Luego de tres horas de trámites, la salvadoreña Katy Rodríguez, deportada desde Estados Unidos, por fin abandonó las instalaciones gubernamentales migratorias y junto a su pequeño hijo se fundió en abrazos con familiares que los esperaban afuera, informa Edgardo Ayala [1] (IPS) desde San Salvador.
Rodríguez y su pequeño, de tres años, recién se han reencontrado este jueves 28 de junio de 2018, justo antes de que ella fuera enviada de regreso a su natal El Salvador. Es originaria de Chalatenango, en el central departamento del mismo nombre.
La madre, de 29 años, y su pequeño pasaron más de cuatro meses separados tras ser detenidos el 19 de febrero, después de ser interceptados sin documentos en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, a donde ingresaron desde la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa.
«Ha sido feo, muy feo, todo lo que hemos pasado, mi hijo por un lado y yo por otro», dijo Rodríguez, en breves declaraciones a IPS antes de abordar un automóvil de sus familiares, afuera del Centro de Atención al Migrante, donde llegan los salvadoreños deportados tanto de Estados Unidos como de México.
Ella podía solicitar asilo, se le informó, pero eso implicaba pasar más tiempo sin su hijo, y por esa razón prefirió pedir la deportación. «Sentí una alegría inmensa cuando por fin me entregaron a mi niño», contó mientras en su fatigado rostro se esbozó una tenue sonrisa.
La madre permaneció en un centro de detención de las afueras de la ciudad de San Antonio, en el sur de Texas, mientras que su hijo fue enviado a un refugio infantil en la muy lejana ciudad de Nueva York, como consecuencia de la política de «Cero Tolerancia», impuesta en abril por la administración de Donald Trump.
El drama vivido por Rodríguez y su hijo es el mismo que han sufrido miles de familias, la mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, detenidas y separadas en la llamada frontera sur, después que Trump puso en marcha esa medida para, en teoría, contener el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos.
Según la salvadoreña Dirección General de Migración y Extranjería, entre el 1 de enero y el 27 de junio fueron deportados, solos o acompañados, 39 menores de edad desde Estados Unidos, 1020 desde México y otros cinco desde otras ubicaciones. Ese total de 1064 es ampliamente inferior a los 1472 devueltos en el primer semestre de 2017.
Hasta ahora, del total de 2500 niños alejados de sus padres o acompañantes en la frontera sur de Estados Unidos desde abril, poco más de 2000 están aún recluidos en centros de detención y albergues en ese país, según reportes periodísticos y de organismos de derechos humamos.
Ello pese a que el mandatario estadounidense firmó un decreto, el 20 de junio, con el que puso fin a las separaciones familiares.
Imágenes de niños encerrados en especie de jaulas metálicas, llorando y pidiendo ver a sus padres, difundidas por medios de comunicación, han causado indignación internacional por el trato inhumano recibido.
«La detención de niños y niñas y la separación de familias es equiparable a la práctica de tortura bajo la ley internacional y la propia legislación de Estados Unidos. Hay una intención de infringir un daño por parte de la autoridad para coaccionar una conducta», señaló a IPS desde Ciudad de México la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
En el avión que devolvió al país a Rodríguez venían 132 migrantes deportados, entre ellos una veintena de mujeres, quienes contaron a IPS los abusos y violaciones a los derechos humanos recibidos en esos centros de detención.
Carolina Díaz, de 21 años, quien trabajaba en una empresa maquiladora antes de migrar a Estados Unidos, narró a IPS que la mantuvieron por un día y medio en la que los indocumentados llaman «la hielera», en la ciudad texana de McAllen.
La hielera es una habitación extremadamente fría debido a que, a propósito, los guardias suben el aire acondicionado al tope, como una forma de castigo «por haber cruzado la frontera sin papeles», contó Díaz, oriunda de Ciudad Arce, en el central departamento de La Libertad.
«Uno se muere del frío ahí, sin nada para protegerse», agregó la joven, quien dijo que decidió migrar «debido a la situación económica, buscando un mejor futuro».
Para dormir, lo único que le dieron fue un trozo de papel aluminio, aseguró. Otra mujer, que no quiso identificarse, dijo a IPS que a ella la mantuvieron en la «hielera» durante nueve días, sin saber exactamente por qué.
Díaz pasó además otro día y medio en «la perrera», como le llaman a las celdas o jaulas metálicas en cuyo interior encierran a decenas de indocumentados.
«Cuando estuve en la perrera, los guardias se burlaban de nosotros, nos tiraban la comida como que éramos perros, una comida que casi siempre eran panes con mortadela chuca (descompuesta)», aseveró.
Díaz señaló que en el centro de McAllen, al igual que en otro similar, en Laredo, también en Texas, vio a muchas madres que habían sido separadas de sus hijos e hijas, y las vio llorar sin consuelo por ello: «Las mamás estaban traumadas por el dolor de la separación», dijo.
Guevara, de Amnistía Internacional, acotó que el decreto de Trump no cesa las separaciones sino que solo las pospone y además las familias seguirán siendo detenidas, como núcleos, incluidas las que buscan asilo: «El decreto del presidente del 20 de junio no dice qué va a hacer con los más de 2000 niños y niñas ya separados, en una situación de desorden que está generando otras violaciones a los derechos humanos», describió.
Entre esas otras violaciones están el no notificar a los padres o a los tutores cuando los menores son trasladados a otros centros. Añadió que Estados Unidos ha creado el sistema de detención migratoria más grande del mundo, y actualmente operan 115 centros con al menos 300 000 detenidos alli cada año.
En tanto, Marleny Montenegro, sicóloga del programa Migraciones, del no gubernamental Equipo de Estudios y Acción Psicosocial de Guatemala, explicó que los niños y niñas detenidos y separados de sus padres sufren de depresión, miedo, ansiedad y angustia, entre otros traumas sicológicos.
«Les es afectada la capacidad de confiar, inseguridad y tienen dificultades para la reintegración comunitaria y para poder comunicar sus sentimientos y pensamientos», señaló Montenegro a IPS desde la capital guatemalteca.
El avión con los indocumentados retornados arribaron a El Salvador en la misma jornada que el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, se reunía en Guatemala con el presidente de esa nación, Jimmy Morales; con el de Honduras, Juan Orlando Hernández, y con el de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.
El propósito de Pence, en el encuentro del jueves 28, fue obtener el compromiso de los tres gobiernos de que adoptarán políticas que eviten la migración hacia su país. Según sus cifras, en lo que va de año han llegado a su país 150 000 personas centroamericanas, y esa migración irregular «tiene que parar».
En un comunicado conjunto, al final de lo que calificaron como «diálogo franco» con Pence, los tres mandatarios centroamericanos manifestaron su disposición a trabajar de forma conjunta con Estados Unidos en acciones que prioricen el bienestar de los niños y adolescentes, la unidad familiar y el debido proceso.
También resaltaron la importancia de trabajar de forma coordinada para informar a los connacionales sobre los riesgos que conlleva la migración irregular y el combate de las redes de trata y tráfico de personas.
- Edición: Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
