Nicaragua restringe derechos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH¹) rechaza la aprobación de la «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz» por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua el pasado 21 de diciembre, y urge al Estado a derogarla.

Daniel Ortega (presidente) celebra con su mujer Rosario Murillo (vicepresidenta) la victoria electoral en 2015.
Daniel Ortega (presidente) celebra con su mujer Rosario Murillo (vicepresidenta) la victoria electoral en 2015.

De conformidad con su artículo primero, dicha iniciativa tendría por efecto prohibir que puedan optar a cargos de elección popular las y los nicaragüenses que, a juicio de las autoridades «encabecen o financien un golpe de estado», «fomenten actos terroristas», «inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos», «se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización», «exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos», entre otros.

De conformidad con el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), todas las y los ciudadanos deben gozar del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; a votar y a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y a acceder a las funciones públicas de su país. Dichos derechos además deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad.

En este sentido, preocupa a la Comisión que la ley aprobada limitaría desproporcionadamente los derechos políticos consagrados en la Convención Americana.

En especial, preocupa a la CIDH que, en las hipótesis de privación del derecho de optar a cargos de elección popular previstas en la iniciativa, se encuentren calificaciones amplias sin que se precisen procedimientos, ni autoridades competentes para su determinación.

Lo anterior, junto a la falta de independencia de las ramas de los poderes públicos, especialmente del Poder Judicial y del Consejo Supremo Electoral (ampliamente documentado por la Comisión en el Capítulo IV.B de su informe anual 2018 y 2019), deriva en un grave riesgo de aplicación discrecional y arbitraria de las disposiciones contenidas en la ley, lo que, a su vez, vulneraría los derechos políticos de las personas opositoras al actual Gobierno.

Asimismo, la Comisión toma nota de que la «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz», se suma a otras leyes aprobadas en el presente año por la Asamblea Nacional, las cuales, además de contener disposiciones contrarias a la CADH, serían previsiblemente destinadas a la represión de las voces disidentes en el país, a saber: la Ley sobre Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. En conjunto, dichas normas formarían parte de una estrategia más amplia de intensificación de la represión en contra de cualquier actor o actora que se oponga a la narrativa oficial.

En consecuencia, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a derogar esta norma y a tomar medidas urgentes para restablecer el orden constitucional, recuperar las garantías propias de un régimen democrático y evitar la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país.

  1. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
    La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
    La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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