El decreto del gobierno de Venezuela para controlar la información y «la actividad enemiga interna y externa» apela a conceptos de la doctrina de seguridad nacional, con la que se arroparon durante varias décadas dictaduras militares derechistas de América Latina, informa Humberto Márquez (IPS) desde Caracas.
El presidente izquierdista Nicolás Maduro estableció mediante ese decreto el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), que «solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la Nación, asociadas a la actividad enemiga interna y externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas».
Esas acciones se llevarán a cabo «según lo requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana» –figura que no existe en la Constitución ni en las leyes que organizan al Estado—, y las instituciones públicas o privadas «estarán en la obligación de aportar toda la información requerida por el Cesppa en el ejercicio de sus funciones», dice el decreto.
El organismo también «podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada en el Cesppa».
Como primer jefe del Cesppa, Maduro designó al mayor general Gustavo González López, excomandante de la Milicia Bolivariana, una fuerza que creó el fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013) para respaldar en labores de defensa interior al ejército, la marina, la aviación y la guardia nacional.
El Cesppa «trae resonancias, tanto por su carácter de potencial organismo censor como, más grave aún, de inteligencia, orientado a controlar a presuntos enemigos internos, de la doctrina de seguridad nacional imperante en la región entre las décadas del 70 y del 80», dijo a IPS el politólogo argentino Andrés Serbin.
También «es altamente preocupante que sobre el Cesppa no se prevea ningún tipo de control de la ciudadanía o de instituciones civiles, incluyendo el parlamento, y que su primer director sea un militar», observó Serbin, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, fundada en Managua en 1982 y con sede en Buenos Aires.
La doctrina de la seguridad nacional «mantuvo la idea de que, a partir de la seguridad del Estado, se garantizaba la de la sociedad. Una de sus principales innovaciones fue considerar que para lograr este objetivo era menester el control militar del Estado. Otra, la sustitución del enemigo externo por el enemigo interno», ha apuntado Francisco Leal, profesor titular de ciencias políticas en la colombiana Universidad de Los Andes.
Esa doctrina fue parte de la estrategia estadounidense para combatir el comunismo en América después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), según el historiador Edgar Velásquez, de la también colombiana Universidad del Cauca.
Mediante ella, Washington «consolidó su dominación sobre los países de América Latina, enfrentó la Guerra Fría, fijó tareas específicas a las Fuerzas Armadas y estimuló un pensamiento político de derecha en países de la región», apuntó Velásquez en el artículo «Historia de la Doctrina de la Seguridad Nacional», publicado en 2004 en la revista Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nariño, Colombia.
Una de sus características fue la instrucción represiva que militares y policías latinoamericanos recibieron en la Escuela de las Américas, que Estados Unidos tenía en Panamá.
La ola democratizadora que se abrió en la región a partir de la segunda mitad de la década de 1980 puso en cuestión esta doctrina. Pero no ha habido reformas profundas de las Fuerzas Armadas. Y, nuevamente al influjo de Washington, estas han seguido ocupándose de la seguridad interna en varios países, esta vez contra el ubicuo enemigo del narcotráfico y la criminalidad.
En ese derrotero «subsiste el riesgo de que, de una manera subterránea y no visible, re-emerja la doctrina de la seguridad nacional en el acontecer latinoamericano», indica un ensayo sobre su impacto en el derecho penal de la región, escrito por el jurista Mario Zamora, actual ministro de Seguridad Pública de Costa Rica.
Bajo el paraguas de esa doctrina, militares al frente de dictaduras derechistas reprimieron como «enemigos internos» a sus opositores políticos, con decenas de miles de muertos, desaparecidos y torturados en varios países.
Venezuela se mantuvo ajena a esas corrientes. Y, desde 1999, tiene gobiernos que se reivindican de izquierda y en busca de un socialismo del siglo XXI, primero con Chávez y luego con Maduro.
La creación del Cesppa se da en un contexto de reiteradas denuncias de autoridades sobre presuntos actos de sabotaje en el sistema eléctrico y en la economía. El 30 de septiembre, el presidente Maduro ordenó expulsar a tres diplomáticos estadounidenses a los que vinculó con estos hechos y con la «extrema derecha» venezolana.
Portavoces del gobierno y del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) guardan silencio sobre el Cesppa desde que se publicó el decreto, el 7 de octubre.
IPS inquirió sin éxito a varios parlamentarios del PSUV, incluidos dos integrantes de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, que se excusaron de comentar la materia del decreto hasta «estudiarla con mayor profundidad».
El Cesppa se define como «ente rector y articulador de las políticas de trabajo de las instituciones responsables de la Seguridad, Defensa, Inteligencia y Orden Interno, Relaciones Exteriores y otras que tengan impacto en la seguridad de la Patria, a fin de suministrar información oportuna y de calidad al Presidente de la República».
Para Rocío San Miguel, directora del no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, «este organismo tiene entre sus objetivos convertir a unos ciudadanos en vigilantes y ‘sapos’ (delatores) de los otros».
«Todas las entidades y personas quedan obligadas a suministrar la información que el Cesppa requiera sobre prácticamente cualquier materia», dijo a IPS. «Y el decreto no ha reparado en pautas constitucionales como que solo una ley puede establecer normas para la clasificación y reserva de documentos oficiales», añadió San Miguel.
La Alianza por la Libertad de Expresión, que reúne a organizaciones de periodistas y de activistas por los derechos civiles, reclamó «la derogatoria inmediata del decreto», pues «contradice las garantías constitucionales de derecho a la información y prohibición de la censura».
Para Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, «lo más grave es la noción de ‘enemigo interno’, pues bajo esa etiqueta quedaría cualquier venezolano crítico u opositor al gobierno».
Esa definición «antes se usaba como expresión retórica con una lógica belicista», comentó. «Pero ahora aparece en un decreto presidencial, de manera normativa».
