El mundo es un lugar cada vez más peligroso para personas migrantes y refugiadas, señala Amnistía Internacional en su Informe Anual 2013
La pasividad mundial en el terreno de los derechos humanos está convirtiendo el mundo en un lugar cada vez más peligroso para las personas refugiadas y migrantes, afirmó hoy Amnistía Internacional durante la presentación de su informe anual sobre el estado de los derechos humanos.
La organización denunció que se han vulnerado los derechos de millones de personas que han huido del conflicto y la persecución o que han emigrado en busca de trabajo y una vida mejor para ellas y sus familias. Los gobiernos de todo el mundo muestran más interés en proteger sus fronteras nacionales que en salvaguardar los derechos de sus ciudadanos o de quienes buscan refugio u oportunidades dentro de esas fronteras.
“Al no abordarse eficazmente las situaciones de conflicto, se está creando una clase de segunda categoría de carácter global. Los derechos de quienes huyen de los conflictos están desprotegidos. Hay demasiados gobiernos que cometen abusos contra los derechos humanos en nombre de los controles migratorios, sobrepasando con mucho las medidas legítimas de control de fronteras”, declaró Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Estas medidas no sólo afectan a las personas que huyen de los conflictos. Millones de migrantes se ven abocados a situaciones abusivas, como el trabajo forzoso y los abusos sexuales, debido a políticas antimigratorias que permiten explotar a estas personas con impunidad. La retórica populista, que carga contra refugiados y migrantes echándoles la culpa de las dificultades internas de los gobiernos, alimenta gran parte de estas políticas”, afirmó Salil Shetty.
En 2012, la comunidad internacional fue testigo de varias emergencias de derechos humanos que obligaron a muchas personas a buscar un lugar seguro, dentro de los propios Estados o cruzando las fronteras. Desde Corea del Norte hasta Malí, Sudán o República Democrática del Congo, hubo gente que huyó de sus hogares con la esperanza de encontrar refugio.
Otro año perdido para el pueblo sirio: pocas cosas han cambiado, aparte de las cifras, siempre en aumento, de vidas perdidas o arruinadas, y de los millones de personas que han quedado desplazadas por el conflicto. El mundo se ha limitado a mirar mientras las fuerzas armadas y de seguridad sirias seguían lanzando ataques indiscriminados o específicamente dirigidos contra la población civil y sometiendo a desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y ejecuciones extrajudiciales a quienes consideraban opuestos al gobierno. Por su parte, los grupos armados continuaron tomando rehenes, torturando y llevando a cabo ejecuciones sumarias, aunque en menor escala.
La excusa de que los derechos humanos son un “asunto interno” se ha esgrimido para boicotear la acción internacional destinada a abordar emergencias de derechos humanos como la de Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU –órgano sobre el que recaen la seguridad y el liderazgo mundiales– sigue sin lograr una acción política concertada y unificada.
“El respeto a la soberanía del Estado no puede usarse como pretexto para la inacción. El Consejo de Seguridad de la ONU debe hacer frente de forma coherente a los abusos que destruyen vidas y obligan a las personas a abandonar sus hogares. Esto conlleva rechazar doctrinas manidas y carentes de ética según las cuales los asesinatos en masa, la tortura y el hambre son asuntos que no competen a terceros”, manifestó Salil Shetty.
Las personas que intentaban huir de los conflictos y la persecución se encontraron frecuentemente con enormes obstáculos al tratar de cruzar las fronteras internacionales. A menudo, los refugiados tuvieron más dificultades para cruzar las fronteras que las armas responsables de avivar la violencia que a su vez había obligado a esas personas a huir de sus hogares. Sin embargo, con el Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado por la ONU en abril de 2013, surge la esperanza de que por fin pueda ponerse freno a las transferencias de armas susceptibles de ser utilizadas para cometer atrocidades.
“Las personas refugiadas y desplazadas ya no pueden ser víctimas de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’, y su protección nos compete a todos y todas. Gracias al mundo sin fronteras de las comunicaciones modernas, resulta cada vez más difícil ocultar los abusos tras las fronteras nacionales y surgen oportunidades sin precedentes de que cada persona defienda los derechos de millones de congéneres obligados a huir de sus hogares”, declaró Salil Shetty.
Los refugiados que lograron llegar a otros países para solicitar asilo a menudo se encontraron en el mismo barco –literal y figuradamente– que los migrantes que abandonaban sus países en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Muchos se ven obligados a vivir al margen de la sociedad, dejados de lado como consecuencia de leyes y políticas ineficaces y convertidos en blanco de la retórica populista y nacionalista que alimenta la xenofobia e incrementa el riesgo de que se cometan actos de violencia contra ellos.
La Unión Europea aplica medidas de control de fronteras que ponen en peligro la vida de las personas migrantes y solicitantes de asilo y no garantiza la seguridad de quienes huyen de los conflictos y la persecución. En todo el mundo se encierra con frecuencia a migrantes y solicitantes de asilo en centros de detención o, en el peor de los casos, en contenedores metálicos o incluso de transporte de mercancías.
Ni los países de origen ni los países receptores protegieron los derechos de muchos de los 214 millones de migrantes que hay en el mundo. Estas personas se enfrentaron a condiciones constitutivas de trabajo forzoso –o, en algunos casos, análogas a la esclavitud– porque los gobiernos los trataron como delincuentes y porque a las empresas les importaban más los beneficios que los derechos de sus trabajadores. Los migrantes indocumentados corrieron un riesgo especial de sufrir explotación y abusos.
“Quienes viven fuera de su país, sin patrimonio ni estatus, son las personas más vulnerables del mundo, pero a menudo se las condena a vivir miserablemente entre las sombras”, declaró Salil Shetty. “Es posible un futuro más justo si los gobiernos respetan los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su nacionalidad. El mundo no puede permitirse zonas excluidas de la reivindicación global de derechos humanos. La protección de los derechos humanos debe aplicarse a todos los seres humanos, estén donde estén.”
Otras novedades de derechos humanos destacadas en el Informe 2013 de Amnistía Internacional:
Amnistía Internacional documentó restricciones concretas a la libertad de expresión en al menos 101 países, y casos de tortura y otros malos tratos en al menos 112 países.
La mitad de la humanidad seguía siendo “ciudadanía de segunda” en la realización de sus derechos, pues hubo muchos países que no abordaron los abusos de género. Soldados y grupos armados cometieron violaciones sexuales en Malí, Chad, Sudán y República Democrática del Congo; los talibanes ejecutaron extrajudicialmente a mujeres en Afganistán y Pakistán, y se negó el acceso a abortos seguros a mujeres y niñas embarazadas a consecuencia de una violación o cuyos embarazos suponían una amenaza para su salud o su vida en países como Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana.
En toda África, los conflictos, la pobreza y los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad pusieron al descubierto la debilidad de los mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales, incluso en un momento en que el continente se preparaba para la conmemoración del 50 aniversario de la Unión Africana (UA), que se celebra con una gran cumbre en Etiopía la semana del 19 al 27 de mayo de 2013.
En América, los procesos judiciales emprendidos en Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay supusieron un avance importante hacia la justicia por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. El sistema de derechos humanos interamericano recibió críticas de varios gobiernos.
Se atacó la libertad de expresión en Asia y Oceanía, con represión estatal en países como Camboya, India, Sri Lanka y Maldivas, mientras que en Afganistán, Myanmar, Pakistán y Tailandia los conflictos armados arruinaron la vida de decenas de miles de personas. Myanmar liberó a centenares de presos políticos, pero otros tantos permanecían encerrados.
En Europa y Asia Central se eludió la rendición de cuentas por los delitos cometidos en el marco de los programas de entrega dirigidos por Estados Unidos; en los Balcanes, disminuyó la probabilidad de que se hiciera justicia a algunas víctimas de los crímenes de guerra de la década de 1990; por su parte, las elecciones de Georgia fueron un raro ejemplo de transición democrática de poder en un país de la antigua Unión Soviética, ya que los regímenes autoritarios de la región seguían firmemente aferrados al poder.
En los países de Oriente Medio y el Norte de África donde los líderes autocráticos habían sido derrocados aumentó la libertad de los medios de comunicación y las oportunidades para la sociedad civil, pero también hubo retrocesos, como los desafíos a la libertad de opinión por motivos religiosos o de moral. En toda la región seguía reprimiéndose a activistas políticos y de derechos humanos, incluso mediante encarcelamiento y tortura bajo custodia. En noviembre se recrudeció el conflicto entre Israel y Gaza.
La pena de muerte siguió retrocediendo en el mundo, pese a reveses como la primera ejecución en Gambia tras 30 años sin ejecuciones, o la de una mujer en Japón tras 15 años.
