Eduardo Madroñal Pedraza[1]
Con retransmisión en directo, el juicio a los dirigentes independentistas acusados de llevar adelante el 1-O y proclamar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña está concentrando, de forma destacada, la atención mediática y política. Pero parece que lo importante solo es determinar si hubo violencia o no, si hubo rebelión o no.
Por ello, se analiza si una clase política representada por Mas, Puigdemont y Junqueras, se unió de forma oportunista a la ola independentista y “se les acabó yendo de las manos” y chocando con el Estado; o si la élite independentista solo buscaba forzar la situación para obligar al gobierno central a negociar un referéndum soberanista.
Ninguna de estas dos explicaciones se corresponde con la realidad. El procés no “nació desde la sociedad civil”, sino que nació en el seno de una selecta y poderosa élite. Nunca persiguió el objetivo de convocar un referéndum de autodeterminación, sino desgajar –por la vía de los hechos consumados– a Cataluña del resto de España. Y no siguió un camino atolondrado, sino una cuidadosa planificación urdida mucho tiempo antes del 1-O.
No son análisis políticos ni opiniones subjetivas. Son hechos corroborados. Por ejemplo, los documentos incautados por la Policía y la Guardia Civil en el curso de la “Operación Anubis” nos informan de la meditada hoja de ruta hacia la fragmentación.
Hay un informe de la multinacional alemana T-Systems donde se detalla que la empresa colaboró con la Generalitat, desde 2014; es decir, tres años antes del 1-O, para desarrollar un embrión estatal independiente, como son una Agencia Tributaria y una Seguridad Social, un DNI propio, el marco para una justicia independiente, el control del comercio exterior o el desarrollo del Cesicat, organismo de seguridad que iba a ser el embrión de los servicios de inteligencia catalanes.
Otro documento incautado a Lluis Salvadó (secretario de Hacienda en el gobierno de Puigdemont y una de las “manos derechas” de Junqueras en ERC), titulado “Activitats i mesures adreçades a la creació de l´Estat Català”, diseña la creación de una Hacienda catalana independiente. El documento cuantificaba en 19 000 millones de euros los recursos en propiedad del Estado que serían incautados al declararse la independencia.
Y también ha visto la luz el plan para crear una Seguridad Social catalana segregada, que controlara directamente las cotizaciones de 3,2 millones de contribuyentes, los pagos de 690 000 empresas y las pensiones de un millón de jubilados. El plan fue elaborado por la Conselleria de Treball utilizando la infraestructura del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) como pivote. Para llevar el proyecto a la práctica se contemplaba un “plan A”, con una “ruptura pactada”, pero también un “plan B”, con una “desconexión forzosa”.
Estos no son los planes de una comunidad que pretenda ampliar su autonomía. Ni siquiera los de un gobierno que esté batallando por la celebración de un referéndum de autodeterminación. Es el diseño de una élite que ya ha decidido que, por encima de la voluntad ciudadana, quiere imponer la independencia y ya ha tomado las medidas para ello.
El 1-O o la DUI no fueron espontáneos. Hubo una planificación que durante mucho tiempo preparó la “explosión rupturista”. Así lo revelan las anotaciones de Josep Maria Jové, secretario general del Departament d´Economia de la Generalitat: “Para hacer realidad la república catalana y llevar la nación catalana a la independencia hace falta generar un conflicto que bien gestionado pueda llevar a un Estado propio, comenzando de manera conservadora e incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado”.
Fue el mismo Jové –cual notario– quien anotó en su agenda las conclusiones de las reuniones del auténtico núcleo dirigente del procés, que diseñaron, con un calendario concreto, los acontecimientos que luego estallaron el 1-O. A este mismo selecto grupo pertenecía Lluis Salvadó, poseedor de un informe donde se detallaban las catorce estructuras de Estado que se debían desarrollar para poder hacer realidad una Cataluña independiente: desde una Hacienda catalana a un Ministerio del Interior y un Banco Central catalán.
Se debe recordar que la élite independentista, entre ellos los que se sientan en el banquillo de los acusados y los que huyeron para no estarlo, impulsó un proyecto que buscaba imponer la independencia por hechos consumados. Y pudieron hacerlo porque son una élite organizada que atesora el enorme poder que le proporciona el control del presupuesto autonómico o el enorme poder político y social de la Generalitat.
Que no consiguieran su objetivo no quiere decir que no lo tuvieran. La DUI fracasó porque hubo una resistencia no solo por parte del Estado, sino en primer lugar por parte de la mayoría social catalana, que rechazó –y rechaza– la fragmentación. Una resistencia que hizo imposible su aplicación.
Esta es la parte clave, y la que sorprendentemente queda oculta o es apenas mencionada, en los análisis del juicio del procés.
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Eduardo Madroñal Pedraza es profesor de instituto en España.
