Birmania (Myanmar) necesita «medidas urgentes» para evitar que el levantamiento que avanza contra la junta militar de gobierno degenere en «una guerra civil de más envergadura», advirtió este jueves 23 de septiembre de 2021 la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
«Frente a la represión masiva de los derechos fundamentales, un movimiento de resistencia armada está creciendo», dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).
Destacó que el dirigente Duwa Lashi, quien preside un gobierno interino de unidad nacional opuesto a la junta que dio un golpe de estado en febrero, llamó hace dos semanas a un levantamiento armado contra los militares en todo el país.
La resistencia contra los militares se mantiene desde hace meses y Bachelet dijo que «estas tendencias inquietantes sugieren que es posible una guerra civil de más envergadura» en la nación también conocida por su antiguo nombre de Birmania.
Bachelet sostiene que todos los actores «deben cesar inmediatamente los ataques aéreos y de artillería en zonas residenciales y cualquier otra forma de operación militar que vacíe centros de salud, lugares de culto, escuelas u otras estructuras protegidas».
Expuso que desde el golpe el 1 de febrero «más de mil personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad», centenares fueron heridas, unas ocho mil, incluidos niños, fueron arrestadas, y 4700 siguen detenidas «sin ningún tipo de procedimiento legal, acceso a abogados e incluso sin poder comunicarse con sus familias».
Las torturas y los malos tratos provocaron que 120 personas muriesen en las veinticuatro horas siguientes a su detención, indica además un informe preparado por el estadounidense Thomas Andrews, relator sobre la situación de los derechos humanos en Birmania.
«No hay señales de ningún esfuerzo por parte de las autoridades militares para detener estas violaciones ni implementar recomendaciones anteriores para abordar la impunidad y la reforma del sector de la seguridad», afirmó Bachelet.
De otro lado, el gobierno paralelo de Lashi ha instado a todos los grupos armados que actúan en el país, incluidos los de provincias fronterizas donde habitan etnias distintas a la mayoría bamar (birmana), que ataquen al ejército y sus activos en lo que consideran una «guerra defensiva».
Las protestas en Yangon (principal urbe y antigua capital) y otras ciudades fueron violentamente reprimidas en las semanas siguientes al golpe y dieron paso a acciones de resistencia armada de tipo guerrillas en algunas regiones de este país de 676.500 kilómetros cuadrados y 54 millones de habitantes.
Para Bachelet «las consecuencias nacionales son terribles y trágicas, y las consecuencias regionales también podrían ser profundas», por lo que «la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para restaurar la democracia y prevenir conflictos más amplios antes de que sea demasiado tarde».
En particular su llamada se dirigió a la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, que Birmania integra junto a Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
El golpe de febrero fue presentado por la cúpula militar –que gobernó por décadas el país- como reacción ante un supuesto fraude en las elecciones de noviembre de 2020, ganadas por la Liga Nacional para la Democracia y con un pésimo resultado para el partido que apoyaba a los uniformados.
El presidente Win Myint y la líder de la Liga y Premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi, fueron arrestados junto a muchos otros políticos.
A la situación política se agrega una economía –basada en la agricultura, las industrias extractivas y en menor medida en el turismo- que ha caído en picado y el impacto de la pandemia COVID-19, con 473.000 casos y más de 17.000 fallecidos.
«El hecho es que los esfuerzos actuales de la comunidad internacional para detener la espiral descendente de eventos en Myanmar simplemente no están funcionando. Es necesario un cambio de rumbo», insistió Bachelet.
