El 24 de agosto de 2010 fueron encontrados 72 cuerpos de ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, México. Se descubrió que, en su mayoría, eran personas originarias de El Salvador, Honduras y Guatemala. Este caso, así como la ejecución de migrantes ocurrida en el mismo municipio en 2011, y en 2012 en Cadereyta, Nuevo León, es un reflejo de las graves violaciones de derechos humanos que sufre la población migrante en su tránsito por México.
El caso de San Fernando lleva ocho años sin resolverse[1]. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) acaba de hacer un llamamiento a las autoridades mexicanas para intensificar los esfuerzos que permitan la plena identificación de todas las víctimas, el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas. Asimismo, alientan a la coordinación entre las autoridades mexicanas con las de Guatemala, El Salvador, Honduras para reforzar su colaboración mutua y con las familias de las víctimas y sus representantes.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, reconoció hace unos días que “ha habido esfuerzos del Estado mexicano y avances en la identificación de los migrantes desaparecidos, con importantes aportes realizados por las y los expertos de sociedad civil y los familiares de las víctimas para el esclarecimiento de los hechos”. Estos esfuerzos conjuntos han dado como resultado la creación de la Comisión Forense, la Unidad de Migrantes de la Procuraduría General de la República y el Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes.
No obstante estos avances, después de ocho años, los familiares siguen buscando la verdad de lo ocurrido, justicia y reparación. Durante este tiempo han enfrentado irregularidades respecto a la correcta identificación y entrega de los cuerpos hallados, falta de coordinación entre los países centroamericanos y México, y dificultades para acceder a las copias de los expedientes y conocer el avance de las investigaciones.
Para cumplir con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, la ONU-DH alienta a las autoridades mexicanas a superar los obstáculos mencionados, en estrecha cooperación con las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes en el marco de la Comisión Forense y la cooperación transnacional. El mandato de dicha Comisión puede ser ampliado a otros casos, como lo ha recomendado el Comité de Trabajadores Migratorios, por ser un buen ejemplo de trabajo conjunto.
“Se necesita el desarrollo de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas migrantes en tránsito por México y el reforzamiento de las políticas de apoyo que los países de origen puedan brindar a sus connacionales. En casos tan complejos como estos, los Estados de origen, tránsito y destino de migrantes deben redoblar los esfuerzos en la búsqueda, investigación y sanción de los responsables de los delitos cometidos en su contra, asimismo, para prevenir que estos hechos sigan ocurriendo,” añadió el representante.
Denuncia de “La 72”, hogar de migrantes
Para esta organización, la masacre de San Fernando es el acontecimiento criminal que vino a evidenciar la política migratoria del Estado mexicano: una política dependiente de la de Estados Unidos que, afirman, “en síntesis la podemos encerrar en una frase: el total desprecio a la vida humana”, porque que se ejecuta a través del cierre de fronteras utilizando sobre todo a los cuerpos de seguridad para la contención a través de la persecución salvaje, la extorsión y el trato humillante y deshumanizador dentro y fuera de las estaciones migratorias. Se trata de una política de detención masiva y de deportación de miles de personas sin conocer siquiera las causas de la expulsión de sus países.
Lo que sucedió en San Fernando exhibió el terrorismo de Estado, afirman, pues después de ocho años nadie desconoce la colusión de las autoridades con los grupos criminales que han llevado a México a los más altos índices de violencia a nivel mundial. El Estado mexicano no solo desprecia la vida de sus migrantes, de los migrantes de otros países. Desprecia también la justicia y el dolor de las familias que exigen resultados. Después de estos años no hay justicia, y los encargados de procurarla no tienen respuestas frente a las familias de los masacrados.
Para La 72, las setenta y dos personas masacradas en San Fernando vinieron a evidenciar el clímax de violencia en contra de las personas migrantes que no les queda más remedio que atravesar el territorio mexicano en búsqueda de mejores condiciones de vida. Una violencia de todas las formas posibles que no solo no paró, sino que se hizo más cruel, se perpetuó e invadió todas las rutas migratorias del país hasta convertirlas en abrumadores infiernos.
Aseguran que, en estos ocho años, han sido testigos del acelerado cambio en las dinámicas migratorias. La tenaz resistencia de las personas migrantes les ha hecho buscar nuevas rutas, mutar su identidad para seguir siendo clandestinos y pasar desapercibidos en un mundo que los desprecia y solo los busca para exprimirlos, o utilizar los mecanismos legales a su alcance para obtener un papel que les amortigüe tanto sufrimiento.
Las personas han pasado de ser “migrantes económicos” a “refugiados” que huyen de la violencia. Muchas organizaciones que los defendían y acogían han caído en esa trampa para diferenciar y ayudar solo a los que lo necesitan y no pueden regresar a su país de origen. “Podemos decir, afirman, que han construido un muro legal para impedir que todos avancen. Duele aceptarlo, pero el llamado “fenómeno migratorio” es producido y alimentado por el mismo sistema”.
Respecto al nuevo Gobierno no tienen muchas esperanzas de que cambien las cosas para el colectivo de migrantes, pues antes de conseguir la presidencia “no tenía ninguna propuesta para dignificar la vida de las personas migrantes mexicanas, centroamericanas, latinoamericanas y extracontinentales. No está dentro de los planes del nuevo gobierno, en sus tres niveles, atacar profundamente las causas estructurales que catapultan a miles de seres humanos hacia el norte”.
Los miles de personas que han pasado por La 72 les han enseñado a no creer en soluciones mágicas y a corto plazo. Según sus archivos, sólo en el año 2018 han recibido más de 8500 personas, de las cuales 828 han sido víctimas de algún delito en México. Como consecuencia, han presentado 174 denuncias ante la Procuraduría General de la República, PGR, y la Fiscalía del Estado de Tabasco. Estas autoridades se han negado sistemáticamente a hacer su trabajo. Ni siquiera han investigado.
Del total de las denuncias que La 72 ha presentado desde su fundación en 2011 por el fransciscano Héctor Tomás González, no existe un solo caso en el que se haya llevado a juicio a alguien; como consecuencia, tampoco hay sentencias.
El 98% de los delitos denunciados ante la Fiscalía del Estado son cometidos en los mismos lugares; las autoridades cuentan con toda la información, pero no hay ninguna reacción. Además, de las 700 personas que han solicitado refugio al Estado mexicano, sólo se lo han otorgado a 11.
Otro dato significativo es el número de personas de la comunidad LGBT, hasta ahora 51 en el 2018. Para todas estas personas, ¿cuál es la propuesta del nuevo gobierno? La del gobierno que se va ya la sabemos, aseguran: criminalización, persecución, detención, deportación, negación de protección, desaparición, muerte.
A López Obrador le piden, entre otros asuntos, cambiar radicalmente la política migratoria del país, empezando por las personas que estarán al frente de las instituciones afines. Porque, aseguran “no se puede encargar la Subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos a un político sin escrúpulos; no se puede confiar el INM (Instituto Nacional de Migración) a un policía, a un soldado, a gente que no conozca la vida y las maneras de morir de las personas migrantes”.
En lo que va de año, La 72 ha recibido en sus instalaciones, ubicadas en Tenosique, en el estado de Tabasco, 532 adolescentes no acompañados y 577, de no más de 9 años, con familia; generalmente solo la madre.
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