Asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo han publicado un comunicado en el que expresan «enorme preocupación y malestar por la campaña inaceptable contra el actual Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, por asumir el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica (Ley 51/2007), las recomendaciones de Naciones Unidas y la mera normalización democrática de la ciudad, comprometiéndose a elaborar una política de memoria que facilite e incluya los espacios públicos en una verdadera cultura democrática, en la que se vea implicada toda la sociedad madrileña».
El comunicado señala que:
- En España contamos con más de 150.000 desaparecidos, 2300 fosas comunes sin exhumar, más de 30.000 niños robados, miles de ciudadanos ejecutados en juicios sumarísimos, exiliados forzosos o enviados deportados a campos de concentración, víctimas vivas maltratadas o torturadas con las consiguientes secuelas físicas y psíquicas que en ellos pervive,….. Todo consecuencia de la brutal dictadura franquista que mantiene la impunidad de los delitos de lesa humanidad denunciados desde Naciones Unidas y por las Asociaciones de Memoria Histórica.
- La ausencia de políticas de Estado en los temas de memoria explica las diferentes respuestas que los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas vienen dando a la realidad antes señalada. Cuarenta años después de la muerte del dictador y 37 de disponer de una Constitución Democrática, muchas comunidades autónomas y ayuntamientos mantienen denominaciones franquistas en sus espacios públicos, y algunas como en el caso de Madrid, han negado en la práctica sustituir las denominaciones franquistas, que ofenden la sensibilidad democrática de cualquier ciudadano, llegando a incumplir la ley.
- Celebramos, por ello, el acierto político del actual gobierno del Ayuntamiento cuando comunica su deseo de acometer un plan integral de memoria histórica de la ciudad de Madrid, que respete el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y cuente con la colaboración de las organizaciones sociales y ciudadanas que trabajan por la memoria histórica democrática.
- Manifestamos la conveniencia y necesidad de que en cuestiones de memoria histórica se cuente con la colaboración del estamento Académico-Universitario, junto a otras entidades preocupadas por los derechos humanos y la cultura. Y por ello expresamos nuestro reconocimiento a la honestidad personal, científica y profesional de la Cátedra de Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid, de su Directora, del Equipo de Trabajo y colaboradores que habían sido encargados de elaborar un borrador para el Plan Integral de Memoria Histórica de la ciudad de Madrid. Se les ha sometido, sin disponer del resultado de su trabajo, a todo tipo de descalificaciones e incluso mentiras, falacias y fabricación de noticias mal intencionadas; dando la falsa impresión de que es mejor mantener la impunidad y el silencio de los verdugos que abordar el conocimiento de un pasado que nos demanda medidas para su no repetición.
- Las víctimas, familiares y entidades de memoria histórica consideramos que es hora de terminar con el olvido al que han sido sometidos los que se opusieron al golpe de Estado y la dictadura franquista. Tenemos una deuda impagable con los miles de madrileños y madrileñas asesinados, torturados, encarcelados, exiliados, deportados, represaliados en múltiples formas, por defender la democracia y los derechos civiles y sociales. El homenaje a algunos y algunas de ellas, en representación del resto, impidiendo que sus nombres, sus muertes y sus vidas se borren de nuestra memoria y de la historia, no constituye más que una forma modesta de reparar la deuda que tenemos contraída con ellas y con ellos; constructores auténticos de un futuro mejor.
Las asociaciones de memoria histórica instan a todas las instituciones a que establezcan una verdadera política integral de Estado, basándose en la aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, a pesar de que la consideran insuficiente; los informes y las recomendaciones de Naciones Unidas, así como el estudio de las experiencias en el ámbito internacional sobre sociedades que han padecido un pasado traumático parecido al nuestro. En consecuencia exigen de las Instituciones del Estado español (donde se incluyen los Ayuntamientos) la condena del franquismo como régimen criminal en los términos declarados por la ONU, y asumiendo consecuentemente el reconocimiento político y jurídico de las víctimas.
Las asociaciones sostienen que cada administración debe asumir la parte de responsabilidad que sus competencias le permiten, dejando claro que es hora de ejercer el compromiso con los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo; y en el caso de la ciudad de Madrid mediante la recuperación de la memoria histórica de las madrileñas y madrileños que fueron víctimas de la dictadura franquista, al mismo tiempo que se dispone de los espacios públicos para realizar una pedagogía ciudadana basada en la centralidad de la defensa de los derechos y las libertades como identidad de una sociedad democrática.
Firman este comunicado en Madrid, el 22 de febrero de 2016:
- AERPA (Asociación de Expresos y Represaliados políticos antifranquistas)
- AMESDE ( Asociación por la Memoria Social y Democrática)
- AMICAL de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo
- Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales
- CAUM (Club de Amigos de la UNESCO)
- Colectivos Sin Identidad de Canarias
- Coordinadora por la Memoria Histórica y Democrática de Madrid
- Convocatoria Cívica
- Descendientes del exilio español
- FIBGAR ( Fundación Internacional Baltasar Garzón)
- Asociación Foro por la Memoria Democrática
- Foro por la Memoria de Madrid
- Federación Estatal de foros por la Memoria
- Fundación Andréu Nin
- Fundación Cultura de Paz
- Fundación Francisco Largo Caballero
- Fundación 1° de Mayo
- Fundación Domingo Malagón
- Junta Republicana de Vallecas
- Plataforma contra la impunidad del franquismo
- Unidad Cívica por la República
- Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del Franquismo.
