La situación en el Estado de Michoacán, el más inseguro de México, se ha vuelto insostenible en los últimos tiempos. La delincuencia ha seguido ganando terreno, las refriegas entre los grupos criminales, autodefensas, policías y ejército han continuado cobrándose vidas y los ciudadanos abandonan los pueblos en un goteo continuo.
Por otro lado, las acusaciones de connivencia con quienes debería combatir el “pacificador” Alfredo Castillo, nombrado por el presidente para acabar con el crimen organizado de Tierra Caliente (Guerrero y Michoacán), no han dejado de incrementarse. Pero Peña Nieto seguía defendiendo su gestión. Sin embargo, al final ha tenido que hacer lo que demandaba la cordura: relevar al comisionado.
Lo anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ayer jueves. A poco más de un año de la designación de Castillo, el titular de esta dependencia dijo que el presidente ha tomado esa decisión “porque existen voces que buscan opacar y politizar los resultados de la Comisión”. Su lugar lo ocupará un general, Felipe Gurrola Ramírez, quien será responsable de coordinar con autoridades estatales y municipales el trabajo de los más de 6000 elementos de las fuerzas federales presentes en el Estado.
En Michoacán, puntualizó Osorio, se trabaja en tres objetivos: recuperar la seguridad en todo el territorio, sentar condiciones para el desarrollo y fortalecer las capacidades del gobierno local, esfuerzo que ha contado con la contribución de la Marina Armada de México, el Ejército, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.
También soltó una frase francamente memorable: “la participación de la sociedad ha sido fundamental en las acciones para devolver a Michoacán la seguridad y tranquilidad”. Una seguridad y tranquilidad que nadie más que unos pocos deben de sentir, pues las cifras oficiales (Diario de la Federación) hablan de que los homicidios dolosos han aumentado un 19 % y de que la extorsión apenas ha bajado.
Castillo había afirmado en una comparecencia reciente ante los diputados, que este delito era prácticamente inexistente, y que sólo había habido 13 secuestros en seis meses del pasado año. Sin embargo, el informe de Gobernación señala que mientras en 2013 se reportaron 179 plagios, en 2014 hubo 138.
Habla Castillo
En la rueda de prensa donde se anunció su relevo, el ya excomisionado también estuvo presente, y contó sus logros, asegurando que con la implementación de diversas acciones, “Michoacán recupera la confianza de su gente”.
Indicó que la “transformación y recuperación de años de abandono no se puede lograr en solo doce meses, pero es evidente que las bases están puestas para que el actual gobierno y el posterior, tengan condiciones diferentes a las que se vivieron en los últimos años”. Lo importante, añadió, ha sido el trabajo diario que hoy se traduce en resultados para los michoacanos.
Del último enfrentamiento ocurrido en Apatzingán el pasado día 6 nada se oyó. En esa fecha, un fuego cruzado entre la policía federal y civiles armados que ya se habían rendido, dieron como resultado ocho muertos. Hubo 44 detenidos. Castillo negó que hubiera sido una ejecución, como afirmaron varios testigos, y puntualizó que entre los fallecidos había sicarios (para criminalizar a los ex autodefensas reconvertidos en fuerzas rurales por decreto oficial que también participaron, y que el propio Castillo ya había destituido), pero esa debió ser la gota que colmó el vaso.
O quizás ya estaba sentenciado, porque unos días antes, la Conferencia Episcopal de México había puesto el grito en el cielo ante el asesinato de un sacerdote que había sido secuestrado en Ciudad Altamirano (Guerrero). Se llamaba Gregorio López Gorostieta y apareció con un disparo en la cabeza.
Hay quien asegura que, cada año, desde 2007, han sido asesinadas en el Estado no menos de 500 personas. Por otro lado, en Michoacán es difícil saber quiénes son los buenos y quienes los malos, vistan el uniforme que vistan. En los últimos cinco años han sido detenidos unos 2500 policías. El que sigue sin ser detenido es Servando Gómez, La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, quien, de vez en cuando, manda a la prensa videos donde se le puede ver en la calle, rodeado de gente, y sin que ninguna autoridad levante un solo dedo contra él.
Para el obispo de Apatzingán, Miguel Ángel Patiño, Michoacán es un “Estado fallido”, como lo definió en octubre de 2013, en un comunicado en el que el religioso fijaba su postura sobre los vínculos, que desde su perspectiva, existen entre los gobiernos municipales, la policía y los criminales de dicha identidad.
Tristemente, poco más de un mes después tuvo que abandonar la localidad por amenazas de los Caballeros Templarios. El pasado año redactó una pastoral en la que pedía que se detuvieran los crímenes de los narcos. Hoy, los religiosos que levantan la voz contra la violencia, están en el punto de mira. La Arquidiócesis Primada de México calificó el 2014 como un año trágico para la Iglesia católica mexicana, pues asesinaron a cuatro sacerdotes y un laico. Por su parte, el Centro Católico Multimedial asegura que durante los dos años de mandato de Peña Nieto ha habido ocho casos confirmados de homicidios contra sacerdotes, además, de dos presbíteros desaparecidos.
