Un condenado a muerte en Nigeria será fusilado esta semana después de que las autoridades penitenciarias lo llevaran al patíbulo, donde ahorcaron a otros cuatro hombres el lunes por la noche, según ha sabido Amnistía Internacional.
Estas han sido las primeras ejecuciones conocidas que se han realizado en el país desde 2006.
Las autoridades de la prisión de Benin, en el estado de Edo, habían previsto ahorcar al hombre junto con los otros cuatro, pero paralizaron la ejecución tras darse cuenta de que su condena, impuesta por un tribunal militar, exigía que fuera fusilado.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se comunicó por adelantado la ejecución ni a los presos ni a sus familias. Las ejecuciones secretas, en las que no se informa de antemano a los condenados, a sus familias y a sus abogados, violan las normas internacionales sobre la pena de muerte.
“Las palabras cruel e inhumano no sirven para empezar a describir la pesadilla que está viviendo este hombre, que pone de relieve el carácter espectacularmente brutal del retorno repentino de Nigeria a los homicidios a manos del Estado”, declaró Lucy Freeman, directora adjunta del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
“La reanudación de las ejecuciones en Nigeria es lamentable y sumamente preocupante. Las autoridades del estado de Edo ya han ejecutado a cuatro hombres esta semana y todavía prevén ejecutar a un quinto. Las autoridades nigerianas deben detener inmediatamente todas las ejecuciones y reanudar la moratoria de la pena de muerte que estaba en vigor.”
Los cuatro hombres ahorcados en la prisión de Benin la noche del lunes tenían aún en tramitación sus recursos. Las ejecuciones se llevaron a cabo apenas unas horas después de que un Tribunal Superior federal rechazara una demanda contra tres de las órdenes de ejecución. El fiscal general del estado de Edo y las autoridades de la prisión hicieron caso omiso de una apelación y de una solicitud de aplazamiento de la ejecución presentadas inmediatamente después de la sentencia. Con la ejecución de los presos, Nigeria ha demostrado su desprecio flagrante por el Estado de derecho y su falta de respeto hacia las actuaciones judiciales.
El quinto hombre, condenado por un tribunal militar, nunca pudo recurrir contra su condena original porque en aquel momento los tribunales militares negaban a los procesados el derecho de apelación, lo que de por sí constituye una violación de las normas de imparcialidad procesal y del derecho internacional.
En virtud de las leyes de Nigeria y del derecho internacional, no se puede llevar a cabo una ejecución mientras aún está tramitándose una apelación.
“Las autoridades de la prisión de Benin simplemente hicieron caso omiso de las garantías procesales previstas en la ley y negaron a sangre fría a los reclusos una oportunidad para ejercer sus derechos”, dijo Freeman.
El quinto hombre, que va a ser fusilado, lleva 17 años en el corredor de la muerte y fue condenado a la pena capital por un tribunal militar durante el régimen militar de Nigeria, antes del retorno de la democracia en 1999. Amnistía Internacional ha expresado serias dudas sobre la imparcialidad de los juicios celebrados durante ese periodo.
De las más de mil personas condenadas a muerte actualmente en el país, hay decenas que también fueron condenadas por tribunales militares antes de 1999.
“El hecho de que Nigeria haya reanudado las ejecuciones por condenas impuestas por tribunales militares sólo aumenta el desprecio por los derechos humanos”, añadió Freeman.
“En un momento en el que África Occidental y el mundo se alejan de la pena de muerte, resulta muy preocupante que el presidente nigeriano Goodluck Jonathan vaya en contra de esta clara tendencia internacional y esté fomentando un retroceso para los derechos humanos.”
Este mes, el presidente Goodluck Jonathan instó a los gobernadores de los estados a que firmaran órdenes de ejecución para los presos condenados a muerte, lo que permite en efecto a las autoridades penitenciarias federales a proceder con las ejecuciones de los internos recluidos en las prisiones estatales.
El gobernador del estado de Edo había firmado en octubre las órdenes de ejecución de los cuatro hombres ahorcados el lunes.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, y de la culpabilidad o inocencia del condenado, por constituir una violación del derecho a la vida y la pena cruel, inhumana y degradante por excelencia.
