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Nucleares en Europa: los gobiernos no pueden ampliar vida útil sin consulta pública

Greenpeace ha solicitado al Gobierno español medidas similares en el pasado, que a partir de ahora serán obligatorias

Activistas de Greenpeace con maquinaría de construcción acuden a Garoña para iniciar el desmantelamiento. (c) Greenpeace/Mario Gómez
Activistas de Greenpeace con maquinaría de construcción acuden a Garoña para iniciar el desmantelamiento. (c) Greenpeace/Mario Gómez

El debate sobre el cierre programado de la vida operativa del parque nuclear en España está afectado por la decisión que acaba de tomar

El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus (ACCC) ha concluido que la vida operativa de una central nuclear no puede extenderse de 40 a 60 años sin la posibilidad de efectos ambientales significativos, y por ello debe hacerse una nueva evaluación de impacto ambiental con la preceptiva consulta pública.

Esta decisión ha sido comunicada a Greenpeace en respuesta a la queja que presentó ante el ACCC en 2014 debido a la ampliación de una licencia de operación ilimitada para la central nuclear de Borssele (Países Bajos), que había sido otorgada por el Gobierno holandés sin dicha evaluación de impacto ambiental[1].

La ACCC envió sus conclusiones finales a Greenpeace como comunicante el pasado 12 de octubre de 2018, y desde ese momento son legalmente válidas y se presentarán para su confirmación en la 7ª sesión de la Reunión de las Partes en 2021.

En España, Greenpeace ha informado y solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Industria, ambos agrupados hoy en día en el Ministerio de Transición Ecológica, la necesidad de hacer un estudio de impacto ambiental, bajo los convenios de Espoo[2] y Aarhus[3], para la ampliación de licencia de la vida operativa de las nucleares, pero en el caso de España a diferencia de Países Bajos, la ampliación de licencia para Garoña no se llegó a producir.

Si el Gobierno de España ampliara la licencia de explotación de las nucleares, además de todas las medidas de seguridad e inversiones reglamentarias, deberá exigir estudio de impacto ambiental y la participación pública en el proceso según la reciente decisión del Comité de Cumplimietno del Convenio de Aarhus, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

Notas

  1. La central nuclear de Borssele (NPP) recibió al inicio una licencia de operación ilimitada. Sin embargo, su primer informe de seguridad se basó en una vida útil de diseño de cuarenta años. En la década de 1990, el gobierno holandés bajo una moción del Parlamento redujo la vida útil de la central nuclear de Borssele a 2003. Sin embargo, en el proceso de privatización de esta central eléctrica, esta fecha se trasladó a 2013 y luego se prolongó en un pacto con el operador hasta 2033 con la posibilidad de que el operador reciba una compensación en caso de que se decidiera un cierre anterior, con la excepción del cierre debido a argumentos de seguridad. Una ley de 2011 permitió una operación más prolongada hasta 2033. Los cambios de licencia debidos a las actualizaciones necesarias para una operación más prolongada así como las adaptaciones posteriores a Fukushima se aceptaron en 2013. No se hizo ninguna Evaluación de Impacto Ambiental para ninguna de estas decisiones sobre la argumentación de que la licencia de operación inicial seguía siendo válida, que no se hicieron cambios físicos significativos y que no habría una influencia negativa para el medio ambiente. El procedimiento de participación pública antes del cambio de licencia de 2013 solo trataba problemas de seguridad limitados de los cambios físicos propuestos.
  2. Convenio Espoo. Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991.
  3. Convenio Aarhus. Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998.

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