La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), junto a varias organizaciones y personalidades destacadas en el ámbito académico, intelectual y social, entre otros, elabora una iniciativa Ciudadana para una Ley Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión, informa Cerigua.
La información, publicada por Signis ALC y difundida por la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC) destaca que esta iniciativa recoge las propuestas que durante décadas han demandado para que se conviertan en realidad una vez que ya se ha aprobado la reforma constitucional en la materia.
La propuesta apunta a la aprobación de una normativa convergente de las telecomunicaciones, la radiodifusión, el audiovisual y el derecho a la información, que garantice el derecho a la información, la libertad de expresión, el pluralismo, la calidad y la competencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Sobre el derecho a la información, la propuesta destaca los derechos de las audiencias, bajo el principio del respeto a los derechos humanos en lo general y de sectores en específico, tales como la niñez, las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas, y en general el fortalecimiento de contenidos inclusivos para la población.
Promueve también los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, para contar con servicios de calidad, sin discriminación alguna y de mayor acceso a las redes, así como la neutralidad de la Red, a fin de que ningún prestador de servicios interfiera de manera arbitraria en el acceso y aplicaciones de la red, se privilegie la más alta libertad de información y se protejan los datos personales.
Como mecanismo para evitar injerencias de los poderes gubernamentales en los estados se propone considerar direcciones elegidas mediante convocatoria pública; otro aspecto de la propuesta gira en torno al compromiso de incluir y contratar producción independiente local, regional y nacional, en por lo menos un 30 por ciento de su programación.
Las concesiones de uso público de instituciones de educación superior mantendrán su autonomía, pero están obligadas a cumplir con las características de contenidos, rendición de cuentas y participación ciudadana, como el resto de los medios públicos, concluye la información.
