Mientras los 134 migrantes que quedan a bordo del barco español Open Arms viven lo que esperemos sean sus últimas angustiosas horas frente a la costa de Lampedusa, en espera de que el ultraderechista y xenófobo ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, autorice su desembarco una vez que otros seis países europeos se han comprometido a acogerles; un artículo publicado del canal France 2 recuerda que el derecho internacional –la normativa que Salvini desprecia diciendo que él «no está en su cargo para hacer buenas obras, sino para defender a los italianos» (del peligro «extranjero»)- «es favorable al salvamento y acogida de náufragos en general, y de personas que huyen de guerras, persecuciones de toda índole y hambrunas, en particular».
En el Open Arms, el psicólogo que les acompaña, Alessandro di Benedetto, asegura que la situación es insostenible, que los migrantes están al límite de sus fuerzas, ha habido un intento de suicidio y a algunos han tenido que impedirles que se tiren al agua.
Respecto a normas internacionales, son varias las leyes relativas al derecho de los refugiados en la Unión Europea (UE). La carta de Derechos Fundamentales garantiza, entre otras cosas, el derecho de asilo en su artículo 18. En cambio, las operaciones de salvamento en el mar y los derechos de un barco humanitario están determinados por su localización.
En aguas internacionales (a más de 22,2 kilómetros de la costa), el barco «puede moverse a sus anchas porque la alta mar es una zona de libertad». En cambio, es necesaria la autorización de los estados cuando el barco se encuentra en aguas territoriales.
El derecho reconoce la noción de «paso inofensivo», lo que permite que los barcos permanezcan en las aguas territoriales sin autorización, aunque tampoco pueden acercarse y entrar en un puerto.
Pero la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho marítimo indica que «todas las embarcaciones tienen que salvar a las personas en peligro y llevarlas a un lugar seguro», según ha explicado al canal Celine Schmitt, portavoz de ACNUR en Francia.
Para los migrantes recogidos en el Mediterráneo central, como es el caso del Open Arms, los puertos seguros más cercanos son los de Malta e Italia, ya que «en Libia, a los migrantes se les detiene automáticamente» y, no lo dice la ONU pero después se les encarcela, tortura y viola.
En los últimos meses, varios tribunales italianos se han pronunciado sobre la situación de los barcos humanitarios a los que Salvini prohíbe atracar en Italia. El tribunal administrativo de Roma, al que ha recurrido la ONG española ProActiva (dueña del Open Arms), ha sentenciado que hay que autorizar al barco a entrar en aguas territoriales italianas, así como que los migrantes que lo necesitan reciban «ayuda inmediata», aunque no ha dicho nada sobre el atraque del barco y el desembarco de los migrantes en suelo italiano.
Hace un par de meses, en junio de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH), tomó una decisión similar con relación al barco humanitario alemán Sea Watch 3, capitaneado por Carola Rackete: los migrantes que llevaba a bordo recibieron asistencia en aguas territoriales libias y una decena de ellos (mujeres embarazadas y niños) pudieron desembarcar en Italia. El CEDH sentenció en cambio a favor de las pretensiones de Salvini, impidiendo que el barco pudiera atracar, considerándolo innecesario porque las personas en peligro ya habían sido atendidas. Y además precisó que esa sentencia no tenía por qué ser la misma en los casos que puedan darse posteriormente..
En lo que están de acuerdo los analistas internacionales es en que los barcos de estas organizaciones humanitarias, que recogen náufragos y personas en situaciones de peligro en alta mar, están haciendo un trabajo que corresponde a los estados, pero que no cumplen.
En la UE no existe ningún protocolo que regule el desembarco de migrantes recogidos por barcos de salvamento, los casos se van solventando uno tras otro, a medida que se presentan, mediante acuerdos concretos y reparto de los migrantes entre varios países donde, una vez desembarcados, se llevan a cabo las formalidades previstas: «control sanitario y de seguridad, registro en la base europea Eurodac (sistema de información a gran escala que contiene las huellas digitales de los solicitantes de asilo y los inmigrantes ilegales que se encuentran en territorio de la UE. En 2014 las personas censadas eran 2,7 millones), entrevistas preliminares y creación de la lista nominal de solicitantes de asilo».
Después, la Comisión «reparte» a los migrantes y cada uno de los estados que los reciben procede de acuerdo con su propia legislación. Según ACNUR, «este procedimiento de tratar caso por caso no es eficaz. Las negociaciones entre estados tardan demasiado tiempo y mientras tanto las personas de los barcos no pueden ser atendidas, aunque necesiten que se les socorra inmediatamente: Hace falta un mecanismo previsible de desembarco y a continuación un sistema de reparto eficaz. En la situación actual los barcos permanecen bloqueados durante semanas. No es humanamente aceptable», precisa Céline Schmitt.
En julio de 2019, con el caso del Sea Watch 3 en portada de todos los medios de comunicación (finalmente, el xenófobo Salvini no consiguió meter en la cárcel a la capitana Rackete como era su deseo), los ministros del Interior de una quincena de estados de la UE se reunieron en Helsinki y París, intentando crear un «mecanismo de solidaridad» para ofrecer a los migrantes una solución más rápida. La propuesta, que no prosperó por la negativa a aceptarla de Italia y Malta, consistía en hacer una «coalición de voluntarios», de gobiernos que se comprometían a repartirse sistemáticamente y sin negociaciones las personas recogidas por los barcos humanitarios, mientras que, en contrapartida, Italia y Malta tenían que comprometerse a abrir sus puertos para que pudieran desembarcar. Con las vacaciones por delante, los ministros se citaron de nuevo en septiembre.
Curándose en salud, y no vaya a ser que en septiembre le cojan con las defensas bajas (o, quien sabe, ojalá ya no sea ministro, aunque no parece probable), Matteo Salvini, quien lidera el partido ultraderechista La Liga, el lunes 5 de agosto consiguió que el Senado italiano adoptara una ley que permite al ministro del Interior (o sea, él), «limitar o prohibir la entrada de barcos de salvamento de migrantes en las aguas territoriales italianas si considera que no se respetan las reglas de control de la inmigración».
Mientras tanto ha estallado la coalición de gobierno entre La Liga y el Movimento 5 Estrellas (M5S), que se autodefine como «libre asociación de ciudadanos» y es ecologista y euroescéptico, partidario de la democracia directa y lucha contra la corrupción.
Salvini ha presentado una moción de censura contra el Presidente del Consejo, el independiente Giuseppe Conte, a la que se han opuesto el resto de partidos del Parlamento; lo mismo que la ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, y el titular de Transportes, Danilo Toninelli, ambos del M5S, se han negado a estampar su firma, preceptiva para la entrada en vigor del nuevo decreto con el que, el 15 de agosto -el «ferragosto», la festividad más celebrada en toda Italia, cuando el país entero se paraliza-, el jefe de la Liga quería prohibir el atraque del Open Arms, invocando el «deber humanitario» de -en el colmo del cinismo y con parecidos argumentos a los que en España esgrime la ultraderecha del tripartito que está haciéndose con algunos gobiernos, entre ellos el de la Comunidad de Madrid- negarse a «colaborar con los traficantes de personas».
