Organizaciones de derechos humanos de dentro y fuera de Guatemala denunciaron como una amenaza para las mujeres y las personas LGBTI la Ley para la Protección de la Vida y la Familia que acaba de sancionar el Congreso legislativo de este país centroamericano, informa IPS.
La nueva ley «no protegerá a las familias ni a las vidas; fomentará el odio y la discriminación, poniendo en peligro la vida y los derechos de innumerables personas», dijo Erika Guevara Rosas, directora para América en la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
El texto endurece las penas para el aborto, prohíbe el matrimonio igualitario y veda incluir temas sobre diversidad sexual en la educación, al tiempo que el Gobierno declaraba a Ciudad de Guatemala como «capital provida de Iberoamérica».
Para Cristian González, investigador de la oenegé Human Rights Watch (HRW), la ley «es el mayor y más regresivo ataque a los derechos de las mujeres y personas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) aprobado por una legislatura nacional en América Latina en al menos los últimos diez años».
La ley ordena cambios en el Código Penal, como aumentar de tres a diez años de prisión el castigo para las mujeres que aborten, ampliar las penas a médicos y a quienes faciliten la interrupción del embarazo, en los casos más graves hasta con cincuenta años de cárcel.
Se exceptúa como no punible el aborto terapéutico, aunque se establecen más requisitos para que se aplique la excepción.
El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad por considerar que la nueva ley está fuera del ordenamiento jurídico y es discriminatoria.
«Es una vergüenza que en pleno 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer- el Congreso haya dado una puñalada a las mujeres en Guatemala, un retroceso. Cuando el mundo se está abriendo, Guatemala retrocede, limitando derechos y poniendo en riesgo a las mujeres», dijo Rodas.
AI destacó que este país de diecisiete millones de habitantes sufre niveles alarmantes de embarazos entre niñas y adolescentes: sólo el año pasado, 2041 niñas de catorce años o menos dieron a luz, y hubo más de 65.000 embarazos en menores de diecinueve años.
Ximena Aguilar, de la organización feminista guatemalteca IncideJoven, criticó que la nueva ley «es una violación a los derechos humanos, incluso a la libertad de expresión, porque se prohíbe hablar del aborto cuando vivimos en un país en el que al día, en el 2021, se violaron a veintisiete mujeres».
La nueva ley niega el matrimonio o el reconocimiento de la unión libre de parejas del mismo sexo, y también prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas «promover en la niñez y adolescencia políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer».
«Es un combo de intolerancia ante la educación sexual, los derechos de las mujeres, la crianza de los hijos y las personas de la diversidad sexual, un combo regresivo, autoritario y conservador», dijo Anneliza Tobar, de la organización guatemalteca Familias por la Diversidad.
Incluso la asociación La Familia Importa, que apoya la ley y promueve la vida desde su concepción, pidió al presidente Alejandro Giammattei analizar técnica y jurídicamente la norma «para que no sea ratificada una ley que pueda poner en riesgo derechos y garantías fundamentales de los guatemaltecos».
La ley, promovida desde 2017 por el bloque legislativo de derecha Visión con Valores, fue aprobada con 101 votos a favor de oficialistas y aliados, ocho en contra y 51 ausencias.
Giammatei acompañó la sanción legislativa con un acto público frente al Palacio Nacional de la Cultura en el que se proclamó a la ciudad como «capital por la vida» y «luz contra el aborto» en Iberoamérica.
El mandatario lo presentó como «una invitación a proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Tenemos un país que aprende, enseña y hace todo lo posible por respetar la vida desde su concepción».
La nueva ley guatemalteca va a contravía de las tendencias en la región. El 21 de febrero Colombia despenalizó el aborto hasta la semana veinticuatro de gestación, y el 8 de marzo Sinaloa se sumó a otras seis entidades federales de México donde el aborto se despenaliza.
Normas similares existen en Argentina, Cuba, Guayana Francesa, Guyana, Puerto Rico y Uruguay.
