Estados Unidos, Francia, Portugal, Bélgica y Países Bajos lideran el ranking de países importadores de madera ilegal de árboles de Ipe que está causando un daño grave e irreversible a la Amazonía, el bosque tropical más grande del mundo.
Así lo asegura un informe de Greenpeace Árboles imaginarios, destrucción real, que explica cómo el alto valor de la madera de Ipe en el mercado (una vez transformada en suelos y chapas de decoración, puede alcanzar hasta los 2500 dólares estadounidenses por metro cúbico) hace que sea muy rentable para los madereros ilegales penetrar hasta la profundidad de la selva. Algunos de los efectos provocados por este crimen ambiental ya son visibles, incluyendo una intensificación de la violencia en el medio rural brasileño, una creciente degradación del bosque, la destrucción de la biodiversidad y una mayor invasión de caminos ilegales [1].
Greenpeace ha analizado en detalle 586 documentos de autorización de tala expedidos por el Departamento del Medio Ambiente del estado de Pará (Brasil) entre 2013 y 2017. La densidad de los árboles de Ipe en estos documentos se comparó con documentos científicos y con los inventarios forestales de los bosques nacionales utilizados en las concesiones de Pará. El estudio mostró que el 77 % de esos inventarios registraron volúmenes de árboles de Ipe por encima de los niveles identificados por las investigaciones científicas recientes. En algunos documentos, la “sobreestimación” de la densidad de árboles de Ipe llega a ser diez veces superior a la densidad natural aceptada como probable por los científicos.
“En la actualidad, es casi imposible garantizar que la madera de la Amazonía brasileña procede de operaciones legales y mucho menos de operaciones que no violan los derechos humanos o las leyes ambientales. Brasil necesita urgentemente mejorar la gobernanza en el sector forestal y un sistema capaz de garantizar que toda la madera talada en la selva amazónica se extraiga legalmente y teniendo plenamente en cuenta los derechos de sus pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales“, ha declarado Romulo Batista, portavoz de Greenpeace Brasil.
El informe revela que:
- La tala ilegal de árboles de Ipe se ve facilitada por las debilidades en el proceso de autorización de los planes estatales de gestión forestal, uno de los primeros pasos en el proceso de extracción legal de madera. La investigación de campo realizada por Greenpeace en el suroeste del estado de Pará demostró que, al identificar árboles sin interés comercial como especies comercialmente valiosas, sobreestimar los volúmenes de árboles valiosos o simplemente enumerar especímenes inexistentes, los ingenieros forestales corruptos pueden falsificar los inventarios forestales y, por consiguiente, permitir la acumulación de permisos de tala fraudulentos.
- En función de estos permisos contenidos en los planes de manejo falsificados, las agencias estatales emiten posteriormente otros permisos para el aprovechamiento y transporte de esta madera inexistente. Estas autorizaciones de tala y transporte se pueden usar para “cocinar los libros” de los aserraderos que procesan árboles talados ilegalmente en tierras indígenas, áreas protegidas o tierras públicas.
- Estados Unidos es el país que más madera de Ipe ha importado procedente de los planes de gestión forestal con indicios de ilegalidad. Desde marzo de 2016 hasta septiembre de 2017, 37 empresas estadounidenses importaron 10.170 metros cúbicos de madera de Ipe (todas las empresas figuran en el informe). Francia ocupa el segundo lugar en la lista, seguido de Portugal, Bélgica y los Países Bajos. En total, 11 países de la UE importaron 9.775 metros cúbicos de madera de Ipe de áreas en riesgo.
- España: el informe cita tres empresas, entre las que destaca la empresa gallega López Pigueiras S.A. por haber importado grandes cantidades de madera de Ipe procedentes de planes de gestión forestales cuyos inventarios tenían una alta sobrestimación de la densidad de árboles de Ipe. Esta compañía ha sido citada ya en tres ocasiones en los últimos informes de Greenpeace por comercializar madera procedente de empresas vinculadas con la tala ilegal y el fraude documental (2).
“Este caso reafirma la sensación de que Galicia es una de las principales puertas de entrada de madera de origen ilegal al mercado español”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España. “Es obvio que la documentación oficial que acompaña a los cargamentos de madera tropical brasileña no garantiza el origen legal de la madera. Y es obligación de la Dirección General de Ordenación y Producción Forestal de la Xunta de Galicia establecer los controles necesarios para garantizar que las empresas importadoras están realizando la debida diligencia para evaluar a sus proveedores y minimizar los riesgos de comerciar con madera ilegal. ¿Está haciendo su trabajo? Evidentemente, no”.
Desidia e inacción de las autoridades y de las empresas
Los principales estados productores de madera en la Amazonía brasileña (Mato Grosso, Pará y Rondônia) carecen de un sistema integrado de autorizaciones y control forestal, lo que dificulta hacer frente a los fraudes. Al mismo tiempo, las empresas importadoras en Estados Unidos y la Unión Europea se están mostrando reacias a adoptar sus legislaciones, que les obligan a mitigar el riesgo de que su cadena de suministro se contamine con madera ilegal de Brasil.
A pesar de los cuatro informes publicados por Greenpeace Brasil desde 2014 [3] en los que se señala la insuficiencia de la documentación oficial como garantía del origen legal de la madera amazónica, el proceso de concesión de autorizaciones para los planes de gestión forestal en el estado de Pará sigue teniendo graves deficiencias.
Greenpeace hace un llamamiento al Gobierno brasileño y a las autoridades de los estados productores de madera de la Amazonía para que revisen todos los planes de manejo forestal y suspendan todos aquellos que muestren evidencia de fraude en sus inventarios forestales. Es necesario que implementen un sistema transparente y centralizado, integrado con los sistemas estatales de autorizaciones forestales, y monitoreen la cadena de custodia, registrando las identidades de las empresas que compran y venden madera a nivel nacional y rechazando automáticamente el envío de documentos que muestren evidencia de las prácticas de fraude más habituales.
Para llamar la atención sobre el problema e involucrar a la ciudadanía en todo el mundo, Greenpeace Brasil ha hecho público hoy un juego online titulado ‘Crime in the forest’, una plataforma interactiva donde cualquiera puede jugar e investigar los fraudes reales en los planes de manejo forestal de Brasil y enviar alertas a las autoridades brasileñas, reclamando su reacción ante el problema.
Más información:
- El pasado 8 de febrero, Greenpeace España puso en conocimiento de la Xunta de Galicia el caso reciente de un importador gallego que ha introducido una partida de madera de Ipe procedente de un aserradero involucrado en una masacre de colonos en Mato Grosso. Meses antes, en noviembre de 2017, Greenpeace Brasil hizo público el informe ‘Madera manchada de sangre: violencia y robo de madera amazónica’, donde denuncia cómo la tala ilegal en la Amazonía es uno de los principales motores de la violencia en la región.
- En junio de 2015, y tras haberlo denunciado en dos ocasiones durante 2014, Greenpeace señaló nuevamente a López Pigueiras S.A. por trabajar con empresas madereras en Brasil implicadas en el fraude y el blanqueo de madera talada ilegalmente.
- Aquí se pueden consultar informes anteriores de Greenpeace Brasil: La crisis silenciosa del Amazonas(mayo de 2014), La crisis silenciosa del Amazonas: pesadillas nocturnas (octubre de 2014), La crisis silenciosa del Amazonas: licencia para lavar madera (junio de 2015) y La crisis silenciosa del Amazonas: socios en el crimen (noviembre de 2015) .
