Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al Rey Juan Carlos, para hacerle llegar las preocupaciones de la organización en materia de derechos humanos sobre Marruecos, con motivo de la visita que el monarca hace a este país hasta el 17 de julio próximos.
Las violaciones de derechos en el Sáhara Occidental, las restricciones a la libertad de expresión y manifestación; y los casos de tortura y malos tratos, así como la persistencia de la violencia hacia las mujeres son algunos de los asuntos que la organización sugiere que se incluyan en la agenda de trabajo.
Amnistía Internacional confía en que el Rey español transmita estas preocupaciones a su homólogo marroquí y contribuya de esta manera a la mejora de la situación de derechos humanos en el país vecino. Asimismo, la organización ha puesto en marcha una ciberacción dirigida al Ministro Margallo para recordar a las autoridades españolas que la crisis económica no puede ser excusa para hacer de la política exterior española una herramienta orientada exclusivamente a la búsqueda de acuerdos comerciales e inversión empresarial, sino que los derechos humanos deben estar en el centro de la misma.
Preocupaciones de Amnistía Internacional
La organización lleva tiempo mostrando preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas en el Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf (Argelia). A menudo se reciben denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes saharauis, presunta tortura bajo custodia y restricción de la libertad de expresión, reunión y asociación. Asimismo, el estado de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf, controlados por el Frente Polisario, sigue siendo opaco. La reciente negación, en mayo pasado, de la posibilidad de incluir entre las funciones de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) la observación de los derechos humanos es una oportunidad perdida para mejorar la situación en la zona.
Amnistía Internacional también manifiesta su preocupación por la situación de la libertad de expresión, reunión y asociación en Marruecos. Las autoridades reprimen periódicamente a periodistas y otras personas críticas con la monarquía o las instituciones del Estado. Por ejemplo, en febrero de 2012, el estudiante Abdelsamad Haydour fue multado y condenado a tres años de prisión por “insultar al rey” en un vídeo de Internet. Otro ejemplo: desde 2011 permanecen detenidos decenas de activistas del Movimiento “20 de febrero”, que propugna reformas políticas.
Las fuerzas de seguridad también hacen un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestantes. En ocasiones, las personas detenidas tras las manifestaciones son juzgadas en circunstancias que no cumplen la normativa internacional. El caso más reciente es el de seis hombres procesados por “participación en concentración armada”, “agresión a funcionarios públicos” y “daños a bienes públicos”, tras protestar por la desmesurada subida de los precios de suministros básicos en un barrio obrero de esta ciudad. El Tribunal de Apelación de Marrakech ha confirmado las condenas de cárcel, pero, según Amnistía Internacional, en el juicio se vulneró el derecho a la defensa de los acusados y la condena se basó en “confesiones” conseguidas mediante tortura y malos tratos.
Continúan recibiéndose noticias sobre tortura y malos tratos. La detención de Mohamed Hajib, de doble nacionalidad marroquí y alemana, condenado a diez años de prisión por delitos de terrorismo en 2010, ha sido finalmente considerada arbitraria y Naciones Unidas ha pedido su liberación, denunciado que fue acusado sobre la base de una confesión obtenida, presuntamente, mediante tortura, cuando se encontraba en prisión preventiva y sin acceso a abogado. Hasta el momento, las autoridades no han investigado sus denuncias de tortura, ni tampoco las de los 25 civiles saharauis detenidos por los hechos de Gdim Izik en 2010 y que, a principios de 2013, fueron juzgados en tribunales militares, en procesos contrarios al derecho internacional. Naciones Unidas alertó en septiembre de 2012 que la tortura se utilizaba cuando las autoridades consideraban que la seguridad del Estado estaba amenazada. Añadió que, cuando se denuncian estas prácticas, pocas veces se procesa a los autores.
La lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres debe ser prioritaria. La organización destaca la reciente propuesta de modificar el artículo 475 del Código Penal (por el que se permite que los violadores eludan el enjuiciamiento si se casan con la víctima), pero considera que todavía son necesarias algunas reformas para acabar con la discriminación y la violencia hacia niñas y mujeres. Es indispensable modificar los artículos 475, 486, 490 y 496 del Código Penal de manera que se cambie la definición de violación, se reconozca la violación marital como delito específico, los refugios para mujeres que huyen de la violencia en el ámbito familiar no puedan sufrir sanciones penales y se despenalice las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo entre dos personas adultas. Además es necesario modificar otros artículos del Código Penal para proteger a las mujeres y niñas de la violencia y discriminación. También es imprescindible abordar unas actitudes sociales profundamente arraigadas que desembocan en la discriminación. Entre las medidas que la organización considera fundamentales se hallan impartir formación a la policía y al poder judicial sobre cómo abordar con sensibilidad las denuncias de violencia contra mujeres y niñas, y proteger a las propias víctimas, no su presunto honor o moralidad.
