La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia la escalada de ataques a la prensa, la censura y clausura de medios de comunicación, así como la detención arbitraria y enjuiciamiento de periodistas en Nicaragua.
La Comisión también ha documentado la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias e ilegales, así como condiciones de detención que violan los derechos de las personas privadas de libertad y la de sus familias.
Durante las primeras semanas de 2019, el Mecanismo Especial de Siguiendo de Nicaragua (Meseni) de la CIDH recibió información sobre la detención de Wilfredo Brenes Domínguez, Karla y Fernando Escobar Maldonado y Ramón Javier Cerrato ocurrida en el barrio Fox el 2 de enero, y la de Keneth Martínez, ocurrida en el barrio Monimbó el 3 de enero. Para estas detenciones la policía habría desplegado unos treinta efectivos antimotines acompañados de perros.
Además, el 11 de enero, en el poblado El Jícaro, en Nueva Segovia, fueron detenidos Jorge García y Salvador Orozco por hacer pintadas de protesta contra el Gobierno en letreros públicos. Fueron llevados a la delegación del Jícaro y luego a la del Jocotal. Sin embargo, durante cuatro días a partir de su detención, sus familiares no tuvieron información sobre su paradero, ninguno de los dos había sido presentado ante un juez, ni se conocía la imputación legal que habría justificado la detención. Finalmente, Jorge García y Salvador Orozco fueron liberados el 19 de enero.
Esto pone de relieve la gravedad de la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias ininterrumpido, en el que esa acción pierde su función cautelar y constituye la regla general para castigar a quienes manifiestan su disidencia con el Gobierno. Por ello, la CIDH recuerda al Estado que una detención es ilegal o arbitraria cuando se produce fuera de las hipótesis previstas en la ley, o cuando es utilizada para fines diferentes a los previstos y sin las estrictas formalidades establecidas en la norma. Además, le recuerda que las detenciones ilegales y arbitrarias constituyen verdaderas penas si no ha habido proceso legal.
A la Comisión también le preocupa el aumento de las denuncias de malos tratos y castigos físicos contra mujeres y hombres recluidos en las cárceles conocidas como La Esperanza y La Modelo. A través del Meseni, les ha llegado información de que la noche del 31 de diciembre de 2018, en la cárcel La Modelo, un grupo de antimotines, armados con fusiles de guerra AK 47, con gas pimienta y con perros, agredieron a un grupo de internos que había entonado el himno nacional.
Por las mismas fuentes se han enterado de la paliza que le dieron el 11 de enero pasado a Francisco Sequeira, recluido en dependencias de máxima seguridad de la cárcel La Modelo. La agresión habría sido cometida por varios funcionarios como represalia por haber grabado un video en el que el interno Chester Membreño ofrecía su testimonio sobre lo que pasaba en la cárcel. Sequeira fue rociado con gas pimienta y, tras de la agresión, le dejaron en la celda sin ningún tipo de atención médica
Similares denuncias han llegado a la CIDH sobre lo sucedido el 16 de enero a Kenia Gutiérrez, recluida en la cárcel La Esperanza. Según la denuncia pública, la detenida habría comparecido a su primera audiencia de juicio con marcas visibles de golpes en los brazos, producidos por una funcionaria como represalia por haber brindado agua a otra detenida.
En el mismo contexto, la Comisión sabe que los días 23 y 24 de enero, agentes penitenciario allanaron dos galerías de la Modelo e inutilizaron alimentos de varios reclusos. No contentos con eso, les requisaron utensilios y productos de primera necesidad que regularmente les llevan sus familiares para el aseo personal.
La Comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, ha asegurado que «se trata de un conjunto de prácticas que reflejan el uso de la privación de la libertad como un modo de criminalizar, sancionar y neutralizar la protesta social, desnaturalizando las funciones excepcionales que debería cumplir la privación de la libertad en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos”. Dijo que reitera el llamamiento al Estado para que cese de la represión, y laa violación de los derechos humanos.
Asimismo, la CIDH recibió información sobre reclusos que no estarían recibiendo la debida atención médica. Es el caso de María Mercedes Chavarría, quien se encuentra con parte importante de su cuerpo paralizado sin que se haya brindado información sobre su estado de salud, ni se haya provisto la atención médica que requiere. A Ruth Matute, quien tenía un marcapasos, tuvieron que operarle de urgencia porque no fue atendida en su momento.
Por ello, la CIDH recuerda nuevamente a las autoridades del Estado de Nicaragua su insoslayable obligación de garantizar la integridad física de las personas que se encuentran bajo su custodia y que debe brindar las condiciones sanitarias y de atención médica adecuada. El incumplimiento de esta obligación, en particular cuando se trata de personas confinadas bajo el control de agentes estatales, constituye una seria violación a los derechos humanos.
El relator para Personas Privadas de la Libertad, comisionado Joel Hernández, expresó que “las condiciones de reclusión deben tener en cuenta el especial deber de protección del Estado con la integridad y salud de las personas recluidas”. Asimismo, añadió que «el Estado de Nicaragua debe modificar las prácticas en su sistema penitenciario para cumplir con los estándares a los que está obligado”.
Ataques a la prensa
A pesar de las advertencias de la CIDH, en las últimas semanas ha continuado la ofensiva para cerrar y censurar medios de comunicación independientes, detener y encarcelar periodistas, y forzar al exilio a los nombres más importantes del periodismo nicaragüense.
El citado organismo ya había denunciado los ataques a la prensa ocurridos desde el inicio de la crisis, entre los que se encuentran La Prensa, Confidencial, 100% Noticias, Radio Darío, Radio Mi Voz, Canal 12 y el equipo periodístico de Canal 10 de Nicaragua (Comunicado R267/18).
En este mismo ámbito, la Comisión recibió información sobre la criminalización de Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, jefa de prensa y director del canal de televisión 100% Noticias, respectivamente, quienes fueron detenidos el 21 de diciembre de 2018 y luego acusados de “proposición y conspiración para cometer actos terroristas y apología e inducción para cometer delitos impulsados por el odio”, junto a otros tres trabajadores de la prensa, Jaime Arellano, Jackson Orozco y Luis Chavarría Galeano, quienes han tenido que abandonar el país.
La Policía Nacional mantiene el control y ocupación de las plantas y equipos de las redacciones de 100% Noticias y el medio digital El Confidencial. El ente regulador de las telecomunicaciones suprimió la televisión para abonados de canales con líneas editoriales independientes, como 100% Noticias. Asimismo, el Canal 12 ya no transmite los programas “Esta Semana” y “Esta Noche”, que se producían en las instalaciones de El Confidencial. Las autoridades mantienen retenidas en la aduana las importaciones de papel efectuadas por el histórico diario La Prensa, que publicó su portada en blanco como una forma de denunciar este nuevo mecanismo de censura, mientras que anunció el inminente cierre de su edición papel debido a la medida.
A lo largo de los últimos tres meses, se han exiliado más de sesenta periodistas nicaragüenses debido a amenazas provenientes de distintos grupos controlados por el Estado. En paralelo, el Gobierno favorece al duopolio que mantiene el control de la mayor parte de la televisión y la radio en Nicaragua. De acuerdo a información pública, uno de esos grupos estaría constituido por miembros da familia del presidente y la vicepresidenta del país.
“La democracia y el Estado de Derecho son incompatibles con la criminalización de la prensa independiente. El uso del derecho penal para castigar la emisión de información u opiniones, conforme a un criterio fuertemente asentado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, viola abiertamente sus estándares. El Estado de Nicaragua debe cesar inmediatamente los ataques a la prensa independiente y mostrar cuanto antes apego a los principios democráticos”, sostuvo el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.
La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han manifestado su preocupación por la garantía de los derechos sociales en Nicaragua, en relación con los actos de represión por parte del Estado desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018.
Recordando que dichas protestas siguieron al anuncio de una reforma del seguro social, la REDESCA de la CIDH manifiesta su preocupación ante la adopción del Decreto Presidencial No. 06-2019 en la materia, publicado el 1 de febrero. Dicho decreto contiene reformas al “Reglamento General de la Ley de Seguridad Social” sobre la base de la resolución 1/325, del 28 de enero de 2019 del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Entre otros aspectos, la reforma implica aumentos en las cotizaciones de trabajadores y empleadores, omite referirse a la actualización periódica de las pensiones ahora en el 5 % anual, e introduce modificaciones en el cálculo de las mismas que puede suponer una disminución de hasta el 30 % en las nuevas pensiones.
Recordando el carácter progresivo de los derechos sociales y ambientales, la REDESCA expresa su preocupación por el carácter prima facie regresivo de tales reformas y su potencial impacto negativo para los derechos humanos de la población nicaragüense, en particular para los derechos laborales, el derecho a la seguridad social y los derechos de las personas mayores.
La CIDH y la Redesca (Relatora Especial Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) también han recibido información que indica que las reformas son decretadas sin un apropiado proceso de consultas, información y diálogo con los diferentes sectores afectados. Un decreto presidencial no resulta la vía adecuada para la realización de reformas sobre derechos sociales y puedan suponer retrocesos en relación con los niveles de progreso ya alcanzados por Nicaragua en el cumplimiento de obligaciones relativas a los derechos.
Asimismo, la Redesca reitera que una reforma al sistema del seguro social debe tomar en cuenta no sólo una perspectiva económica o financiera, sino fundamentalmente de derechos humanos. «Cualquier proceso de reforma legislativa que afecte derechos sociales debe garantizar la participación ciudadana y evaluar exhaustivamente el impacto para la realización de tales derechos antes de su adopción”, manifestó Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Desca de la CIDH.
Por todo ello, la CIDH urge a restablecer las condiciones propias de un Estado de Derecho en Nicaragua. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, opina que es muy preocupante que junto al cierre paulatino de los espacios democráticos en el país, “también persistan las amenazas a la integridad y a la libertad de las personas. Asimismo, reiteramos el llamado a que el Gobierno de Nicaragua se abra al escrutinio internacional en materia de derechos humanos”.
