Ciudadanos mexicanos han presentado 800 denuncias al mes de violaciones a sus derechos en lo que va de año
Durante el primer semestre del año en curso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México registró un total de 4.803 expedientes de quejas, lo que supone un promedio mensual de 800. Las principales reclamaciones presentadas del 1 de enero al 30 de junio, fueron: prestar indebidamente el servicio público (1.158 quejas); faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones (861); omitir proporcionar atención médica (721) y detención arbitraria (688).
Otras quejas se refieren al trato cruel, inhumano o degradante (590); omitir fundar el acto de autoridad (378); omitir motivar el acto de autoridad (355); obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad a que se tiene derecho (318); y no dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho (303). Aunque en menor cuantía, también son importantes las reclamaciones por negligencia médica y por negarse a investigar una denuncia.
A lo largo de sus 23 años de existencia, la Comisión Nacional ha registrado un total de 151.436 expedientes de presuntas violaciones a derechos humanos. En el primer semestre del año, este organismo emitió 26 recomendaciones, dirigidas a 33 autoridades; siete de ellas fueron para la Comisión Nacional de Seguridad y otras siete para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
También hubo recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional; a la Secretaría de Marina y al gobierno de Sinaloa; al gobierno de Veracruz; al Instituto Nacional de Antropología e Historia; a la Procuraduría General de la República, y al gobierno del Estado de Guerrero.
Ha habido más gobiernos que han sido apercibidos igualmente: Sonora (incluido su Congreso), Chiapas, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí y Colima. La lista se completa con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Las autoridades no respetan
El que la Comisión haya tenido que llamar la atención a tantos gobiernos y organismos oficiales puede parecer extraño, pero no lo es en absoluto, ya que son los funcionarios quienes menos respetan a los ciudadanos.
Esto ha motivado que, recientemente, Amnistía Internacional se dirigiera a las autoridades para que cumplan de forma pronta y efectiva las recomendaciones hechas al Estado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, Christof Heyns. Al concluir su visita a México, el relator señaló una serie de acciones que las autoridades deberían implementar para priorizar la protección de los derechos humanos y en particular la protección de la vida. También instó al gobierno a cumplir completamente los compromisos ya adquirido en materia de derechos humanos.
Al mismo tiempo destacó la necesidad de reducir la participación de los militares en tareas policíacas, y asegurar la reforma del sistema de justicia militar para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas sean investigadas, procesadas y sancionadas por la justicia civil. También llamó a establecer estándares claros sobre el uso de la fuerza en todo el país, e insistió en la importancia de acabar con la impunidad reinante en todos los casos de “privación de la vida”, tanto de la “guerra sucia” (1964 a 1982) como en el contexto de la violencia actual derivada del combate a los cárteles de la droga.
Los narcos, en guerra
A pesar de los datos que ha facilitado el Inegi (Instituto Nacional de Estadística), en el sentido de que en 2012 los homicidios bajaron un 4%, las posibilidades de que haya habido un repunte importante en los últimos meses es más que posible.
Tras la detención, a primeros del mes julio, de importantes elementos de los cárteles de la droga, como Miguel Angel Treviño (Zetas) y Víctor Hugo Delgado Rentería y Domingo Medina Mongel (Cártel Jalisco Nueva Generación), la violencia se ha disparado y los enfrentamientos de los miembros de estos grupos con la policía y el ejército han sido continuos. El último atentado, perpetrado el lunes pasado por los Templarios, se ha cobrado la vida de un vicealmirante en la provincia de Michoacán (en el estado del mismo nombre).
Las desapariciones de personas aparentemente ajenas a los narcos también se han recrudecido. El rosario comenzó en mayo, cuando siete jóvenes se “colatilizaron” del bar Heaven, en la Zona Rosa del DF. Posteriormente se descubrió que dos de ellos eran hijos de traficantes encarcelados hace años. Pero hace un par de semana, el episodio se vio superado: 32 personas, músicos y vecinos del DF, fueron a una localidad de Tlaxcala (capital del Estado del mismo nombre) a actuar, y no se ha vuelto a saber nada de ellos. Tampoco de los primeros.
Unos días después, una familia, también del DF, compuesta por siete adultos y otros tantos niños, se fue de vacaciones a Oaxtepec, en Yautepec (Estado de Morelos) y nadie ha sabido nada más de ellos. Los niños, extrañamente, aparecieron a los pocos días en la ciudad de Puebla, distante más de 120 kilómetros. Algo tan extraño como lo de los seis jóvenes de Lagos de Morelos, Guadalajara, que salieron de sus casas por la noche para ir a fiestas diferentes, y nadie les ha vuelto a ver. En este caso, los sospechosos pertenecen al cártel de Jalisco.
Además de las desapariciones, las revueltas, agresiones, y asesinatos también son el pan de cada día en unos cuantos Estados. La palma se la lleva Michoacán, donde han tenido que destacar a 2.000 efectivos más hace una semana. En esta zona, sólo en la última semana se han registrado varios enfrentamientos con un resultado de casi 30 muertos, la mayoría delincuentes.
Por su parte, los ciudadanos de Tamaulipas viven en constante zozobra por los tiroteos, pues se ha instalado un narco-campamento en esa zona y entrenan nada menos que 100 pistoleros, y los de Guanajuato sufrieron varios asesinatos la semana pasada con un saldo de ocho muertos y varios heridos.
En Guerrero y Sinaloa, el denominador común en cuanto a agresiones son las comunidades indígenas dedicadas principalmente al campo, que se ven obligados a abandonar sus pertenencias y marchar a otras localidades como consecuencia del acoso al que son sometidos por parte de los narcotraficantes. Tabasco también ha sufrido importantes secuestros, pues prácticamente tomado por grupos criminales dedicados al secuestro y la extorsión.
En el Estado de México la violencia tiene como protagonistas a las mujeres. Allí, las autoridades se niegan a declarar la alerta de género (para declarar feminicidios las defunciones), pero la triste realidad es que en los dos últimos años se han producido nada menos que 563 asesinatos y en una semana ya se han sumado otros cinco. Cinco mujeres que han aparecido en el Valle del Chalco con síntomas de una violencia brutal.
Como digo, este es el panorama de las últimas semanas. Que yo sepa, salvo las medidas adoptadas en Michoacán, no se ha producido ningún otro cambio en la estrategia gubernamental. El Pacto por México firmado entre los tres partidos mayoritarios, PAN, PRD y PRI (en el Gobierno), que tuvo una crisis importante recientemente, se mantiene, lo que quiere decir que seguirán produciéndose reformas importantes. Se tiene constancia de que afectarán a la energía y a Hacienda, pero no se ha oído nada de la seguridad.
Quizás ahora, después de la intervención a la que se acaba de someter el presidente Peña Nieto (un nódulo de tiroides benigno), la siguiente reunión con los líderes de la oposición sirva para tratar el asunto. La verdad es que es tan urgente como mitigar los estragos de la pobreza de los últimos años.
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