En los primeros días del gobierno, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentó a una grave crisis humanitaria, heredada de la administración anterior: la muerte y la miseria que plagaron a los indios yanomami, sometidos a cuatro años de falta de asistencia en varias dimensiones, se sumaron al empeoramiento de las invasiones de la minería ilegal.
La relación de Lula y los pueblos indígenas fue notable en los primeros cien días de gestión, informa Agencia Brasil, porque el presidente necesitó dar más respuestas de las que imaginaba y en mucho menos tiempo, y si bien la creación de un ministerio exclusivo para los intereses de los pueblos indígenas era una promesa de campaña, el genocidio Yanomami exigía una reacción rápida del nuevo gobierno.
Un nuevo ministerio
En la tercera administración de Lula, los pueblos indígenas obtuvieron un ministerio y adquirieron un nuevo nivel de importancia en la administración pública. También ganaron la batalla de vocabulario, que actualmente requiere más atención. Ya no aceptan ser llamados «indios» como han hecho públicamente durante mucho tiempo los líderes políticos, y la Fundación Nacional India cambió su nombre a Fundación Nacional para los Pueblos Indígenas (Funai ), ya en el primer día de oficina de Lula, a través de la publicación de la Medida Provisional No. 1,154.
La asimilación de los reclamos del movimiento indígena llegó rápidamente, ya que sus principales líderes, Sonia Guajajara y Joênia Wapichana, están a la cabeza del Ministerio de Pueblos Indígenas y Funai, cuya misión es dedicarse a ellos exclusivamente. Joênia es la primera mujer indígena en asumir la autarquía.
Crisis yanomami
El 21 de enero 2023, el presidente Lula y el ministro Silvio Almeida estaban en Roraima, en un séquito formado para acompañar las acciones del gobierno federal en la Tierra Indígena (TI) Yanomami. A fines de enero a febrero, una delegación de la cartera fue nuevamente al sitio. Además de las reuniones con los líderes, los representantes se reunieron con el gobernador de Roraima, Antonio Denarium, en Boa Vista.
El 30 de enero, el gobierno federal lanzó, a través del ministerio, un informe preliminar sobre los derechos de los yanomami violados por la administración anterior de Bolsonaro. La cartera de Derechos Humanos y Ciudadanía también solicitó a la cartera de Justicia y Seguridad Pública que refuerce las medidas para proteger las aldeas y los líderes de Boa Vista, que se traduciría en el envío de agentes de la Fuerza Nacional. La ayuda al Yanomami se extendió a la capital de Roraima.
Funai estuvo, durante este período, en contacto con el grupo interministerial que llevó a cabo el paquete de medidas de emergencia en TI Yanomami, definiendo, por ejemplo, la logística de distribución de alimentos.
En su balance general, el Comando Operativo Conjunto de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), destacó que, en sesenta días de operación, entregó más de trescientos mil kilos de alimentos en el territorio de Yanomami. La fundación también tomó la iniciativa de solicitar, en una visita al Congreso Nacional, un crédito extraordinario para acciones en TI Yanomami.
Combatir la minería ilegal
El movimiento indígena también entendió que era esencial combatir la minería ilegal y la intrusión de los mineros en el territorio. Para ellos, esto significa eliminar el mal de la explotación depredadora, que ha golpeado el sitio durante décadas, a pesar de la demarcación. El Consejo Indígena de Roraima (CIR) informó a principios de febrero de que al menos treinya jóvenes yanomami estaban embarazadas de mineros, después de ser víctimas de violación.
Por esta razón, Funai se unió al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), la Fuerza Nacional y el Ministerio de Defensa, para garantizar el esquema de seguridad para el yanomami y moxihatëtëa, personas en aislamiento voluntario que están en TI y en febrero de este 2023 se ubicaron a menos de quince kilómetros de un punto minero. La salida de los prospectores fue ordenada por el gobierno federal, que incluso ordenó a la Fuerza Aérea que cerrara el espacio aéreo de Yanomami. Ibama y la Fuerza Nacional instalaron una base de control en el río Uraricoera para evitar el flujo de suministros a las minas.
Además, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, ordenó el 23 de enero una iniciativa policial para investigar el delito de genocidio y delitos ambientales. El Ministerio Público Federal (MPF) confirmó, una semana después, el apertura de la investigación.
A fines de febrero y principios de marzo, la Unión de Pueblos Indígenas de Vale do Javari (Univaja) recibió en su sede en North Atalaia (AM), un séquito con representantes del gobierno federal y las fuerzas de seguridad. El propósito de la reunión fue fortalecer la presencia de las autoridades públicas en la región, donde existe la mayor concentración de pueblos indígenas aislados del país y donde Bruno Araújo Pereira y el periodista británico Dom Phillips fueron asesinados en junio de 2022.
Tal como lo hizo el MDHC con la persecución de la dictadura, Funai rectificó una versión que el gobierno anterior construyó sobre el asesinato de Dom y Bruno.
La aparición, a mediados de marzo, del presidente Lula y Joenia Wapichana, ante la 52 Asamblea General de Pueblos Indígenas de Roraima, en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima, era una señal de cómo el gobierno consulta a las comunidades nuevamente antes de decidir cualquier dirección.
El gobierno también completó el censo en territorio yanomami. El último día 3, IBGE actualizó el número total de personas registradas, en TI Yanomami, a 27.144.
Marzo terminó con un acto celebrado por el movimiento indígena. El 31, Lula hizo oficial la solicitud de retirar el proyecto de ley (PL) 191/2020 de la Cámara de Diputados. Escrito por el gobierno de Bolsonaro, la propuesta tenía la intención de liberar la minería, la generación hidroeléctrica, la exploración de petróleo y gas y los agronegocios en los territorios indígenas.
Cinco días después, el Presidente de la República emitió una Medida Provisional para asignar nuevos recursos a cinco ministerios, para acciones dirigidas a comunidades indígenas, en particular, los yanomami, debido a la crisis socioambiental a la que fueron sometidos. En la misma fecha, el presidente de Funai revocó la Resolución N ° 4, publicada en enero de 2021, que estableció criterios de heteroidentificación para evaluar la autodeclaración de identidad de los pueblos indígenas, considerado inconstitucional.
