Médicos Sin Fronteras ha hecho público un comunicado en el que exige que se ponga fin a la detención arbitraria de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes que están siendo desembarcados en puertos Libios, tras el acusado incremento en el número de personas interceptadas en el Mediterráneo por la Guardia Costera libia, que cuenta con apoyo económico y logístico de la Unión Europea.
De acuerdo con los datos facilitados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al menos 11 800 personas que viajaban a bordo de precarias y sobrecargadas embarcaciones en el Mediterráneo han sido devueltas a Libia en lo que va del año. Las intercepciones en aguas internacionales entre Italia, Malta y Libia son llevadas a cabo casi todos los días y, tras el desembarco en Libia, las personas son transferidas a centros de detención no regulados a lo largo de la costa.
“Es inadmisible que personas que acaban de sufrir una situación traumática en el mar, que han visto sus vidas pendiendo de un hilo, tengan que pasar por un sistema de detención arbitraria que se ha demostrado dañino y explotador», asevera Karline Kleijer, coordinadora de emergencias de MSF.
Agrega que «muchos ya han soportado niveles alarmantes de violencia y explotación tanto en Libia como durante los terribles viajes que les han llevado desde sus lugares de origen hasta este país. Entre estas personas hay muchas víctimas de violencia sexual, tráfico, tortura y malos tratos. Entre los más vulnerables hay niños (que muchas veces viajan sin un padre o tutor), mujeres embarazadas o lactantes, ancianos, personas con discapacidades mentales o con problemas de salud graves».
Al no haber un registro formal ni una gestión de datos adecuada, no hay forma de saber lo que sucede con las personas una vez son llevados a un centro de detención. Los detenidos no tienen la opción de impugnar la legalidad de su detención o del tratamiento que se les da. Los programas de evacuación que tienen como objetivo ayudar a los refugiados y migrantes a salir de la detención arbitraria, y que están gestionados por la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración (OIM) y ACNUR, aumentaron a finales del año pasado, pero solo prestan ayuda a una proporción muy limitada de la población refugiada y migrante que se encuentra atrapada en Libia.
La principal medida que ha puesto en marcha la OIM consiste en intensificar los llamados retornos «voluntarios» de los migrantes y refugiados desde los centros de detención a sus países de origen; un sistema mediante el cual 15 000 personas han sido repatriadas a sus países desde el pasado mes de noviembre. Esto es un hecho sin duda positivo, ya que muchas han podido regresar de esta forma a sus hogares. Sin embargo, la naturaleza voluntaria de estas repatriaciones es cuestionable, ya que muchas de estas personas solo se han acogido al sistema porque no tienen otra alternativa formal para salir de los centros de detención. Por su parte, ACNUR ha evacuado a más de 1000 refugiados especialmente vulnerables de estos centros de detención, pero la mayoría han sido llevados a Níger, donde esperan con urgencia el reasentamiento en otros países.
Como resultado del aumento de las interceptaciones en el mar, los equipos de MSF en Misrata, Khoms y Trípoli alertan de que se está produciendo un dramático aumento en el número de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo recluidos en unos centros de detención cuyas condiciones son completamente indignas y que llevan tiempo sobrepoblados. Recientemente, y en apenas un solo día, MSF proporcionó asistencia médica a 319 personas interceptadas en el mar y posteriormente llevadas a un centro de detención en Trípoli. La mayoría de ellos ya habían sido mantenidos en cautiverio durante meses por parte de los traficantes.
En los alrededores de Misrata y Khoms, MSF está tratando a detenidos que sufren quemaduras graves, sarna, infecciones respiratorias y deshidratación. Hemos llegado a ver cómo un grupo de personas interceptadas en el mar eran llevadas desnudas al centro de detención, pues habían perdido todas sus pertenencias en el mar y la Guardia Costera libia no les facilitó ropa de repuesto.
«En Khoms hay más de 300 personas, incluidos niños pequeños. Todos ellos están encerrados en un centro de detención completamente abarrotado. El calor es sofocante, no hay ventilación y hay muy poco acceso al agua potable; lo que tienen allí es agua salada mezclada con residuos», comenta Anne Bury, coordinadora médica adjunta de MSF en Libia.
Explica que «en estos centros de detención la situación es insostenible y muy tensa; las personas están expuestas a abusos de todo tipo. En una de las celdas hay alrededor de 150 detenidos, que están encerrados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Allí no tienen garantía alguna de seguridad. La gente está desesperada y hay muchos detenidos con heridas graves y huesos fracturados. Se producen muchos intentos de fuga y algunas personas están en huelga de hambre desde hace días o semanas».
Para MSF, la situación actual es el resultado de las inhumanas políticas europeas que tratan de evitar, a cualquier precio, que refugiados, migrantes y solicitantes de asilo lleguen a poner un pie en Europa. Y una de las claves de su estrategia es la de equipar, entrenar y apoyar a la Guardia Costera Libia para que intercepten a estas personas en el mar y las devuelvan a Libia.
Devolver a todas estas personas a Libia es algo que los barcos no libios no pueden hacer legalmente, puesto que el país no es reconocido como un lugar seguro por parte de la comunidad internacional. Las personas rescatadas en aguas internacionales en el Mediterráneo no deberían ser nunca devueltas a Libia, sino a un puerto seguro, de conformidad con la legislación internacional y marítima.
«Los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes interceptados en el mar no deberían ser devueltos a Libia, ni deberían ser detenidos allí arbitrariamente en condiciones inhumanas. La solución que promueve Europa para evitar que todas estas personas lleguen a sus costas es inaceptable”, concluye Karline Kleijer.
MSF en Libia
Desde hace dos años, MSF brindan atención médica a refugiados y migrantes recluidos en centros de detención que nominalmente están bajo la autoridad del Ministerio del Interior y de su agencia para combatir la inmigración ilegal (DCIM) en Trípoli, Khoms y Misrata.
A los detenidos no se les garantiza el acceso a la atención médica; esta es proporcionada por un puñado de organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras (MSF) o por agencias de la ONU, que logran tener una presencia limitada en el país a pesar de la violencia e inseguridad existentes en el mismo.
Además de referir a centros médicos los casos más graves, los profesionales sanitarios de MSF tratan problemas médicos causados, o en su mayoría agravados, por la falta de asistencia médica periódica y adecuada, y por las condiciones inhumanas que hay dentro de los centros de detención. Entre estas afecciones se incluyen las infecciones del tracto respiratorio, diarrea aguda, sarna e infecciones del tracto urinario. Muchos pacientes muestran comportamientos suicidas y presentan síntomas de trastorno de estrés postraumático. Regularmente, MSF atiende a pacientes con afecciones psiquiátricas que requieren de atención hospitalaria y que a menudo están vinculadas o agravadas al hecho de estar detenidos en estas circunstancias.