El cambio social originado en la lucha armada de 1910 en México, más allá de la discusión teórico-ideológica de si se trató o no de una “verdadera” revolución, fue un cambio real en más de un sentido. Revelaciones incontrastables fueron la de un desarrollo irrepetible en los campos de la libertad cultural y la toma de conciencia de miles de mujeres.
¿Dónde estaban ellas? Un recorrido simple indica que estuvieron movilizadas en todos los frentes y elaboraron una extensa y aleccionadora agenda para reivindicar sus derechos. Negar que esto sucedió, jamás nos hubiera conducido a ganar los espacios y los derechos, obtenidos y recibidos como una dádiva. Las mexicanas indudablemente dimos nuestra cuota de sangre y energía en la construcción de un nuevo país.
Es verdad que buena parte de nuestros derechos estuvieron en litigio constante, como lo están hoy, no obstante que hemos esperado 127 años para que, sólo en el terreno electoral, seamos pensadas como la mitad del mundo.
No es demagogia que vayamos a la elección paritaria en 2015. Ni es demagogia que nuestro esfuerzo organizado, haya conseguido inscribir la igualdad en muchos otros aspectos. El litigio seguirá, sin duda no dejarán, los hombres digo, tan fácilmente espacios concentrados en sus partidos y en la dirección del país, nos corresponden la mitad, las mujeres somos más de la mitad del país.
Acabo de encontrar un libro, como decenas de estudios y análisis que las teóricas e historiadoras feministas nos han regalado, con datos incuestionables. El libro Mujeres: en el cambio social en el siglo XX mexicano, editado por Siglo XXI y CIESAS de Occidente, autoría de María Teresa Fernández.
Excelente texto para abordar los derechos laborales que a propósito de los cambios jurídicos en materia energética han generado tantos golpes de pecho. Fernández analiza la trayectoria de cinco mujeres, ubicadas principalmente en Guadalajara. Pone en su justo término la intervención y evolución de la vida política y de pensamiento de estas mujeres. Todo interesantísimo, a la luz de la tremenda ignorancia que saltará en los próximos meses por la paridad y los argumentos que ignoran quienes descalifican la evolución social de los derechos.
Viene a cuento porque cuando leemos la vida de María Arcelia Díaz y de Guadalupe Martínez, la primera obrera textil que fundó en 1927 el Círculo Feminista de Occidente, y la segunda fundadora de la CROM, se entiende lo que significó la construcción de los derechos obreros, de hombres y mujeres, en este país; cómo se dieron los pasos, lentos, ascendentes, elementales, para conseguir un marco jurídico y social que llevara a equilibrar las relaciones de capital trabajo, algo elemental.
En 1910 se levantó el pueblo porque la dictadura de Porfirio Díaz, el gran modernizador de la economía mexicana, se olvidó de la reforma social, según el popular historiador Juan Manuel Villalpando, por una parte, y cómo se construyó el sindicalismo administrador de la fuerza de trabajo únicamente, como define el especialista Enrique de la Garza Toledo. El nuevo andamiaje de la Ley Federal del Trabajo de 1931, era apenas un mecanismo de equilibrio entre la gran acumulación de la riqueza y un reparto pálido de ésta. No sin sangre, no sin tremenda oposición.
La Revolución con su programa trató sólo de reconocer que la fuerza obrera da servicio a toda la población. Siempre hubo y hasta se habla de la “traición a la revolución”, un bloque opositor, una generación de conservadores que buscaron eternizar el liberalismo extremo que mantenía la explotación de miles y miles de obreras y obreros.
De ahí surgió eso que de la Garza Toledo llama el contrato de trabajo de la Revolución Mexicana, que otorgó derechos, efectivamente, privilegiando a la dirigencia, con un patriarcal sistema jerarquizado. Sin duda, lo que litigó contra las y los obreros. El andamiaje legal no fue parejo y no hizo justicia.
La vida de estas mujeres que sorprendieron al mundo, muestra hasta dónde se pervirtieron los derechos. Pero eso no da lugar a que en pleno siglo XXI todavía haya voces que hablan igual que los enemigos históricos de los derechos y el reconocimiento a la humanidad de la clase obrera.
La discusión desatada por las reformas petrolera y eléctrica han sacado a relucir hasta dónde el odio a los derechos obreros hace hablar a unos sesudos analistas de los excesos, en lugar de explicar que hay derechos en los contratos –por cierto el de Pemex fue profundamente recortado en la época de Miguel de la Madrid- decía, cómo esos contratos eran el resultado de una inmensa movilización para equilibrar, mínimamente, el tema del capital trabajo.
¿Corrupción? La hubo; control obrero: lo hay, no rendición de cuentas, por supuesto, pero eso nada tiene que ver con lo que llama pasivo laboral, es decir, la pensión que se ganó a pulso y que ahora parece ser una maldición.
¿Y qué hicieron antes los ahora reformadores? Sencillo: mantener a raya a los y las obreras, privilegiar a los dirigentes, pero eso no significa que no debamos pagar la pensión a miles que han dejado vida y sangre en los campos petroleros, quien pusieron y ponen en peligro su vida sistemáticamente en el tendido de las líneas eléctricas en todo el país; hombres y mujeres que industrializaron esta tierra amarga y compleja de ríos y montañas, de zonas apartadas, de inviernos duros y calores extremos.
Nadie duda que con esta reforma energética o sin reforma, Pemex enfrenta un serio problema en su sistema de pensiones. Si bien cualquier irregularidad debe sancionarse, la razón principal de dicha presión financiera no es la corrupción, sino el drástico cambio en el perfil demográfico, lo que ha afectado a los sistemas de pensiones en el mundo.
Hace 50 años, cuando se modificó de fondo del sistema de pensiones de PEMEX, por última vez, la esperanza de vida en México era de 60 años. La edad de retiro se fijó en 55 años o bien el derecho a una pensión después de 25 años de servicio. El sistema pagaba pensiones durante periodos de alrededor de cinco años. El riesgo eléctrico, significaba una muerte anticipada para los trabajadores. Pero ahora la esperanza de vida es de 77 años, por lo que el pago de la pensión se eleva a periodos de entre 20 y 30 años. Al parecer no hay sistema de pensiones que aguante esta carga financiera. ¿Y quién la debe soportar? Pues quienes nos hemos beneficiado de los servicios, no sin reconocer que pudo bien administrarse.
En el pasado ya se modificaron los sistemas de pensiones del IMSS y del ISSSTE. De ahí la necesidad de enfrentar este acto de justicia de otra manera. Le llaman pasivo laboral de Pemex y de la CFE, que no es otra cosa que un derecho.
Claro ahora con tres condicionantes:
- Someter los fondos de pensiones y jubilaciones de estas empresas a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación;
- Homologar los parámetros para determinar las pensiones y jubilaciones con el ISSSTE, lo que significa elevar la edad de retiro; y
- Modificar los contratos colectivos de trabajo para financiar las pensiones de los trabajadores de nuevo ingreso con base en cuentas individuales.
Este esquema no equivale a la creación de un “pemexproa”, sino que el capitalismo aprovechará la reforma energética para acordar una reforma integral al sistema de pensiones de Pemex y CFE. ¿Y eso qué significa? Pues reducir el impacto fiscal frente al costo que el gobierno tendría que asumir de no hacer nada. En la aprobación de esta fórmula el gobierno absorberá un monto equivalente de entre 25 y 30 por ciento del costo de las pensiones. ¿Es justo? Claro que no, pero sería peor si no se hiciera. No puedo imaginar que nos retiren o reduzcan las pensiones. Por ahora no queda de otra, aunque sea injusto.
Cuando se crearon para todas y todos los trabajadores las pensiones individuales se redujo hasta en 28 por ciento ese costo.
Me parece que el tratamiento aprobado para los denominados pasivos laborales no significa un incremento de la deuda pública de México porque al ser Pemex y CFE empresas cien por ciento públicas, dichos derechos ya son parte de las obligaciones financieras del Estado mexicano. De la elemental justicia laboral. ¿Hay otra salida? Si hay otra, pero por ahora se trata de salvar el derecho, aunque parezca contradictorio. Y de un plumazo, efectivamente, se podrían eliminar los privilegios, no de las y los trabajadores sino de la dirigencia. Este es el reto y no la catilinaria de un grupo conservador e ignorante. Las dirigentes se levantarán de su sepulto. Sin duda, pero en el fondo, conservar el derecho es lo que importa.
