El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, avanza hacia el triunfo en las elecciones de febrero de 2024, en medio de agrias críticas de que su candidatura es ilegal y que se basa en una compleja red propagandística que lo posiciona sobre los aspirantes de una oposición que, de todos modos, no levanta cabeza, informa Edgardo Ayala (IPS) desde San Salvador.
«La candidatura de Nayib Bukele es ilegal», dijo a IPS Marvin Reyes, un trabajador de la Policía Nacional Civil, durante una manifestación celebrada en San Salvador, el 15 se septiembre 2023.
La marcha de protesta se centró en la decisión del mandatario salvadoreño, etiquetado de autocrático, de participar en las elecciones presidenciales de febrero de 2024, pese a una aparente prohibición constitucional.
El poder autoritario
«Cuando hay un manejo autoritario del poder, el primer control que se hace es el de las fuerzas armadas y, en este caso, también de la policía», agregó Reyes, quien funge como secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía.
La protesta contra el gobierno tuvo lugar durante la conmemoración del 202 aniversario de la independencia de América Central de España, pero no congregó ni de lejos a las 40.000 personas esperadas.
Eso representaría una señal inequívoca del nivel de desgaste de la oposición, mientras el mandatario goza de un índice de popularidad que ronda el noventa por ciento debido, en parte, a que logró desarticular las pandillas, las llamadas maras.
Pero esa estrategia de mano dura contra esos grupos criminales, iniciada en marzo de 2022, ha implicado graves violaciones a los derechos humanos, con detenciones arbitrarias de cientos de personas y de abusos policiales.
El caso es que haber anulado a las maras es el principal logro que la población le endosa al mandatario, y por lo cual parecería que volvería a dar su voto a quien llegó al poder en junio de 2019 como el «presidente milenial».
El gobernante, de 42 años, tiene modos tan populistas como personalistas en su gestión y le gusta controlar la información del gobierno mediante su cuenta en X, antes Twiter.
El más reciente sondeo de opinión otorga a Bukele una intención de voto de 68,4 por ciento, mientras que las otras seis candidaturas lanzadas hasta el momento no alcanzan colectivamente ni un diez por ciento.
El polémico artículo 152
Más allá de ese favoritismo, el debate político interno se centra en si el presidente puede o no lanzarse a una candidatura por la reelección continua o inmediata.
La Constitución no dice, tajantemente, que se prohíbe la reelección continua.
No obstante, en varios artículos la ley fundamental, vigente desde 1983, se habla sobre la alternancia en el ejercicio del poder, y de que el presidente no puede estar en la presidencia «ni un día más» luego de concluidos los cinco años de su mandado.
En todo caso, Bukele logró luz verde para su reelección luego de un fallo de la Sala Constitucional que reinterpretó, en septiembre de 2021, el polémico artículo 152 de la Constitución, que hasta entonces no permitía las inscripciones para una candidatura continúa, pero ahora sí.
Esa Sala de lo Constitucional fue impuesta por Bukele, gracias al control de su partido, Nuevas Ideas, en la unicameral Asamblea Legislativa, donde desde mayo de 2021 cuenta con 56 de los 84 escaños.
Con el fallo, el asunto quedó zanjado jurídicamente, pues los jueces de esa Sala son la máxima autoridad en materia constitucional.
Lo cierto es que el artículo 152 está redactado confusamente y, en efecto, da pie a las interpretaciones, aunque hasta ahora había prevalecido una lectura restrictiva para el presidente en ejercicio.
«No podrán ser candidatos a la Presidencia de la República» quien la haya desempeñado «por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial», reza la disposición constitucional.
El punto que genera la duda es a quién se refiere con lo del «periodo inmediato anterior».
Para el oficialismo, eso se refiere al predecesor de Bukele, es decir, a Salvador Sánchez Cerén, quien gobernó de 2014 al 2019, del exguerrillerro Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el poder durante diez años.
Para los opositores, es Bukele el que no podría reelegirse de forma continua, pues si ganara las elecciones y se convirtiera en presidente nuevamente, en 2024, el periodo inmediato anterior sería su actual mandato.
«Sí, es una redacción confusa, permite o da el margen para que ellos (los del gobierno) planteen la posibilidad de una reelección», dijo Eduardo Escobar, de la oenegé opositora Acción Ciudadana.
No obstante, Escobar señaló a IPS que la interpretación correcta es la que prohíbe la reelección continua, como lo establecieron anteriormente otros jueces constitucionales.
Propaganda y posverdad
La campaña proselitista arranca en noviembre, pero en la práctica ya ha comenzado la guerra mediática.
Se sabe que el oficialismo maneja una compleja maquinaria de propaganda que difunde «la verdad» del «bukelismo».
El presidente difundió el domingo 17 un video, como habitualmente por la red X, con todo el tinte de campaña electoral: se muestra a familias salvadoreñas encerradas en sus casas, tras barrotes similares a las de una prisión.
Una voz en off va diciendo que por años las familias estuvieron a merced de las pandillas, «pero ahora por fin logramos acabar con esa pesadilla», afirma. Y agrega: «Pero hay políticos y opositores que quieren dejarlos en libertad».
Es un contenido distorsionado, porque la oposición nunca ha solicitado que se libere a los pandilleros, sino a las personas detenidas arbitrariamente, en el marco del régimen de excepción.
«El discurso del gobierno logra prosperar porque tiene un aparato de comunicación y de desinformación muy bien pensado y engranado», dijo Escobar.
Uno de esas maniobras propagandísticas es la presunta lucha contra la corrupción impulsada por el gobierno.
Esa lucha queda en entredicho porque, aunque el gobierno ha promovido que la Justicia persiga a algunos políticos, incluyendo a un desconocido diputado oficialista, evade hablar sobre los casos en los que estarían involucrados altos funcionarios de la administración de Bukele.
Entre esos casos estaría el oscuro manejo en 2020 de fondos públicos durante la pandemia de covid, investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), disuelta por Bukele en junio de 2021, con lo cual los expedientes fueron archivados.
Más allá de la propaganda tradicional, «estamos ante un tema de posverdad, de la distorsión de la realidad, y en eso es muy hábil el presidente Bukele y su gabinete», aseguró a IPS la periodista Wendy Monterrosa, del medio digital Voz Pública.
Ese y otros cuatro medios formaron en abril El Filtro, una iniciativa periodística que investigó a decenas de sitios digitales, «youtubers» e «influencers» que lanzan al ciberespacio la propaganda oficialista.
Como parte de ese esfuerzo, Monterrosa participó en una investigación sobre el canal Alfa Producciones TV Online, en la plataforma YouTube, en el que, por ejemplo, el audiovisual «el video más visto de Bukele en el mundo» ha sido visto por 5,3 millones de personas.
«Analizamos el contenido de ese canal, que mezclaba la parte religiosa y el contenido en favor del presidente Bukele», comentó Monterrosa.
Agregó que, aunque no se logró comprobar que ese canal respondía a lineamientos desde el gobierno, sí era obvio que era parte de un esfuerzo bien coordinado para alabar al presidente Bukele.
En septiembre de 2022 la agencia internacional Reuters reveló también la existencia de «granjas de troles» que difundían la propaganda oficialista.
Monterrosa precisó que El Filtro fue un proyecto de solo seis meses y no se tuvo más tiempo para analizar la tergiversación que medios locales pudieran estar haciendo en favor de la oposición.
Y es que, como en toda guerra mediática, también hay distorsiones por parte de los medios afines a la oposición, sobre todo por parte de la prensa escrita tradicional, experta en el arte de la desinformación en campañas electorales pasadas.
Incluso la prensa internacional, que ha denunciado las violaciones a los derechos humanos en El Salvador, suele caer en tergiversaciones anti Bukele.
Por ejemplo, la cadena alemana DW aseguró en una información sobre la protesta del viernes 15 de septiembre que el gobierno montó un desfile militar cerca del lugar donde iniciaría la marcha, en las cercanías del Parque Cuscatlán, en San Salvador, como para intimidar a los participantes.
Pero el hecho es que ese desfile militar ha iniciado siempre en ese lugar, desde hace décadas.
Otra narrativa bastante difundida por la oposición es la que da a entender que, antes de Bukele, existía una plena y robusta democracia en este país centroamericano de 6,7 millones de personas, que ahora está siendo descabezada por la vorágine «dictatorial» del mandatario.
Pero en El Salvador, antes del «bukelismo», había ya un sistema sin contrapesos, altamente corrupto, en donde los principales partidos se repartían las instituciones y las controlaban a su gusto, dijo a IPS el abogado Misael Rivas, cercano al oficialismo.
«Se sabe que el Partido de Conciliación Nacional tenía la Corte de Cuentas (contraloría), la Fiscalía era de Arena, y la Corte Suprema de Justicia se la repartían el FMLN y Arena», acotó. Arena es el acrónimo de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, que gobernó por veinte años, desde 1989 al 2009.
En efecto, la justicia en El Salvador siempre fue corrupta e ineficaz, como han denunciado los salvadoreños de a pie que deben recurrir a ella, y como lo establecieron, año tras año, los reportes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en sus informes sobre el país.
Bukele, que controla buena parte del sistema judicial al igual que lo hace con el legislativo, sería, pues, otro político igual que los de siempre.
