El 11 de septiembre de 1973, un golpe militar derrocó en Chile al gobierno elegido democráticamente del presidente Salvador Allende.
El golpe de Estado fue seguido inmediatamente por la represión de las actividades políticas legítimas y la detención masiva de decenas de miles de partidarios del anterior gobierno. La represión que siguió a la instalación de la dictadura militar forzó a miles de chilenos al exilio durante los años siguientes. Muchos de ellos partieron como refugiados a países de América Latina y Europa.
Entre los que huyeron a la Argentina, hubo varios casos que no sólo debieron afrontar las penurias propias del exilio, sino que, además, continuaron estando expuestos a graves abusos contra sus derechos humanos, informa Acnur.
Las investigaciones judiciales seguidas en torno del “Plan Cóndor” han demostrado cómo la coordinación de acciones represivas entre las dictaduras de Argentina (1976) y Chile condujeron al asesinato y desaparición forzada de refugiados que habían logrado en un primer momento huir de la represión.
Entre estos casos, se encuentra Pablo Germán Athanasiu Laschan, quien fue presentado el pasado 6 de agosto como el nieto recuperado Nº. 109 por Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. En abril, tras una ardua tarea de investigación, Pablo fue contactado por integrantes de Abuelas y accedió voluntariamente a realizarse el examen inmuno-genético que logró determinar, en un 99,99 por ciento, su pertenencia al grupo familiar Athanasiu Laschan.
Pablo nació el 29 de octubre de 1975. Es hijo de la pareja que conformaban los chilenos Frida Laschan Mellado y Ángel Athanasiu Jara. Cuando sólo tenía unos meses de edad, Pablo y sus padres fueron secuestrados en un operativo que fuerzas de seguridad realizaron en el hotel en el que vivían en la ciudad de Buenos Aires a donde habían llegado huyendo de la persecución en su país de origen.
Pablo fue entregado por la fuerzas de la dictadura y anotado como hijo propio por un matrimonio con estrecha vinculación al régimen cívico-militar. Su apropiador hoy se encuentra detenido en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad. Sus padres, Frida y Ángel, continúan hasta el día de hoy como desaparecidos.
Se estima que más de 500 nietos fueron apropiados por la dictadura militar argentina que implementó un plan sistemático de robo de niños que incluyó el secuestro de bebés, niños y mujeres embazadas, así como la instauración de maternidades clandestinas en centros de detención ilegal. Los niños robados como «botín de guerra» por la represión fueron inscritos como hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos como seres sin nombre N.N. De esa manera, los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad.
El caso de Pablo y de sus padres desnuda los riesgos serios de protección y abusos contra los derechos humanos que muchos refugiados atravesaron en esta región aún luego de abandonar su país de origen en busca de protección durante los años de las dictaduras latinoamericanas. El caso renueva la importancia de abogar siempre por el respeto de los derechos humanos de los refugiados y el estricto cumplimiento de las normas internacionales para su protección.
El trabajo del ACNUR en la región a partir de la década de 1970 constituyó un importante hito en la historia de la organización, ya que fue la primera operación de envergadura en Latinoamérica. Aunque no existen cifras exactas del número de personas que huyó al exilio en los años en que las dictaduras militares se apoderaron de los gobiernos de los países del Cono Sur, se estima en varias decenas de miles el número total de quienes huyeron del terror de las dictaduras.
