La tarde noche del viernes 2 de enero, el periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo fue secuestrado por un comando armado en el municipio de Medellín, colindante con el puerto de Veracruz, informa Aurelio Contreras Moreno en Etcétera.
Los secuestradores sacaron por la fuerza a Sánchez Cerezo de su domicilio particular y también se llevaron consigo su computadora personal, equipo fotográfico y teléfonos móviles.
Moi, como es conocido en su comunidad, edita el blog La Unión, en el que informaba del surgimiento de uniones vecinales para defenderse de la delincuencia que asuela al municipio, y de la incapacidad de la autoridad local en manos del alcalde panista Omar Cruz Reyes, quien de acuerdo con los familiares del reportero lo habría mandado amenazar hace pocos días, exigiéndole que ya «le baje».
Para completar el ingreso con el que mantiene a su familia, Moisés conduce un taxi en Medellín, a la par de su labor periodística social y de su activismo comunitario.
Eso bastó para que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, minimizara el secuestro de Sánchez Cerezo, a quien con abrumador desprecio llamó «taxista y activista «, omitiendo deliberadamente su condición de periodista y como si no fuera un ciudadano veracruzano que se mereciera la misma atención del gobierno, o como si no tuviera derechos.
De ese mismo calibre fue la respuesta de la autoridad ministerial. A pesar de que la familia presentó de inmediato la denuncia correspondiente, las pesquisas se iniciaron tres horas después de los hechos, gracias a la presión ejercida por periodistas de todo México para que el gobierno de Javier Duarte cumpliera con su obligación de investigar la comisión de este delito.
Hasta el momento, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, que recién estrenó como presidenta a Benita González, no ha hecho ninguna clase de pronunciamiento oficial sobre el secuestro de Moisés Sánchez Cerezo. Sólo el comisionado Jorge Morales Vázquez ha exigido la aparición con vida del reportero y activista, mientras el gobierno de Javier Duarte dice que ya investiga.
