Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) informa de que la Procuraduría del Estado mexicano de Nuevo León acaba de adquirir un sistema para detección bajo tierra, un instrumento tecnológico empleado en la investigación arqueológica y forense.
Esta herramienta auxiliará a las autoridades en su trabajo de localización de personas desaparecidas, quienes son enterradas en los lugares más insospechados y no hay forma de localizar sus cuerpos.
Esto se ha sabido durante la última reunión de trabajo (ya van 16 desde junio de 2011) entre esta organización, familiares de desaparecidos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se analizaron los avances en la investigación de 46 casos más.
Hasta ahora se han analizado 76 de los 182 de los que se tiene conocimiento, y a decir de Cadhac, con un avance significativo en varias investigaciones, pues han conducido al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los partícipes y el enjuiciamiento de algunos de ellos. Así, han sido detenidas 51 personas por su probable responsabilidad, de las cuales 47 se encuentran sujetas a un proceso judicial, mientras que cuatro policías fueron, puestos en libertad por autoridades judiciales, una decisión que están impugnando ante tribunales federales.
No obstante, la organización asegura que aunque existe un avance en la búsqueda de los responsables, observan que en la mayoría de los casos se desconoce el paradero o suerte de la víctima, cuya búsqueda y localización continúa siendo la asignatura pendiente de las autoridades. A día de hoy, tienen registradas más de mil personas desaparecidas, de las cuales se han localizado a 72 personas, 46 con vida y 26 fallecidas.
Por otra parte, en los casos de quienes fueron visto por última vez en el Estado de Tamaulipas, cuyos familiares residen en Nuevo León, las procuradurías de ambos estados están trabajando de forma coordinada, e incluso han puesto en marcha un red especializada en la búsqueda de personas desaparecidas. La razón es que en los dos territorios sigue desapareciendo gente de forma alarmante. Durante el sexenio del anterior presidente, Carlos Calderón, la “culpa” se atribuía al crimen organizado, pero las quejas y denuncias contra el ejército son continuas también ahora. Por regla general, las autoridades militares llegan a los domicilios sin orden de registro, detienen a las personas, las torturan y entregan a las autoridades ministeriales federales y estatales, en donde las familias pierden el rastro. Los desaparecidos son gente joven, principalmente, pertenecientes a todos los estratos sociales.
Desde Cadhac, organización no gubernamental, apartidista, y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación (1993) se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos en Nuevo León, aseguran que cuando se producen las detenciones, las autoridades fabrican delitos para justificar retenciones arbitrarias, siendo obligados a confesar delitos que ni siquiera cometieron.
Por lo que respecta al conjunto del país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (Cndh), reportó hace un tiempo un total de 5.379 personas de las que no se sabía nada: 3.457 hombres y 1.885 mujeres. Este organismo obtuvo los datos de los familiares de los desaparecidos, a quienes ofrece orientación, y también consiguió información en las procuradurías de justicia de todo el país y en los servicios médicos forenses.
