos cargos» en la estructura de poder en Venezuela, subrayó Batiz.
Viento a favor
Southwick consideró que «hay señales positivas en el mundo de los derechos del periodismo en América Latina. Sentencias y juicios por el asesinato de periodistas como Jaime Garzón (1999) y Flor Alba Núñez (2015) en Colombia, y Pablo Medina (2014) en Paraguay y Brasil, apuntan contra el ciclo de impunidad, aunque quede mucho por hacer».
«En Ecuador bajo el presidente Lenín Moreno hemos visto cambios enormes en la relación entre el gobierno y los medios, y esperamos cambios en la Ley orgánica de Comunicación», sostuvo la activista del CPJ.
Según Lanza «el Cono Sur, sin perjuicio de la polarización política que allí se vive, está en una línea bastante consistente en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información».
Además «hay una buena evolución en casos como Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, y son muy positivos los cambios que hace Ecuador, pues el presidente Moreno ha abandonado la organización del aparato estatal para controlar la información», como sucedía con su predecesor, Rafael Correa (2007-2017).
«Cuando uno pone la lupa, encuentra problemas», pero «en general la región se inclina hacia los estándares internacionales de democracia con libertad de expresión», concluyó Lanza.
En Venezuela, la prensa agoniza
De los 134 periódicos impresos que circulaban en Venezuela hace cinco años, en septiembre de 2018 solo quedan 60, apenas la mitad son diarios, reducidas sus páginas, sus días de circulación y los ejemplares vendidos, según un estudio de Espacio Público, organización no gubernamental dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
«Esa reducción no se debe a la cruzada de cambios en la industria periodística que recorre el mundo, sino al monopolio del Complejo Editorial gubernamental para la importación y cupos de asignación de papel periódico», advirtió a IPS el director de la organización, Carlos Correa.
La medida ha traído como consecuencia el cierre y pérdida de empleos, al quedar solo en formato digital, de diarios emblemáticos de algunas regiones, como el centenario El Impulso de Barquisimeto, y que algunos estados no cuenten con periódico impreso alguno.
Correa sostiene que la agonía de los impresos es una de las tres carencias del periodismo actual para poder reflejar lo que acontece ante los venezolanos. Otra es el ataque, bloqueo y restricciones sobre el espacio digital, «de una manera cada vez más amplia y sofisticada, y que va desde la degradación de la calidad de internet hasta la responsabilidad estatal directa en la denegación del servicio y falta de protección para los nombres y dominios en la web».
Una tercera traba estaría en la persecución sobre las fuentes informativas, como médicos que declaran y muestran imágenes sobre el mal estado de los hospitales, manifestantes, activistas o investigadores que denuncian corrupción o mala calidad en los servicios públicos, e incluso de usuarios de redes sociales que pueden ir a la cárcel en aplicación de una controvertida Ley contra el Odio elaborada por la exclusivamente progubrnamental Asamblea Nacional Constituyente.
- Edición: Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
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+ Los periodistas de América Latina se ven forzados a salir a las calles para reclamar respeto para la libertad de expresión, como estos que demandan en Caracas: ¡Basta de abusos contra la prensa! Crédito: Humberto Márquez/IPS (https://c2.staticflickr.com/2/1930/44814697341_949b76825b_o.jpg)
+ Libertad de expresión – Cobertura especial de IPS (http://www.ipsnoticias.net/noticias/tematicas/derechos-humanos/libertad-de-expresion/)
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